La Iglesica Católica ha convocado a los prefectos para una reunión que se celebrará este lunes en la ciudad de Cochabamba.
Infolatam
La Paz, 7 de abril de 2008
El Gobierno de Evo Morales anunció que denunciará ante los tribunales a los líderes opositores de la región boliviana de Santa Cruz que organizan un referendo autonomista para el próximo 4 de mayo y después emitirán varias normas y decretos regionales.
"Ni siquiera es algo que podamos optar. Estamos en la obligación de instaurar procesos legales correspondientes a aquellos que han realizado, fomentado y convocado a actos ilegales", dijo el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, a la radio estatal Patria Nueva. Según Rada, si bien el Ejecutivo "no quisiera" llegar a los juicios contra las autoridades cruceñas, no le queda alternativa porque esa consulta autonomista tiene "vicios de ilegalidad".
El presidente Morales remarcó el sábado, durante una reunión con sus bases cocaleras, que los estatutos autonómicos de Santa Cruz que se someterán a la consulta "son una verdadera sedición" y pidió la intervención de la justicia para defender "la unidad del país".
Los líderes cruceños, encabezados por su prefecto (gobernador) Rubén Costas, han defendido la legalidad del referéndum y están decididos a realizarlo el 4 de mayo, pese a que fue desautorizado por el Gobierno, el Congreso y la Corte Nacional Electoral. Además de Santa Cruz, en el mismo proceso están las regiones de Beni, Pando y Tarija, con consultas programadas para junio, y que tienen el apoyo de dirigentes opositores de Cochabamba y Chuquisaca.
El ministro de Gobierno también abogó porque esas autoridades acepten un proceso de diálogo con el Ejecutivo con la mediación de la Iglesia Católica, que ha convocado a los prefectos para una reunión que se celebrará este lunes en la ciudad de Cochabamba.
El canciller brasileño, Celso Amorim, concluyó el domingo su visita a Bolivia, donde se reunió con el Ejecutivo y la oposición, al igual que hicieron la semana pasada su homólogo argentino, Jorge Taiana, y el vicecanciller colombiano, Camilo Reyes.
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