Política      

Bolivia: El Oriente no acatará la nueva Constitución de Morales


El prefecto de Santa Cruz, Costas, junto al de El Beni, Fernandez, anunciaron "desbediencia constitucional" contra Evo Morales.



Las claves:
  • Evo Morales prometió déficit cero para este año.

Infolatam/Efe
La Paz, 4 de octubre de 2006


La reforma constitucional que quiere imponer Evo Morales no será aceptada por cuatro de las regiones del Oriente boliviano. Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando anunciaron un referéndum para hacer otra Constitución.

Representantes de las regiones del Oriente boliviano, todos opositores al Gobierno, ratificaron su rechazo al plan del presidente Evo Morales de convertir a la Constituyente en "originaria, plenipotenciaria y fundacional", es decir, superior al resto de poderes del Estado. Esa característica está definida en el artículo 1 del Reglamento de Debates de la Asamblea, aprobado por la mayoría que respalda a Morales.

El Gobierno aceptó que la futura Constitución sea resultado de una fórmula combinada, de mayoría absoluta (137 votos) y dos tercios, y los casos que no alcancen consenso sean definidos en un referéndum. La "media luna", como son conocidas las provincias del Oriente, sin embargo, acordó apelar al Tribunal Constitucional e impulsar una consulta popular en cada departamento para tomar la decisión final.

El documento de esta regiones sostiene que el país "mira con profunda preocupación el curso que toma la Asamblea Constituyente", porque se ignoran la ley de convocatoria al foro, el marco constitucional y los pactos previos. Al cuestionar el "persistente afán de imponer una nueva Constitución con visión parcial, que no es compartida por el conjunto nacional", el pronunciamiento convocó a las demás instituciones a "fijar posturas claras en un momento en que la patria está en riesgo".

"En caso de persistir la falta de respeto a la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y de aprobarse una reforma constitucional al margen de ella, expresamos nuestra decisión de no acatar el texto de la nueva Constitución Política del Estado", puntualiza. También anuncia que considerarán declararse "departamentos autónomos", tal como lo aprobaron sus respectivas poblaciones en el referéndum del 2 de julio pasado, "en caso de que esta aspiración histórica (...) sea burlada en la Asamblea Constituyente".

Los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija constituyen en conjunto dos tercios del territorio boliviano y, además de sumar el 42 por ciento del PIB, tienen el 85 por ciento de las reservas de hidrocarburos. Los dirigentes políticos, civiles y municipales de esa región, asimismo, reafirmaron su decisión de defender el mandato de que la reforma constitucional debe ser aprobada por dos tercios (170) de los 255 asambleístas, donde el gobierno tiene algo más de 150 votos.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fijó como posición regional la realización de un referéndum a través del cual la población diga si quiere o no ser parte del nuevo Estado que se está gestando desde la Constituyente.

Por su parte, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, apoyó la posición de no acatar la nueva Constitución y de organizar una consulta para saber quiénes desean formar parte del nuevo Estado.

Para el prefecto de Tarija, Mario Cossío, la única posibilidad de generar un contrapeso al poder del partido del Gobierno es la unión de estos cuatro departamentos y apoyó la decisión de mandar un mensaje de desacato a la nueva Constitución además de "declararnos departamentos autónomos, en virtud al apoyo recibido de la población en el referéndum autonómico".

Asimismo, el MAS ha anunciado que la vigencia de los tres poderes del Estado está garantizada sólo hasta que entre en vigencia la nueva Constitución. Después, los poderes podrán ser revocados ya que, al ser originaria la Constituyente, los asambleístas pueden decidir sin limitaciones los cambios en la estructura de poderes y el momento de su aplicación.

Hoy en Sucre, el MAS y sus aliados de los sectores sociales comenzarán a redactar el proyecto de nueva Constitución Política del Estado que rechazan las provincias de Oriente.

 
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