El estado de la independencia de poderes en Ecuador

El régimen de Rafael Correa, un modelo de “autoritarismo competitivo”

Infolatam
Madrid, 19 de octubre de 2014

Las claves

  • Luis Pásara: "El gobierno de la revolución ciudadana... al valerse del aparato de justicia para rubricar algunas de esas políticas, y sancionar a quienes las contraríen, ha comprometido la independencia judicial".

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Rafael Correa encabeza un régimen que los expertos politólogos califican de “autoritarismo competitivo”. Entre otras muchas cosas, se caracterizan por tratar de someter de forma centralizada a todos los poderes del Estado: desde el ejecutivo controlan al legislativo y merman la independencia judicial.

Rafael Correa, electo en 2006 y reelecto -y legitimado por un gran apoyo popular- en 2009 y 2013, es un presidente que ejerce un gran poder en Ecuador apoyado además en su fuerte y arrollador carisma. La coalición que le sostiene, Alianza País, controla un legislativo en el que las fuerzas opositoras son pequeñas, poco estructuras y están muy divididas.

Con esa fuerza logró entre 2007 y 2009 acabar con el viejo sistema que rigió en Ecuador desde 1978  y en su lugar edificó un nuevo régimen, el de la “Revolución Ciudadana”, que no pivota en torno a los partidos sino que gira sobre la personalidad y las decisiones del presidente.

El poder judicial, el último eslabón de la cadena del régimen correista

En esa coyuntura, la única pieza que le faltaba al correismo en su puzle era dominar al poder judicial, algo que empezó a ocurrir a raíz del referéndum de 2011 que dio vía libre a una reforma judicial que culminó en 2013 con la manifiesta satisfacción del presidente.

SANTA CRUZ (BOLIVIA) ,14/06/2014.- EFE/Jorge Abrego

Rafael Correa, presidente de Ecuador desde 2007 

“Esta reforma judicial ha sido un éxito total a tal punto que el modelo ecuatoriano está dando la vuelta al mundo. Recibimos a diario felicitaciones de todas partes del planeta e incluso llamados para compartir la experiencia ecuatoriana en Reforma Judicial”, manifestó Correa.

Pero lo que la reforma judicial esconde es un avance avasallador del poder ejecutivo, el encabezado por el presidente Correa, sobre la independencia judicial.

Algo que este año 2014 el experto en temas judiciales Luis Pásara ha puesto de manifiesto en su informe “La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”.

Este informe realizado por este jurista peruano que trabaja para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) denuncia las interferencias del Poder Ejecutivo en la Función Judicial. Analiza 12 casos en el país en los que queda de manifiesto la interferencia del ejecutivo.

El informe considera al Consejo de la Judicatura (CJ) como un “brazo ejecutor” de los designios del Ejecutivo, lo que se evidenciaría en los sumarios administrativos que terminan en destituciones de aquellos magistrados que fallan contra el Estado.

El régimen de Correa cumple, de esta manera, con otra de las características de los “autoritarismos competitivos”, la de avasallar al poder judicial.

Como señala el politólogo Steven Levitsky “por lo general, los gobiernos de los regímenes autoritarios competitivos intentan subordinar la rama judicial, con frecuencia a través de la persecución o, más sutilmente, con soborno, extorsión y otros mecanismos de cooptación”.

El presidente Rafael Correa ha salido a defender su reforma y sobre todo atacar el informe de Pásara al que sitúa dentro de un complot, el de la “restauración conservadora”, financiada por multinacionales como Chevron, y con ONG,s como punta de lanza.

“El ‘informe’ -ha dicho Correa-, una verdadera vergüenza, es tan solo parte de esa campaña nacional e internacional contra Ecuador, utilizando el oenegecismo que rodea hasta a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Esto tiene que cambiar, y lo vamos a cambiar…”.

Qué dice el informe

El informe de Luis Pásara destaca que la reforma judicial se apoyó en dos pilares. En primer lugar en la realización de “grandes inversiones en infraestructura y “una intensa renovación del personal judicial”. Y en segundo lugar en una purga de jueces y sometimiento del poder judicial a los designios y deseos del ejecutivo.

BRASILIA (BRASIL), 16/07/14.- EFE/Fernando Bizerra Jr.

Entre 2011 y 2013 Correa culminó una reforma del poder judicial en Ecuador

Como señala Pásara “desde fuera del sistema institucional de justicia, las declaraciones presidenciales y de altas autoridades se han mantenido, durante el gobierno del presidente Correa, en un nivel destacado que en ocasiones desautoriza abiertamente la actuación judicial. Tales declaraciones se han convertido en un rutinario elemento de presión del que, complementariamente, la actuación disciplinar del Consejo ha venido a ser su brazo ejecutor, tal como demuestran algunos de los procesos disciplinarios analizados en este informe”.

Las conclusiones del Informe son demoledoras en cuanto al estado de la separación de poderes en Ecuador.

Y eso por tres razones:

1-. Por la injerencia del poder político en el judicial

“Las manifestaciones públicas de las autoridades políticas respecto al desempeño de los jueces sugieren que el problema que enfrenta la independencia judicial en Ecuador no es un asunto jurídico sino político. Se origina en que el gobierno de la “revolución ciudadana”, primero, ha desenvuelto una manifiesta línea de acción encaminada a controlar las decisiones judiciales”.

2-. Por la merma de la independencia judicial

“El gobierno de la revolución ciudadana se ha trazado determinados objetivos de políticas y, en ese empeño, ha obtenido el incuestionable respaldo de mayorías ciudadanas. No obstante, al valerse del aparato de justicia para rubricar algunas de esas políticas, y sancionar a quienes las contraríen, ha comprometido la independencia judicial y ha puesto en cuestión la plena vigencia del Estado de derecho, principalmente en lo que esta noción se refiere a la separación de poderes”.

3-. Por el control ejercido sobre el poder judicial

“Es particularmente en el terreno de la actuación del Consejo de la Judicatura donde se ha constatado tanto la interferencia en el ámbito de los juzgadores, que compromete su imparcialidad, como la sanción de las manifestaciones de discrepancia con tal interferencia provenientes desde el interior de la propia Función Judicial. En ese sentido, el Consejo se ha constituido en el lugar neurálgico donde se viabiliza la conexión impositiva entre el gobierno y los jueces, valiéndose para ello de la competencia disciplinaria a su cargo. Es un escenario en el que la independencia judicial no sólo no ha recibido la atención que merece en una democracia robusta sino que ha resultado afectada por aquello que la hiere en esencia: la interferencia de otros poderes”.

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