Bolivia: la Asamblea Constituyente en entredicho

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René A. Mayorga, analista politico de reconocido prestigio, nueva firma de Infolatam.

Infolatam
La Paz, 16 de agosto 2007

René Antonio Mayorga, investigador del Wodrow Wilson Center hasta mayo de 2007, Sub Director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) , Dr. phil. con especialidad en ciencias políticas y metodología por la Universidad Libre de Berlín, experto en la problemática institucional de la democracia y el Estado, así como en problemas metodológicos en las ciencias sociales se incorpora hoy al equipo de analistas de Infolatam formado por más de cincuenta de las mejores firmas de América Latina.

(Especial para Infolatam) .- "...El gobierno de Evo Morales impulsó la asamblea constituyente (AC) como mecanismo fundamental de una "revolución democrática y cultural" destinada a "refundar" el Estado. Sin embargo, y como era previsible, la AC se convirtió rapidamente en un escenario de confrontación y desvarío ideológico que la ha puesto al borde del colapso".

Desde su inauguración en agosto de 2006, la AC demostró que, en lugar de alternativa de solución, fue una derivación casi inevitable de la crisis de Estado que enfrenta el país, una histórica crisis de gobernabilidad y legitimidad originada en la polarizacion ideológico-politica y el empate catastrófico entre fuerzas políticas y sociales con intereses y visiones antagónicas.

La AC no logró reformar un sólo artículo de la constitución quedando, por supuesto, lejos de la meta de reforma total ansiada por el gobierno. Durante ocho meses estuvo atrapada en un enfrentamiento por las reglas para la toma de decisiones. El principal responsable de esta situación fue el gobierno del MAS porque quiso imponer autoritariamente una visión etnicista y estatista de la reforma constitucional. Un diktat' estableció el principio de mayoría absoluta y el carácter "originario" y "plenipotenciario" de la AC, excluyendo completamente a la oposición, y sin que el MAS hubiera definido previamente su propuesta concreta de reforma constitucional que el país pudo conocer recién en estos días.

El gobierno quebró el principio ratificado en la ley de convocatoria de que la reforma constitucional debía ser aprobada en sus diversas fases por 2/3 de votos de sus miembros presentes; para imponer sus ideas lanzó contra la oposición a los "movimientos sociales" como grupos de asedio y presión; no quiso reconocer el referendum por las autonomías departamentales de julio de 2006, y empleó su mayoría en varias comisiones para imponer sus propuestas sin deliberacion rompiendo los reglamentos de la AC. Pero la estrategia del MAS naufragó.

Una notable movilizacion en diciembre de 2006 de cuatro regiones del oriente y sur del pais -las regiones de los más importantes recursos económicos- condujo a la creación de la Junta Autonómica Nacional para defender el reconocimiento constitucional de la autonomía departamental y la inclusión de la oposición, y obligó al gobierno a aceptar en enero de 2007, aunque de manera limitada, la regla de los 2/3 afirmando que el MAS buscaría acuerdos para la reforma constitucional. Sin embargo, como demuestra el trabajo de las 21 comisiones de la AC -en un contexto carente de discusión y deliberación-, los proyectos del MAS y la oposición no reflejaron ningún acercamiento en cuestiones sustanciales y la AC terminó reproduciendo la polarización y el bloqueo político en una dinamica perversa de juego suma cero.

Ante el evidente fracaso de la AC, el congreso tomó hace unos días la iniciativa de prolongar su existencia hasta mediados de diciembre mediante un acuerdo entre representantes del partido gubernamental y la oposición, acuerdo que tuvo la virtud de liquidar definitivamente el carácter "originario y plenipotenciario" que el gobierno quizo atribuir a la AC. De hecho, la AC, sometida a la intromisión y presión del gobierno, de organizaciones sociales y regionales, y de ONGs, nunca alzo vuelo afirmando su autonomía de acción en el convulsionado escenario de la política boliviana.

La resolución congresal, que muchos han aplaudido como presagio de algún pacto de mayor alcance, salva aparentemente a la AC, pero -en vista de sus problemas, su patente incompetencia y nulos resultados- se trata más bien de un último intento de dilatar su agonía buscando una salomónica solución por la vía de someter a referendums separados el proyecto de constitución de la mayoría gubernamental y los artículos en disenso, con lo cual la AC confirmaría su incapacidad para aprobar una reforma por consenso, pero sobre todo el cálculo político del MAS por imponer su proyecto de constitución por la vía del referendum erosionando así completamente la relevancia del principio constitucional de aprobación de la reforma por dos tercios de votos. Por cierto, estaban en juego toda la estrategia política del gobierno de Evo Morales y el rol de de los partidos de oposición en un escenario en el que ambos parecen estar condenados a algún tipo de acuerdo a fin de evitar el definitivo fracaso de la AC y una solución violenta del impasse político.

