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Maduro, a por la destrucción del poder legislativo opositor

Infolatam
Madrid, 29 de marzo de 2017

(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. Nicolás Maduro no tuvo ningún tipo de contrapeso institucional hasta que en 2016 se conformó una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Tras vaciarla de contenido a lo largo de 2016 y 2017 el siguiente paso de Maduro es deslegitimarla para proceder a su clausura.

El 7 de diciembre de 2015 la oposición venezolana organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo el triunfo en las legislativas lo cual dejó al chavismo en minoría.

Tras más de un año de choque de trenes institucional (Maduro vs Asamblea opositora), la actual ofensiva gubernamental procede de la intención de la Asamblea de respaldar las gestiones del secretario general de las OEA, Luis Almagro, quien pretende activar la Carta Democrática.

El camino hacia la disolución

La Asamblea Nacional de Venezuela ha apoyado la activación de la Carta Democrática Interamericana a su propio país y ha exhorado al Consejo Permanente de la OEA a que active los mecanismos para garantizar las elecciones y que se atienda con urgencia la crisis que enfrenta la nación sudamericana.

Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ha confirmado que Aloysio Nunes, canciller de Brasil, recibió un comunicado del Parlamento venezolano en el que le solicitan impulsar la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta maniobra le ha dado a Maduro la excusa de impulsar el cierra de la Asamblea. Excusa porque es algo que lleva tiempo buscando y que ahora ha acelerado.

En agosto de 2016, a raíz de lo ocurrido en Turquía, Maduro ya adelantaba sus intenciones: “Saben lo que pasó en Turquía, bueno Erdogan se va a quedar como un niño chiquito (…) y me sabe a casabe lo que diga la OEA y lo que diga el imperialismo, atrévanse que aquí está la clase obrera …quiero paz, quiero prosperidad y lo vamos a lograr”.

El 8 de marzo de este año el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el Poder Legislativo sería tomado y recuperado. “Más temprano que tarde, tendremos la dicha de recuperar la Asamblea Nacional”, dijo durante un encuentro con representantes de las Unión de Batalla Hugo Chávez.

“¿Para qué sirve esa Asamblea Nacional? ¿Ya está autodisuelta?”, preguntaba a los seguidores del oficialismo que se congregaron en Paseo Los Próceres. “Todo tiene su tiempo, más temprano que tarde tendremos la dicha de recuperar la Asamblea Nacional y tener un Poder Legislativo de la patria”.

Ahora, dos semanas después Maduro asegura que la Asamblea Nacional cometió el delito de traición a la patria al aprobar en su última sesión un documento sobre la reactivación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La Asamblea Nacional está cada vez más inútil (…)  En la ilegal reunión de ayer decidieron aprobar un documento pidiendo la intervención de Venezuela por parte del imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la OEA”, afirmó. También destacó que los diputados también estarían traicionando a la patria.

José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, ha alertado sobre este tema: “Vamos a pasar de una disolución de la Asamblea a una disolución incluso por vía de la fuerza”.

Y de hecho, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este martes que los asambleístas carecen de inmunidad por estar en desacato, según un fallo que anuló el acuerdo legislativo a petición de la bancada chavista.

La sentencia sostiene que “la inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”.

Con esa declaración, el TSJ anula todas las decisiones del legislativo y ordena a Maduro tomar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.

Disolución tras vaciarla de contenido

Maduro piensa en acabar con el choque institucional con la Asamblea para poder gobernar sin fiscalización en 2017 y tener mayor margen de maniobra en 2018, año en el que habrá elecciones presidenciales.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha chocado una y otra vez con el  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que derrumba las iniciativas nacidas en el legislativo. La última, este mes de enero pasado, cuando declaró la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional en 2017 por desacatar “varias sentencias” de las salas Constitucional y Electoral.

Por eso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se niega a rendir cuentas ante la AN y lo hace ante el TSJ a quien ofreció este año la memoria y cuenta anual sobre el ejercicio.

Y ello pese a que la Constitución venezolana establece que a más tardar el 15 de enero de cada año el jefe de Estado debe presentar “personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior”.

Venezuela sigue, por lo tanto, inmersa en pleno choque de trenes institucionalNicolás Maduro ha logrado bloquear las iniciativas opositoras y ha empujado al antichavismo a pensar solo en defenestrar al presidente.

Maduro y su entorno no solo controlan 4 de los 5 poderes del régimen sino que han encontrado una herramienta para bloquear la mayoría opositora de la Asamblea. Se trata de la Sala Constitucional de Tribunal de Justicia que se ha convertido en un “suprapoder” con capacidad de veto para todo aquello que emprende el legislativo el cual ha quedado como un cascarón vacío carente de contenido.

En enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, declaró en desacato a la nueva Asamblea Nacional. La calificación vino como respuesta a un recurso introducido por la bancada oficialista, en el que se pedía al tribunal pronunciarse sobre la, entonces, presunta inconstitucionalidad de la juramentación, ese mismo día, de tres diputados opositores por el estado de Amazonas cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender.

En febrero, el TSJ validó el decreto de emergencia económica que el presidente Nicolás Maduro dictó a principios de enero ya que que consideró que el procedimiento que la Asamblea Nacional siguió para rechazarlo no fue el correcto y por ello dictaminó que la resolución, que permite al Gobierno tomar medidas especiales durante 60 días, “se mantiene irrevocablemente incólume”.

En marzo, los cinco magistrados de la Sala Constitucional emitieron una decisión en la que se determinaban que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.

“La sentencia del TSJ [que elimina o limita el control parlamentario a los poderes públicos] es equivalente a un golpe de Estado. Si el gobierno se sigue oponiendo, no nos temblará el pulso para convocar una constituyente”, anunció Jesús Torrealba, secretario de la MUD.

Luego, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el Banco Central de Venezuela utilice las reservas internacionales sin consultar a la Asamblea Nacional. Y en julio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaraba la nulidad de la decisión de la Asamblea Nacional que dejó sin efecto las designaciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diciembre pasado, mediante la sentencia N° 614, del 19 de julio.

El 17 de octubre la Sala Electoral del TSJ estableció como obligatorio obtener un mínimo del 20% en cada estado para activar el referéndum revocatorio, por lo que si se suspendía el acto en alguno, se frenaba la consulta a escala nacional lo cual es lo que acabó ocurriendo. Esto acabó hundiendo el referéndum.

Por último en este mes de enero de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró mediante un comunicado que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado. La Asamblea Nacional de Venezuela había pedido elecciones tras declarar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, pese a que el Supremo sostiene que la Cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado.

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