La colusión del papel higiénico y la percepción de abuso en Chile

Infolatam
New York, 15 noviembre 2015
Por Patricio Navia

(Infolatam).- Después que un escándalo por financiamiento irregular de la política fue la noticia dominante en Chile por más de un año, una nueva revelación sobre colusión en el mercado del papel higiénico ha puesto en el tapete los problemas de abuso que existen en el modelo neoliberal que ha existido en el país desde el retorno de la democracia en 1990. Las protestas estudiantiles de 2011 pusieron en entredicho la legitimidad del modelo que deposita en lógicas de mercado la provisión de servicios sociales y el acceso a derechos básicos. Hoy, la colusión en la que participó una empresa de una de las familias que más acérrimamente ha defendido el libre mercado lleva a muchos chilenos a cuestionarse qué tan libre y competitiva es la economía social de mercado y qué tan pareja es la cancha en que chilenos de a pie compiten con grandes empresas que, además, financian—legal y también irregularmente—la política.

El escándalo por la colusión del papel higiénico estalló cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció el resultado de una investigación a dos empresas dominantes en ese mercado. Producto de un sistema de delación compensada que induce a los participantes en carteles de colusión, a cambio de condonaciones de multas, a colaborar con la FNE entregando información que permita acumular evidencia para condenar a los otros participantes del cartel, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) entregó evidencia concluyente a la FNE de la existencia de un cartel que, entre 2000 y 2010, se coludió para mantener cuotas de mercado y acordar precious del papel higiénico. El hecho que las empresas involucradas hayan pertenecido, al momento de iniciarse la colusión, a una de las familias empresariales más importantes del país y a un empresario que después fue Ministro de Deportes en el gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014) también hizo que el escándalo tuviera efectos políticos inmediatos.

La CMPC es propiedad de la familia Matte, una de las más acaudaladas y tradicionales de Chile. Los Matte además han participado activamente en el debate público, a través del Centro de Estudios Públicos (CEP), un think-tank creado a mediados de los 80, en plena dictadura, para promover las políticas de libre mercado y proponer reformas que facilitaran la transición a la democracia. Desde el retorno de la democracia en 1990, El CEP se ha consolidado como el principal promotor intelectual del modelo social de mercado. Recién dos semanas antes de que estallara el caso de colusión, la Presidenta Bachelet había visitado al CEP para una cumbre con el sector empresarial que ha sido muy crítico con las reformas impulsadas por la mandataria socialista. En su discurso ante Bachelet, Eliodoro Matte, el Presidente del directorio del CEP y principal líder de la familia Matte, articuló una fuerte defensa del modelo social de mercado, atribuyéndole el éxito que ha tenido Chile. Matte también hizo un llamado al gobierno a adoptar reformas que profundicen y mejoren el modelo en vez de intentar cambiarlo.

De ahí que cuando estalló el caso de colusión, los críticos del modelo no demoraron en denunciar que la economía de mercado funciona solo para los poderosos. Incluso los defensores del modelo han reconocido que, precisamente porque la legitimidad del modelo se basa en que los proveedores compiten para beneficio de los consumidores, la colusión atenta contra la base central del modelo. Los defensores de la economía social de mercado reconocen que estos casos de colusión hacen más daño a la credibilidad del sistema que cualquier marcha contra el abuso o la falta de acceso igualitario a los servicios públicos.

Hasta ahora, los chilenos parecen más molestos de que el sistema social de mercado no funciona como debiera que interesados en cambiar de sistema. Los críticos del modelo que llaman a que el Estado regule precios y asuma un rol productor no tienen apoyo mayoritario. Pero la gente está profundamente molesta con los patrones de abuso y aprovechamiento en una serie de áreas de la economía que no están debidamente reguladas y donde no existe suficiente competencia.

En 2011, las protestas estudiantiles se originaron cuando los estudiantes marcharon contra la mala calidad y el alto costo de la educación universitaria. El movimiento estudiantil proponía que el Estado tuviera más poder regulatorio para asegurar la calidad de la educación—remplazando la idea de que el mercado se podía autorregular. Además, los estudiantes pedían que la educación fuera un derecho, exigiendo que el Estado garantizara acceso universal gratuito a educación de calidad.

Hoy, la respuesta popular a este escándalo de colusión se ha centrado en demandas para introducir penas de cárcel a los que participan de la colusión y a fortalecer los mecanismos de defensa de los derechos de los consumidores.

Pero los chilenos también están mostrando que se está agotando su paciencia con la prevalencia del abuso a los consumidores y con la falta de competencia en muchos ámbitos. El alto costo de los remedios en las farmacias privadas ha llevado a una municipalidad a abrir su propia farmacia, que compra remedios al sistema de salud estatal a precios mucho más bajos que los de las farmacias privadas y los vende a usuarios del sistema de salud público que residen en la comuna. La popularidad de esa iniciativa ha hecho que muchos otros alcaldes se animen a seguir el ejemplo. Como 2016 será un año de elecciones municipales, la creación de farmacias municipales que se amparen en la enorme capacidad del Estado para negociar buenos precios con laboratorios y empresas farmacéuticas probablemente se convertirá en un tema dominante de la campaña. Igual que en el caso de la protestas estudiantiles y de la colusión del papel higiénico, el caso de las farmacias de los gobiernos municipales muestra que la gente cree que los mercados no están funcionando bien, que la libre competencia es menos libre de lo que debiera y que los marcos legales que la regulan permiten el abuso a los consumidores.

Durante buena parte de 2015, las investigaciones de la fiscalía sobre el financiamiento irregular a la politica de dos empresas—el grupo Penta y la minera no metálica Soquimich—hizo que la reputación de la clase política chilena llegara a mínimos históricos. Además de que la legislación chilena permite a las empresas realizar donaciones anónimas a los políticos en el período de campaña que dura 90 días, los escándalos de Penta y Soquimich demostraron que las empresas se las arreglaban para financiar la actividad política en periodos anteriores a las campañas y deducir esas contribuciones de sus impuestos. Aunque esas investigaciones siguen en curso, el veredicto de la opinión pública ha sido lapidario. El mercado de la política está lleno de colusiones, tráfico de influencias y captura del Estado por parte de los más poderosos.

Ahora que ha estallado el escándalo de colusión en el papel higiénico, muchos chilenos confirman sus sospechas de que la economía social de mercado no está funcionando bien. La gente cree que las empresas abusan y que los políticos se deben más a las empresas que abusan que a los votantes. Hasta ahora, la gente sigue pidiendo reformas y regulación que hagan que el modelo funcione mejor. Pero si los escándalos continúan y la gente no ve mejoras, la confianza que los chilenos todavía depositan en la economía social de mercado se debilitará al punto que muchos comenzarán a dudar de las bondades de los mercados competitivos y comenzarán a pensar en la posibilidad de apoyar modelos alternativos que hagan que el Estado remplace al mercado en la producción de bienes y en la regulación de precios en la economía.

 

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