El ministro Julio de Vido junto a los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, en el momento del traspaso de la compañía.

Política Economía y finanzas

Argentina: oposición se querella contra Marsans y funcionarios por Aerolíneas

El ministro Julio de Vido junto a los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, en el momento del traspaso de la compañía.

Las claves:

Unión Cívica Radical rubricó la denuncia penal que este miércoles presentarán formalmente contra Marsans y funcionarios argentinos.
Los radicales piden que se investiguen al gobierno argentino por haber impugnado "por falsos" los balances de Aerolíneas de 2002, 2003 y 2004 y aprobarlos en 2006.

Infolatam
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008

La oposición anunció que llevará el caso de Aerolíneas Argentinas, recientemente traspasada al Gobierno argentino, al terreno judicial, donde promete hacer estallar una "caja de pandora" que contiene los secretos que llevaron a la línea de bandera al borde de la quiebra.

Los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) rubricaron la denuncia penal que este miércoles presentarán formalmente contra el grupo español Marsans y funcionarios del gobierno argentino. La querella reparte acusaciones contra Aircomet (Marsans) por supuesta "administración fraudulenta" y "vaciamiento" de Aerolíneas y contra el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, por presunto "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, defraudación y malversación de caudales públicos".

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, advirtió que la denuncia podría tener más implicados si el juez a quien se adjudique el caso por sorteo extiende "también la responsabilidad a funcionarios de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España". Para los radicales, la punta del ovillo para desentrañar cómo la línea de bandera argentina llegó a una situación límite -crisis que motivó la intervención del gobierno hace un mes- está en los fondos por 758 millones de dólares que la SEPI entregó a Marsans en 2001, cuando transfirió la titularidad de Aerolíneas al grupo privado español.

Morales dijo que 300 millones de dólares debían destinarse a la cancelación de deudas de Aerolíneas, "pero en lugar de saldar pasivos con ese dinero, Aircomet compró créditos para actuar en el concurso (de acreedores de Aerolíneas) como deudor y acreedor en perjuicio de la masa de acreedores". Además, Marsans contabilizó como capitalización propia otros 114 millones de dólares de los fondos de la SEPI, afirmó Morales, quien indicó que estos hechos son investigados por la jueza española Gema Gallego, del juzgado 35 de Madrid.

Gallego debe decir aún si eleva a juicio oral la causa contra Marsans por supuesto "desvío de fondos públicos" y "delito de evasión impositiva". Otros 210 millones del dinero girado por la SEPI eran para pasivos contingentes, y 248 más para un plan de inversiones -la compra de 23 aeronaves, entre otros compromisos-, del cual "sólo se ejecutó el 11 por ciento", indicó.

Los radicales piden además que se investiguen las responsabilidades del gobierno argentino por haber impugnado "por falsos" los balances de Aerolíneas de 2002, 2003 y 2004, para aprobarlos, a mediados de 2006, tras acordar con Marsans incrementar al 5 por ciento la participación del Estado en la compañía. De acuerdo a la denuncia, los balances eran "falsos" porque "expresaban el manejo delictivo en términos de haber utilizado indebidamente recursos del Estado español". Morales destacó que su "demanda ya tiene pre-constituida prueba" en los tribunales de España y en el juzgado argentino que sigue el concurso de acreedores de Aerolíneas.

Según Morales, Jaime, secretario de Transporte desde 2003, tampoco veló por el cumplimiento del plan de inversiones de Marsans en Aerolíneas.