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Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
La Cámara de Diputados de Argentina debate este miércoles un proyecto de ley que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo turístico español Marsans. El oficialismo, promotor de la expropiación y con mayoría propia en la Cámara Baja, da por descontado que el proyecto será aprobado y enviado de inmediato al Senado, para que lo debata a mediados de este mes.
La prensa argentina volvió a recoger este martes rumores sobre negociaciones reservadas para evitar el conflicto que acarreará la expropiación de la aerolínea, cuya aprobación parlamentaria se da por descontada. Pero fuentes del Gobierno de Cristina Kircher y de Marsans desmintieron esas versiones, que los diarios han atribuido a una u otra parte, según los casos.
"Confiamos en que mañana salga favorable" la votación del proyecto, dijo el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime. Las principales fuerzas de la oposición avalan la expropiación, pero no de las empresas en su conjunto, sino sólo de aquellos activos utilizables para que el Estado no se haga cargo del pesado pasivo de Aerolíneas, que está bajo intervención judicial desde el 21 de noviembre pasado.
El proyecto oficialista, al que tuvo acceso Efe, propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación". La declaración también alcanza al resto de las empresas controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa). De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 por ciento) y de los casi 9.000 trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 por ciento).
Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto. Apunta además que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas.
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