Bolivia: baja la calificación del país por Standard&Poors

La agencia Standard&Poors baja la calificación de Bolivia por los riesgos políticos del gobierno de Morales.

Asociated Press
La Paz, 25 de diciembre 2006

El panorama crediticio de Bolivia en el largo plazo "sigue siendo negativo" debido a la fragilidad de la situación política del país, dijo ayer la calificadora de riesgo Standard and Poor's (S&P).

El nuevo informe de la calificadora de riesgo ratifica varios anteriores. El primero fue emitido en febrero de 2003, después del enfrentamiento entre policías y militares; el segundo se produjo en octubre de ese año, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fue obligado a renunciar a la presidencia. Los posteriores informes se mantuvieron inalterables.

Las calificaciones de agencias como Standard & Poor's son uno de los indicadores más fiables para las entidades financieras y de inversiones que buscan determinar, antes de prestar o invertir su dinero, cuáles son las probabilidades de recuperar esos recursos.

En ese contexto, S&P indicó ayer que ha afirmado su calificación de B- para los papeles de deuda boliviana de largo plazo y C para los de corto plazo.

Sebastian Briozzo, de S&P, dijo que a pesar de recientes mejoras en la mayoría de indicadores del país, el "rating" boliviano internacional "continúa estando severamente constreñido por una situación política débil". "La creciente polarización política, aun en el contexto de buenos indicadores económicos, subraya la dimensión de los retos", dijo.

Indicó que el gobierno del presidente Evo Morales tiene frente a sí "un ambiente político frágil dentro de un contexto cada vez menos favorable de precios de las materias primas". Según Briozzo, la elección de Morales por una amplia mayoría presentó al país una nueva oportunidad de superar su inestabilidad política reciente, "pero los factores dominantes del debate político actual están exacerbando las divisiones en el país en vez de contribuir a su estabilización".

Señaló entre esos factores los reclamos de mayor autonomía de algunas regiones, el debate sobre la relevancia que debe tener la Constituyente en la reconstrucción institucional del país, las posibilidades de reforma agraria y la nacionalización de los hidrocarburos. S&P hace notar que la economía del país tiene todavía un buen rendimiento, aunque continuaba altamente dependiente de los precios del petróleo y metales.

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