El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni.

Política

Bolivia: a diez días de la consulta, Corte electoral quiere modificar la ley del revocatorio

El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni.

Las Claves:

Lo que preocupa a los órganos electorales es cómo será interpretado en la consulta del 10 de agosto.
La CNE asegura que sigue vigente la ley que convoca el referendo y que no se altera el calendario electoral.

Infolatam
La Paz, 1 de agosto de 2008

La Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia busca conciliar con sus filiales regionales una postura común para proponer al Congreso la modificación de la ley del referendo revocatorio, informó su presidente, José Luis Exeni.

"Voy a hacer una propuesta a las cortes departamentales para que asumamos una posición unitaria", anunció Exeni durante una pausa de su reunión en La Paz con representantes de siete de los nueve órganos electorales regionales.

Según Exeni, lo que preocupa a los órganos electorales es cómo será interpretado en la consulta del 10 de agosto "el tema de los resultados y de los porcentajes de votación para que una autoridad sea revocada".

A la cita, al igual que el miércoles, no asistió la delegación de la Corte de Santa Cruz, que se opone al revocatorio, ni la de Potosí por conflictos sociales en la región, aunque ésta última manifestó que está dispuesta a seguir adelante con la consulta.

Según medios locales, los órganos electorales pretenden proponer al Congreso una ley interpretativa sobre las atribuciones de la CNE con respecto a los resultados y otra que llaman "complementaria" para modificar los porcentajes que se usarán para la revocación.

Lo que sí aseguró Exeni fue que "en tanto esté vigente la ley que convoca el referendo, tanto la Corte Nacional como las cortes departamentales prosiguen con la administración de este referéndum". "No se altera el calendario electoral, la votación está definida para el 10 de agosto", agregó.

El Gobierno de Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), se han opuesto tajantemente a aceptar cualquier modificación en la normativa y han amenazado con juicios penales y civiles a los vocales electorales que rechacen la consulta.

Además, el Ejecutivo ha demandado por prevaricación a la magistrada Silvia Salame, la única en funciones en el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspender el referendo.