Bolivia: el prefecto de Pando es encarcelado en La Paz como medida cautelar

El prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, llegando para declarar en un juzgado de La Paz.

Las Claves:

• La Fiscalía General acusa a Fernández de genocidio por lo que se enfrentará a una posible pena de 30 años de cárcel.

Infolatam
La Paz, 19 de septiembre de 2008

La audiencia celebrada para adoptar medidas cautelares contra el prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, resolvió su encarcelamiento preventivo en un penal de la ciudad de La Paz, al considerar que existe riesgo de fuga y de que pueda obstaculizar la investigación a la que está siendo sometido.

El prefecto fue detenido el martes pasado por violar el estado de sitio que decretó en su región el Ejecutivo de Evo Morales, después de los violentos disturbios en los que, según el Gobierno, murieron al menos 17 personas y hay más de 100 desaparecidos.

En horas de la mañana, la Corte Superior de Justicia de La Paz desestimó un recurso de "habeas corpus" presentado por el prefecto, quien había solicitado su liberación por considerar que su detención se produjo de forma ilegal.

La Fiscalía General abrió contra Fernández un proceso por genocidio en el que se enfrentará a una posible pena de 30 años de cárcel por ser el presunto responsable de lo que el Gobierno considera una "masacre" de campesinos.

Además, un fiscal de La Paz formuló el miércoles pasado una acusación por "asesinato y lesiones graves", lo que se suma a una querella presentada por las familias de dos de las víctimas de los choques violentos de la semana pasada.

La defensa del prefecto estima que, por su condición de prefecto, Fernández solo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en Sucre, ciudad de mayoría opositora.

La audiencia en la que se decretó en encarcelamiento preventivo Fernández se celebró en las instalaciones de la Academia Nacional del Policía, en la zona sur de La Paz, donde unas cien personas se manifestaron contra el prefecto.

Allí, algunos familiares de algunas de las víctimas y activistas afines al Gobierno de Evo Morales pedían, en declaraciones a los medios, que el gobernador pandino fuera sentenciado a "cadena perpetua" o sometido a "justicia comunitaria".

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