Política      

Argentina: masivas movilizaciones reflejan la división del país


Movilizaciones masivas del Gobierno y el campo reflejaron la división en Argentina.




Las claves:
  • El Gobierno reunió hasta 95.000 manifestantes, frente a los 220.000 de los agrarios, siempre según fuentes independientes.
  • Agrarios: "Esto va a seguir. Ganemos o perdamos mañana, esta medida (las retenciones) no va a poder continuar"

Infolatam
Buenos Aires, 15 de julio de 2008


El Gobierno argentino y las patronales agrarias hicieron una demostración de fuerza en multitudinarias movilizaciones paralelas en Buenos Aires. Lejos de acercar posiciones, el oficialismo y los líderes de las entidades agrarias endurecieron sus críticas, en vísperas de que se debata en el Senado el decreto detonante de la crisis.

La convocatoria del Gobierno
Los partidarios del Gobierno abarrotaron la plaza del Congreso para escuchar al ex presidente Néstor Kirchner, líder del Partido Justicialista (peronista) y, según analistas locales, la persona que concentra el poder en Argentina.

Ante más de 300.000 personas según los organizadores, cifra reducida a unas 95.000 por fuentes extraoficiales citadas por medios locales, Kichner cargó de nuevo contra los productores agrarios, a los que acusó de apoyar a la dictadura militar y tratar de desestabilizar a su esposa, la presidenta Cristina Fernández.

"Acá quisieron destituir al Gobierno y desestabilizar a la patria", sostuvo el ex gobernante, que reiteró que el Gobierno acatará "sea cual fuere" la decisión del Parlamento sobre el polémico proyecto tributario que lo mantiene enfrentado con el sector rural desde hace 126 días.

Dirigentes sindicales, gobernadores, ministros y altos funcionarios del Gobierno arroparon a Kirchner durante su intervención, su última baza antes del debate del decreto.

La concentración del Campo
Poco después, y a apenas unos kilómetros al norte del Congreso, unas 225.000 personas, según fuentes extraoficiales, se concentraron en el barrio de Palermo para expresar su rechazo a la política de los Kirchner y acompañar a los productores agropecuarios.

Uno por uno, los principales líderes de las organizaciones agrarias, acompañados de dirigentes de la oposición y de reconocidos peronistas críticos con el Gobierno, denunciaron la estrategia del Ejecutivo, rechazaron las acusaciones de Kirchner y pidieron a los senadores que voten en contra de la reforma tributaria.

"¿Es tan débil un presidente para que una resolución lo voltee?", se preguntó el titular de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, convertido en un símbolo del llamado "sector duro" de la protesta rural. "El ex presidente quiere manejar el barco desde la sala de máquinas y lo va a estrellar el barco que es el país y no se lo vamos a permitir", insistió.

"No vinimos acá a presionar a nadie. No queremos condicionar la voluntad de ningún legislador. Simplemente solicitamos a los senadores que voten a conciencia. Un conflicto de esta magnitud no puede dirimirse en el estrecho marco de las fidelidades partidarias", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens.

El presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, apuntó que "hay senadores que se van a jugar por el país, otros que están dudando, y quienes por una mal llamada disciplina partidaria juegan en contra los intereses del pueblo, pero lo peor es que hay legisladores que están siendo presionados por el gobierno para que cambien su voto".

Unos y otros coincidieron en que la lucha rural no concluirá mañana, independientemente del resultado de la votación en el Senado, y reclamaron un plan agropecuario nacional. "Esto va a seguir. Ganemos o perdamos mañana, esta medida (de las retenciones) no va a poder continuar", concluyó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.

El conflicto del campo se ha convertido en la más grave crisis que enfrenta Cristina Fernández en sus seis meses de mandato. Las huelgas comerciales agrarias y los cortes en las rutas convocados por las patronales agropecuarias durante los 126 días de conflicto han supuesto pérdidas millonarias para el país, han agudizado la división interna y han precipitado una caída en picado de la imagen de la presidenta.

 
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