Infolatam
Buenos Aires, 11 de junio de 2008
El gobierno de Cristina Kirchner y la patronal agraria iniciarán la semana que viene una nueva ronda de negociaciones para poner fin al conflicto agrario que ya supera los 90 días. Ambas partes aprovecharán los días que quedan para ganar apoyos y fortalecerse de cara al reinicio del diálogo.
El gobierno de Cristina Kirchner desea demorar hasta la semana que viene la reapertura del diálogo con la patronal agraria. Hasta ese momento el ejecutivo busca quitar argumentos a los ruralistas y analiza autorizar la exportación de 500 mil toneladas de trigo y la resolución de otros asuntos pendientes con los productores de carne y leche.
El ministro de Economía, Carlos Fernández, y del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, han empezado a contactar con los dirigentes rurales aunque la convocatoria definitiva para una reunión formal no será sino hasta la semana próxima.
Carlos Fernández defendió el programa social lanzado por la presidenta y financiado con los nuevos impuestos a los sojeros: "Eso es ridículo. Las retenciones representan sólo el 13% de la recaudación del Estado. Y las de semillas y carne, apenas el 3 por ciento. Es decir que el 97% de lo que se recauda no lo ponen los sojeros". Los sojeros se quejan de ser ellos los únicos que reciben la presión impositiva.
Mientras, el conflicto con los transportistas sigue agravándose. Los transportistas de granos salieron masivamente a bloquear las principales carreteras del país para reclamar el final del conflicto entre el Gobierno y el campo, que redujo sustancialmente sus ingresos al paralizar el movimiento de la cosecha.
La Comisión de Enlace de las cuatro entidades gremiales de productores buscan fortalecer los contactos con los gobernadores provinciales para llegar con más apoyos a la nueva ronda de diálogo. Las bases impulsan nuevas medidas de fuerza.
Los gobernadores más vinculados con el oficialismo esperan reunirse con el ministro de Planificación, Julio De Vido, que coordinará el nuevo plan de obras públicas lanzado por la Presidenta y que cuenta con 2.000 millones de dólares originados en las retenciones móviles.
El plan anunciado por Cristina Kirchner ha sido fuertemente criticado por la oposición. Elisa Carrió denunció que "no se construye una salita de salud sobre el quiebre del pequeño y mediano productor" y aseguró que "las de ayer son sólo promesas, una mentira escandalosa que agravia a la Nación".
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