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La Paz, 12 de noviembre de 2008
Evo Morales ha roto la tregua política que vivía Bolivia con sus ataques al poder judicial y a la oposición a la que calificó como "genocida". La oposición se queja de la decisión de Morales de mantener el estado de sitio en Pando y del proceso que impulsa contra las autoridades judiciales que emiten fallos contrarios a los deseos del ejecutivo.
Evo Morales, refiriéndose a la oposición aseguró que "buscando la unidad del pueblo boliviano tuve que sentarme con sediciosos, grupos de sediciosos del oriente boliviano...Tuve que sentarme con genocidas y subversivos, todo para garantizar una transformación profunda y donde también garantizamos autonomías para los pueblos y no sólo para las logias".
Estas palabras junto con la decisión del gobierno de Morales de mantener el estado de sitio en Pando y apoyar los procesos contra las autoridades judiciales que emiten fallos que no son del agrado del Ejecutivo, han roto la tregua política que vivía el país desde hace tres semanas. El vicepresidente Álvaro García Linera respondió que la medida de excepción continuará mientras el Gobierno la considere necesaria. "Mantendremos el estado de sitio en cuanto sea necesario para garantizar la paz y la tranquilidad entre los pandinos".
La oposición señala que Evo Morales se encamina hacia un golpe de Estado judicial. La Comisión de Constitución de Diputados, controlada por el MAS y sin la presencia de la oposición, inició procesos contra los ministros José Luis Baptista y Ángel Irusta, y el fiscal general, Mario Uribe, por supuesto uso indebido de influencias en el caso del suspendido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Además, la oposición se queja de que el gobierno y su partido el MAS, están diseñando la transición sin contar con ellos. El subjefe de bancada del MAS en Diputados, Jorge Silva, anunció que prescindirán de la oposición en la etapa de redacción de las primeras normas del futuro marco político-institucional, por considerar que esta labor es, básicamente, atribución del Poder Ejecutivo y del oficialismo.
García Linera dijo del Poder Judicial que era un sistema mayoritariamente corrupto y reiteró que el Gobierno mantiene su posición de profundizar el cambio, porque es lo último que queda de las chicanas, la componenda, los acuerdos y las transacciones políticas del viejo Estado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Walter Fernández, advirtió de que las denuncias en su contra y contra los miembros del Poder Judicial, vertidas desde el Ejecutivo, deben ser comprobadas de lo contrario amenazó con instaurar un juicio por calumnias y denuncia falsa contra quienes hicieron esas declaraciones.
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