El hecho indudable es que la AC, que no se perfiló nunca como escenario real de concertación, solo podría ser rescatada por un pacto político al margen de ella. Pero el acuerdo congresal no implica precisamente la construcción de un consenso mínimo que pueda resolver los problemas de fondo planteados en la AC que la han colocado al borde del abismo. Estos problemas han sido básicamente las ideas incompatibles sobre la reorganización del Estado y la economía que han provocado un choque que se ha hecho más virulento por el objetivo del MAS de lograr, al mejor estilo chavista, una reforma que le permita a Evo Morales la reelección indefinida.

Mientras el MAS propugna un Estado plurinacional comunitario indigenista con un esquema inviable de autonomías indígenas con el mismo rango de competencias que las autonomías departamentales, la oposición adhiere a conservar las líneas maestras del Estado liberal representativo ampliado a una mayor participacion indigena en los ámbitos departamental y municipal. Por otra parte, el MAS aspira a una economía social comunitaria bajo control estatal de los recursos naturales en contraste con el modelo de economia ‘pluralista' planteado por la oposición.

Agravada casi letalmente por otro obstáculo imprevisto -la pugna para hacer de Sucre la capital plena del pais-, la agonía de la AC procede de la estrategia autoritaria del MAS, basada en el grave desacierto de confundir su triunfo electoral por mayoría absoluta en diciembre de 2005 con la conquista de la hegemonía política sobre el conjunto del pais; un desacierto de mayor monta al fracasar el MAS en su pretensión de lograr los 2/3 de bancas o una mayoría más abrumadora aún en la AC. El MAS no sólo no ha conseguido la hegemonía, sino que con su estrategia populista de confrontación ha agudizado la polarización provocando el efecto contrario de fomentar la reacción y reorganización política de movimientos regionales y gobiernos prefecturales que no responden a su línea política.

Aparte de estos factores politicos, hay que destacar dos causas institucionales. La representación de naturaleza localista en la AC, efecto del sistema electoral mayoritario utilizado, llevó al mandato imperativo sujetando la representación a intereses locales y sectoriales ; y una masiva ampliación de la participación se produjo en desmedro de la capacidad y competencia profesional para reformar la constitución -una gran parte de los constituyentes no sabían ni saben todavía qué es una constitución ni cuáles pueden ser los alcances y límites de una reforma constitucional.

Es por esto que se le atribuye a la AC y a una eventual nueva constitución casi poderes mágicos y sobre todo la función de proteger intereses corporativos y sectoriales. Desde policías, cooperativistas mineros, sindicatos campesinos hasta la asociación de payasos demandaron ser incorporados a la constitución. Como otras experiencias en América Latina, la AC pecó por el exceso de querer incluir en la reforma constitucional demandas, objetivos y aspiraciones sociales que no corresponden a la naturaleza de una constitucion moderna. La AC ha confundido la misión de revisar los procedimientos constitucionales para regular el ejercicio del poder con la definición de políticas públicas y un decalogo éico de las culturas indígenas.

El acuerdo congresal para prolongar la AC alarga simplemente su parálisis y difiere el momento político para superar la desgastante "guerra de posiciones" en la que han estado enfrascados el gobierno del MAS y la oposición política y regional. Sólo un pacto político de largo aliento podría desbloquear el empate catastrófico, pero aquel depende de muchos factores imponderables que no están bajo el control del gobierno ni de la oposición; entre ellos está particularmente que el MAS tenga la capacidad de acuerdos contra su propia ala radical y la avalancha de demandas indigenistas y radicales que el mismo exacerbara, y además la disposición para restablecer la tan denostada democracia pactada renunciando a su utópico prograna maximalista.

Lo que está claro es que el gobierno de Evo Morales no tiene posiblidades ni para construir una sólida hegemonía política ni para imponer su estrategia indigenista radical de refundar el Estado boliviano. Esta situación entraña, por cierto, una suprema ironía: tras desechar arrogantemente el ejercicio de la política democrática centrado en acuerdos y pactos, el gobierno, obligado por las circunstancias, parece ahora dispuesto a concertar, pero hacer esto implicaría abandonar su objetivo de emprender una revolución que, por lo demás, en ninguna parte del mundo se hizo por la vía democrática.

El gobierno quebró el principio ratificado en la ley de convocatoria de que la reforma constitucional debía ser aprobada en sus diversas fases por 2/3 de votos de sus miembros presentes.
Lo que está claro es que el gobierno de Evo Morales no tiene posiblidades ni para construir una sólida hegemonía política ni para imponer su estrategia indigenista radical de refundar el Estado boliviano.
El MAS aspira a una economía social comunitaria bajo control estatal de los recursos naturales en contraste con el modelo de economia ?pluralista' planteado por la oposición.