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La Paz, 8 de febrero de 2008
Los prefectos regionales opositores dieron anoche un ultimatum a Evo Morales: le exigen que en seis días acepte sus demandas o impulsarán medidas de presión y un referedum para destituir como presidente. El Gobierno tiene hasta el 13 de febrero para responder a las demandas regionales entre las que sobresale la de que se anule por "ilegal" el nuevo proyecto de Constitución.
Ésa fue la esolución aprobada esta pasada madrugada en Sucre por el Consejo Nacional Democrático (Conalde), un foro integrado por gobernadores y autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca que el Gobierno de Evo Morales no reconoce como interlocutor oficial. Asistieron al Conalde y firmaron la "Resolución de Chuquisaca por la Democracia y la Unidad de la Patria", los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), Leopoldo Fernández (Pando) y Johnny Ferrel, prefecto interino de Cochabamba.
La Conalde exige que el gobierno dé respuesta en 6 días a sus propuestas: que la sede de los poderes sea consultada en un referéndum nacional, que la Asamblea Constituyente ‘retorne a la legalidad' y para ello debe ser retomada desde antes de la resolución del 15 de agosto, que quitó la capitalidad de la agenda de debates. Rechazo al recorte de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para los gobiernos locales y apoyo a todos los procesos de consultas sobre autonomía que se tramitan en los seis departamentos.
Según el Consejo, todo el proceso debe volver a la situación en que se encontraba el 15 de agosto pasado, cuando la Asamblea Constituyente aprobó eliminar de la agenda de debate la demanda de Sucre de ser la capital plena y no sólo de derecho del país.
En ese sentido, el Conalde pide que la sede de los poderes del Estado sea definida en un referendo nacional y respalda la iniciativa de los líderes de Chuquisaca de promover una consulta al respecto. Esta reivindicación introduce una novedad en la agenda del "diálogo nacional", que hasta ahora se había centrado en la nueva Constitución, en los procesos autonómicos de varios departamentos y en el recorte de los ingresos petroleros de las regiones para financiar una ayuda directa a los mayores de 60 años.
La disputa por la capitalidad entre Sucre y La Paz fue el mayor conflicto que afrontó la Asamblea Constituyente el año pasado y provocó violentos disturbios que causaron tres muertos y cerca de 300 heridos. En Sucre, capital constitucional de Bolivia, reside sólo el poder Judicial, mientras que en La Paz se encuentran el Ejecutivo y Legislativo desde la guerra civil librada en 1899.
El Conalde también pide que el Gobierno convoque a las elecciones del nuevo prefecto de Chuquisaca hasta el 17 de marzo próximo, dado que el titular, el oficialista David Sánchez, renunció a fines del año pasado y pidió asilo en Perú, tras los conflictos en su región.
El foro de los regionalistas opositores ratificó además su rechazo al recorte del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) en sus presupuestos, una medida decidida por Morales para financiar la conocida como "Renta Dignidad" que ha empezado a abonarse a principios de febrero. Los procesos autonomistas de las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando también fueron respaldados por el Conalde, así como las iniciativas para convocar a referendos autonómicos surgidas en ese sentido en Cochabamba y Chuquisaca.
Al respecto, los opositores exigieron al Gobierno "que cese su injerencia sobre la Corte Nacional Electoral" para que "no obstruya" a las cortes departamentales en la organización de esos procesos. Los miembros del Conalde no aclararon si hoy asistirán a la reunión técnica convocada por el Gobierno para continuar con el diálogo, en el que previsiblemente sí participarán delegados de las prefecturas oficialistas de Oruro y Potosí.
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