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La Paz, 30 de agosto de 2007
Los comités cívicos que encabezaron el paro de 24 horas del martes en Bolivia se reúnen hoy para decidir cuáles van a ser sus próximos pasos para obligar al gobierno de Evo Morales a rectificar la decisión de destituir a 4 jueces del Tribunal Constitucional y no estudiar el pedido de Sucre sobre el cambio de capital.
Para el Gobierno de Evo Morales el paro del martes sólo fue parcial y para la oposición representó un gran éxito. El paro cívico afectó a seis de los nueve departamentos del país. Los dirigentes cívicos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Tarija y Santa Cruz anunciaron para hoy una reunión en Sucre para evaluar los resultados y analizar las futuras acciones para que el debate sobre la capitalidad ingrese al plenario de la Asamblea Constituyente y que el Congreso anule la decisión de la bancada de diputados del MAS de iniciar un juicio de responsabilidades contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional que fueron acusados por el Gobierno de incurrir en prevaricato.
El Ejecutivo propuso un diálogo sobre la capitalidad sólo entre los representantes de Chuquisaca y La Paz, a fin de retirar del escenario a los otros cuatro departamentos que secundaron la huelga. Para redefinir las nuevas medidas, el titular del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, pidió a los chuquisaqueños que levanten la huelga de hambre que ejecutan desde hace dos semanas, hasta que se cumpla la reunión.
El vicepresidente Álvaro García Linera recomendó a los movimientos sociales "defender los procesos de cambio y al Gobierno. Aquí en el trópico, como en el altiplano, hemos avanzado; esta lucha es de los movimientos sociales; esta lucha es de las movilizaciones sociales, ahora nuevamente tienen que salir a defender este proceso de cambio".
Tras este conflcito al gobierno le espera uno nuevo: la Asociación de Magistrados de Bolivia, que agrupa a 900 jueces y vocales de las cortes judiciales, ratificó ayer que hará una huelga mañana y viernes "en defensa de las instituciones democráticas del país". El juicio a los magistrados del TC por supuesta prevaricación fue aprobado por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, en ausencia de la oposición, acusados de violar la ley al ordenar el cese de cuatro miembros de la Corte Suprema designados por Morales. La oposición ha denunciado que el gobernante impulsa el juicio para eliminar el control constitucional sobre las reformas que aplica en el país.
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