Bolivia: Gobierno acepta debatir incautación de bienes a "secesionistas y terroristas"

La legalidad del decreto de Evo Morales es fuertemente cuestionada.

Análisis:
La Razón
El derecho a la disidencia

Las Claves:

• El Decreto señala que todas las actividades que atenten contra la unidad y la integridad de Bolivia deben ser condenadas con máximas sanciones como una traición a la patria.
  
• La oposición de Santa Cruz teme que la medida sea ocupada por el gobierno en contra del movimiento autonomista.
• La legalidad del decreto para confiscar bienes a "separatistas" es fuertemente cuestionada.

Infolatam
La Paz, 21 de mayo de 2009

El Gobierno de Evo Morales aceptó debatir con los empresarios privados de Bolivia el decreto que permitirá incautar bienes de ciudadanos, empresas y organizaciones civiles, incluidos medios de comunicación, que sean formalmente imputados, aunque no necesariamente condenados, por financiar grupos terroristas y secesionistas.

El portavoz presidencial, Iván Canelas afirmó en una conferencia de prensa que el Gobierno acepta ir a "un debate en torno a la unidad nacional y en contra del separatismo y del terrorismo".

El Gobierno de Morales aprobó ayer un decreto supremo que permite incautar el patrimonio de los implicados directa o indirectamente en casos de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la unidad del país.

La norma suscitó las críticas de sectores de la oposición y de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, propuso al Gobierno un "debate de ideas" y la creación de una ley para establecer en qué situaciones el Estado puede proceder a esas confiscaciones.

Sobre este planteamiento, el vocero presidencial sugirió que el debate sea público, en "cualquier escenario y de cara al pueblo".

Por su parte, líderes opositores de Santa Cruz calificaron la disposición como una "barbaridad que busca instaurar un terrorismo de estado".

El Presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, afirmó que el objetivo del gobierno es "amedrentar para que nadie haga oposición. El Ejecutivo no tiene atribuciones para fijar penas y no se puede castigar a sola sospecha y antes que haya un proceso".

Canelas añadió que "el que nada tiene, nada teme", al mencionar que la "justicia boliviana" y la Fiscalía, pero no el Gobierno, serán las que determinarán la culpabilidad de las personas que tengan vinculación con el terrorismo.

El pasado 16 de abril, la Policía boliviana desarticuló una presunta banda terrorista internacional, que según el Gobierno pretendía asesinar al presidente Morales y organizar milicias para promover la separación de la región oriental de Santa Cruz.

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