A puñetazos

Infolatam
La Paz, 23 de agosto 2007

(Especial para Infolatam) .- "... Las condiciones bolivianas son las ideales para un enfrentamiento interno, como han señalado varios estudios sociológicos. Si hasta ahora éste no ha ocurrido es únicamente por la debilidad y la indecisión de cada uno de los bandos en los que está dividido el país. Y, uno quiere creer, también por el espíritu solidario y pacifista que ha sido, a lo largo de las décadas de democracia, la virtud de la que más nos hemos enorgullecido los bolivianos. Pero hoy es una virtud en ruinas"...

Bolivia ha vuelto a ser noticia en el mundo, aunque, como suele ocurrir, por las razones equivocadas. No es frecuente, claro está, que los representantes de un país, impotentes para hacer valer sus argumentos por los medios de la civilización, recurran a sus manos y pies, a la envergadura y fortaleza de sus cuerpos, para inclinar el curso de las cosas en su favor. Como dice una crónica aparecida en La Razón, los diputados bolivianos usaron, en su violenta sesión del 22 de agosto, las tácticas de las pandillas callejeras. Puñetes por la espalda, "patadas voladoras", lanzamiento de vasos y líquidos en contra de los ojos de los oponentes, una verdadera maravilla.

Se trata del escándalo más grave del Parlamento boliviano en toda su historia última. Pese a ello, sorprende más a los diarios del extranjero que a los ciudadanos bolivianos, que desde hace meses vemos agravarse, progresivamente, la crisis política y la discordia interna. En otras palabras: que la veíamos venir. Y que todavía la vemos viniendo. Las condiciones bolivianas son las ideales para un enfrentamiento interno, como han señalado varios estudios sociológicos. Si hasta ahora éste no ha ocurrido es únicamente por la debilidad y la indecisión de cada uno de los bandos en los que está dividido el país. Y, uno quiere creer, también por el espíritu solidario y pacifista que ha sido, a lo largo de las décadas de democracia, la virtud de la que más nos hemos enorgullecido los bolivianos. Pero hoy es una virtud en ruinas.

Los antagonismos son muchos y móviles, aunque finalmente se cristalizan en la oposición de dos polos más o menos delimitados. Lucha la izquierda contra la derecha. Pelea el oriente contra el occidente del país. Se enfrentan las clases medias mestizas contra las colectividades de biotipo indígena. Batallan los prefectos del interior contra el gobierno central, los comités cívicos de una parte del país contra los movimientos sociales de la otra parte. Pero detrás de estos desencuentros actúan dos elites políticas. Una que asciende bajo las banderas de la igualdad, y quiere distribuir la riqueza y el poder aunque eso exija pagar un alto precio económico e institucional. Y otra que resiste en torno al estandarte de la libertad, defendiendo las salvaguardas legales y políticas que facilitan la creación de riqueza garantizando que ésta no sea fácilmente redistribuible. Esta es la batalla de fondo, la que impiden el acuerdo, pese a que todos comprenden que solamente un acuerdo podría ofrecer una salida viable, ya que ninguna de las dos facciones está en condiciones de vencer absolutamente a la otra.

Al mismo tiempo, es este precario y cambiante equilibrio de fuerzas (equilibrio que no proviene de la equivalencia de recursos sino en la similitud de carencias, es decir, que es un equilibrio negativo) el que diferencia radicalmente la situación boliviana de la venezolana. En Venezuela el presidente Chávez ha logrado la hegemonía, mientras que aquí el presidente Morales no la ha obtenido ni lo hará mientras no esté dispuesto a hacer concesiones importantes a sus adversarios.

Bolivia vive la enésima versión de la pelea que la ha paralizado desde siempre, que es la lucha por una cantidad insuficiente de recursos. Si bien el intercambio de golpes entre los diputados se originó en el enjuiciamiento de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que es promovido por el oficialismo y rechazado por la oposición, la propia captura de esta instancia judicial responde al antagonismo descrito más arriba. La oposición defiende al Tribunal porque éste puede impedir que el proceso de redistribución de riqueza y de cambio de elites vaya más allá de los derechos de propiedad y se valga de la persecución política de los disidentes. El oficialismo quiere sacar de en medio a los actuales miembros del Tribunal para que no obstaculicen sus propósitos económicos y políticos, que quisiera alcanzar expeditamente.

Y lo mismo pasa con la Asamblea Constituyente, donde también se producen cotidianos enfrentamientos entre manifestantes y asambleístas del MAS. ¿La causa? Reforzar la petición de Sucre, sede de la Asamblea y capital histórica del país, para ser también la residencia del gobierno. Un tema que puede parecer extraño a la hipótesis que aquí desarrollamos, pero que en realidad no lo es. En los hechos, el traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre resulta materialmente imposible. Sólo se ha introducido en la agenda de la Asamblea para instrumentalizar las pasiones regionales del interior del país en contra de La Paz y así impedir que el MAS, cuya mayoría se basa sobre todo en esta ciudad, imponga incontrastablemente su línea en la Asamblea. Una vez más estamos ante el choque entre la transformación socializante del país y la defensa del derecho de propiedad y de diferenciación económica.

De modo que así estamos en Bolivia, a puñetazos. Y ya que cada día que pasa nuestras diferencias se vuelven más irreconciliables, la pregunta es si este "nuevo estilo" de ventilar discrepancias, que implica un grado más alto de intolerancia y agresión, no será seguido por otros todavía peores.