Alan García: ¿Una nueva lucha contra la corrupción?

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Infolatam
Lima, 29 de octubre 2007

(Especial para Infolatam).- "... La problemática de la corrupción y de cómo hacerle frente de manera institucional se ha convertido en una política de Estado en el Per... Se pondrá a prueba la real voluntad del gobierno de luchar contra la corrupción cuando se soliciten informes, documentos, se requiera entrevistar a sus funcionarios... Todo un reto que ocasiona muchas expectativas".

En medio de un fuerte descenso de la aprobación de la gestión presidencial, el gobierno ha nombrado a Carolina Lizárraga como Jefa de la recientemente creada Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), causando una inicial sorpresa. No solo se trata de una profesional de buena formación profesional sino que posee una trayectoria, que muchos señalan, como intachable. Sorprende, porque no ha sido muy común nombramientos con estas características y menos ha sido un tema -el de la lucha contra la corrupción- de interés prioritario para el gobierno de Alan García. Por el contrario, existen ejemplos que dan la sensación de que hace de la vista gorda o encubre a personajes comprometidos en actos con indicios de corrupción.

La problemática de la corrupción y de cómo hacerle frente de manera institucional se ha convertido en una política de Estado en el Perú, especialmente a partir del Gobierno de Transición dirigido por el presidente Valentín Paniagua (2000-2001). La década del Gobierno de Alberto Fujimori había dado muestras de cómo se había corroído las estructuras del Estado, a niveles nunca antes visto. Es por eso que los posteriores gobernantes han impulsado diversas iniciativas en este campo.

Este nombramiento, sin embargo, no deja de enfrentar cuestionamientos y preguntas. Algunos, han manifestado su desaprobación a nombramiento de Carolina Lizarraga, de manera particular Perú Posible, partido del presidente Alejandro Toledo, por tratarse justamente de la jueza que se encargó del caso de la falsificación de firmas que comprometió a dicho partido. Por el lado de las instituciones el presidente de la Corte Suprema y el Contarlor General De la República, han manifestado su desacuerdo con la creación de la ONA, bajo el argumento que era innecesario crear más instituciones, cuando se debió fortalecer (económica y normativamente) las existentes que cumplían ya las funciones asignadas a este nuevo organismo público.

Finalmente, no faltan quienes han criticado la creación de esta ONA, cuestionando algunas de sus atribuciones que parecen superponerse a la de otros organismos, o no se encuentran claramente definidas o delimitadas. Lo cierto es que la ONA depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, y coexistirá con otras instancias del Estado que tienen entre otras funciones, también la luchar contra la corrupción, como es el caso de la Contraloría General de la República , la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos, Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas en todo el país; Poder Judicial, y Ministerio Público, entre otras.

Si bien la designación es promisoria, lo que sigue no es poco. Este órgano enfrenta desde su creación importantes retos, deberá legitimarse ante sus detractores con una actuación independiente, prudente y eficiente. Asume el reto de formar parte del Ejecutivo y tener la prerrogativa de investigarlo si así lo considera conveniente, cómo se haga y cuales sean los resultados es algo que mantendrá la atención de la ciudadanía y la opinión pública, y será lo que le otorgue la credibilidad y respaldo que la haga fuerte.

Asimismo se pondrá a prueba la real voluntad del gobierno de luchar contra la corrupción cuando se soliciten informes, documentos, se requiera entrevistar a sus funcionarios y no existan sanciones para los que incumplan con lo requerido por la ONA , tan solo el deber de colaboración que su norma de creación impone. Todo un reto que ocasiona muchas expectativas.