EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Algunas claves para entender la situación boliviana

Infolatam
La Paz, 18 de mayo 2008

(Especial para Infolatam).-

"... no cabe duda de que el Presidente Morales intentará en el camino introducir la aprobación de su propuesta de nueva Constitución Política del Estado mediante referéndum, puesto que es la única posibilidad legal de que pueda optar por la reelección. Los estatutos autonómicos que se adopten en los Departamentos, necesitan a su vez de un marco jurídico que no existe en la Constitución Política del Estado vigente.

Este es en consecuencia el espacio en el cual pueden coincidir los intereses de las diferentes fuerzas, proporcionando así una perspectiva promisoria para un proceso de diálogo y negociación que culmine en unas cuantas fórmulas y compromisos susceptibles de alejar definitivamente las tentaciones de una salida de fuerza, aunque no resuelvan por cierto los problemas de fondo de la sociedad boliviana".

La convocatoria al "referéndum revocatorio de mandato popular" para el 10 de agosto próximo complica aún más el panorama político boliviano, y no constituye ciertamente la última jugada posible en la contienda por el poder en que están enfrascadas las fuerzas del MAS liderizadas por el Presidente Morales y las de la oposición multicéfala. Conviene por consiguiente detenerse a examinar sus antecedentes, los móviles que la explican, así como las consecuencias que trae consigo.

Es preciso recordar, en primer lugar, que la iniciativa de someter los cargos electos del Poder Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente y nueve prefectos departamentales) a revocatoria mediante un referéndum fue planteada el año pasado por el propio Presidente Morales, como un intento más de deshacerse de la oposición instalada en seis prefecturas departamentales. La iniciativa presidencial fue aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados, pero no llegó a ser tratada por el Senado, en vista de un nuevo cálculo político del Presidente sobre los resultados previsibles de dicha consulta.

La aprobación de la mencionada ley la semana pasada por parte de la mayoría opositora en el Senado tiene dos explicaciones que se complementan entre sí: el intento de bloquear definitivamente el trámite de aprobación de la propuesta de Constitución Política del Estado del MAS mediante referéndum popular, por una parte, y el propósito de los partidos representados en el Senado de contrarrestar el protagonismo político creciente de los prefectos de la "media luna", después del primer éxito logrado por ellos con el referéndum del 4 de mayo en Santa Cruz, por otra. La maniobra de los senadores de PODEMOS tomó por sorpresa al Presidente Morales y a los prefectos opositores, pero el costo político de vetar la ley hubiera sido mayor para el primero que para los segundos.

También es necesario señalar, en segundo término, que la figura de la revocatoria de mandatos electivos por medio del referéndum no existe en la Constitución Política vigente, de manera que se trata una vez más de una flagrante violación de las normas establecidas, a título de devolver al soberano la decisión respecto de dilemas políticos que no son susceptibles de solucionarse mediante el diálogo y la negociación.

Es preciso hacer referencia, en tercer lugar, a la falta de equidad y simetría que está implícita en la interpretación de los resultados del referéndum revocatorio en los diferentes casos, puesto que se considerará revocada aquella autoridad que reciba en el referéndum de agosto una votación mayor de rechazo, en comparación con la que obtuvo en diciembre de 2005, cuando compitió con todas las candidaturas participantes entonces.

Por último, los resultados previsibles del referéndum revocatorio no cambiarán los datos básicos de la crisis política e institucional imperante en Bolivia, ni tampoco traerán consigo desplazamientos significativos en la correlación de fuerzas entre el MAS y las diversas fuerzas políticas y sociales que se le oponen. Ello no obstante, mientras se preparan las jugadas siguientes por parte del Presidente Morales y de los prefectos de la "media luna", que son los principales afectados por el referéndum revocatorio en términos de las estrategias que estaban poniendo en práctica n pos de sus objetivos primordiales, vale la pena dejar establecido que -a pesar de todas sus inconsistencias jurídicas y sifonamientos institucionales- el ciclo de referendos autonómicos y revocatorios previsto para los próximos meses posterga ciertamente los riesgos de una confrontación violenta, de una secesión territorial o de un golpe de Estado, que han sido los fantasmas invocados desde diferentes perspectivas para intentar evitar o desacreditar la realización de los referendos autonómicos.

Los resultados de 4 de mayo no dejan duda en efecto de que Bolivia ha emprendido el trayecto hacia una transformación profunda de su estructura de administración territorial, destinada a superar el centralismo político que se instaló en el país bajo la hegemonía de la economía del estaño desde comienzos del siglo pasado. Es pertinente recordar en este contexto que ya en la década de 1930, el país votó en un referéndum favorablemente por la descentralización política y administrativa, pero que la medida no fue puesta en vigencia a la sazón debido, primero, a la guerra del Chaco con Paraguay (1932 - 1935) y, segundo, a las luchas sociales que se desplegaron en la década siguiente hasta culminar en la revolución nacional de 1952.

Las caricaturas del separatismo impulsado por una oligarquía terrateniente rapaz no se sostienen tampoco en las actitudes resultantes del referéndum realizado hace poco, lo que no quiere decir, sin embargo, que la concreción real ahora de una antigua demanda de redistribución territorial del poder político no beneficie en primera instancia a los poderes fácticos realmente instalados en los Departamentos de la "media luna", que tampoco responden ni mucho menos a una misma configuración en todos ellos.

Se puede afirmar en consecuencia que la opción de las armas y la secesión parece haber sido por de pronto desplazada por una combinación dialéctica de las opciones del diálogo y las urnas, en una secuencia de plebiscitos que, luego de Santa Cruz, continúa con los referendos autonómicos de Beni, Pando y Tarija, pasa por el referéndum revocatorio de agosto, prosigue con las elecciones municipales de fines de 2009, y culmina con las elecciones generales de 2010. Habrá que incluir oportunamente en este trayecto las elecciones de autoridades en los casos de revocatoria real de mandatos.

Por otra parte, no cabe duda de que el Presidente Morales intentará en el camino introducir la aprobación de su propuesta de nueva Constitución Política del Estado mediante referéndum, puesto que es la única posibilidad legal de que pueda optar por la reelección. Los estatutos autonómicos que se adopten en los Departamentos, necesitan a su vez de un marco jurídico que no existe en la Constitución Política del Estado vigente. Este es en consecuencia el espacio en el cual pueden coincidir los intereses de las diferentes fuerzas, proporcionando así una perspectiva promisoria para un proceso de diálogo y negociación que culmine en unas cuantas fórmulas y compromisos susceptibles de alejar definitivamente las tentaciones de una salida de fuerza, aunque no resuelvan por cierto los problemas de fondo de la sociedad boliviana.

Lo que queda absolutamente claro es que el complicado itinerario de las urnas que se ha enumerado arriba, no puede llevarse a cabo sin un acuerdo congresal que ponga en vigencia plena, legal y legítima al Tribunal Constitucional y a la Corte Nacional Electoral. Lo que ocurra en esta materia en las próximas semanas podría dar una señal muy importante respecto de los umbrales en que piensan desplegar su estrategia los principales protagonistas del ajedrez político en tableros múltiples que se juega en Bolivia en esta coyuntura.