Bolivia: Morales acaba con la presunción de inocencia

Evo acusa a los opositores de traición a la patria

Análisis:
La Razón
El derecho a la disidencia

Las Claves:

• El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana: "Ésta es una medida preventiva; responde, en esencia, a la preservación de la unidad de la patria".
• Oscar Ortiz (opositor): "no se puede castigar a sola sospecha y antes que haya un proceso".
• "El fiscal, a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse la sentencia, solicitará al juez la incautación de bienes sujetos a confiscación".

Infolatam
La Paz, 22 de mayo de 2009

El presidente Evo Morales aprobó un decreto que permite a los fiscales y los jueces incautar bienes de personas vinculadas con terrorismo, separatismo y delitos contra el Estado antes incluso de que los sospechosos sean juzgados. La oposición tacha la norma de terrorismo de Estado.

Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 0138, que autoriza a la Fiscalía a solicitar la confiscación de bienes, valores y dinero de los sospechosos de conductas y delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo. La norma se aplicará a quienes estén relacionados con el grupo terrorista de Eduardo Rózsa, que presuntamente preparaba un atentado en Bolivia.

"Si encontramos a empresarios financiando actividades separatistas deben ser castigados, esperamos que ninguna persona apoye acciones separatistas", dijo el presidente Morales. El Presidente defendió el proyecto apoyándose en que "no es posible que algunos jueces y fiscales puedan perdonar a la gente que quería dividir Bolivia...la unidad del país no se debate, por eso emitimos este decreto".

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, explicó que "ésta es una medida preventiva; responde, en esencia, a la preservación de la unidad de la patria. Cualquier actividad, cualquier hecho que intente socavar los cimientos de la unidad de la patria, va a ser sometido, juzgado, condenado y procesado al amparo de la ley".

La norma propicia que no sea necesario que concluya un juicio para aplicar estas sanciones ya que el fiscal, "a tiempo de iniciar la etapa de investigación o en su desarrollo, hasta antes de dictarse sentencia...solicitará...la incautación de bienes".

El decreto, además de incautar bienes, autoriza a la Fiscalía tramitar ante el juez la retención de fondos de aquellas personas vinculadas con los casos, independientemente de si este dinero haya sido o no utilizado en los delitos o conductas sancionadas: "Los bienes incautados, incluidos recursos financieros y valores, preferentemente se destinarán a programas de seguridad ciudadana".

El senador opositor Óscar Ortiz dijo que el decreto es una forma de "terrorismo de Estado" y el inicio de "una época de oscurantismo en derecho... (el Gobierno) está ingresando en un oscurantismo en materia de derecho y en un terrorismo de Estado para atemorizar a la gente para que nadie se pueda animar a hacerle oposición".

La norma ve la luz un mes después de que el Gobierno denunciara que empresarios de Santa Cruz apoyaron la supuesta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz y de la que formaban parte el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpád Magyarosi.

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