México elecciones

Alertan por violencia en vísperas electorales

Reuters
México DF, 3 julio 2013

Las claves

  • Más de una docena de candidatos a alcaldes, a diputados locales, dirigentes de partidos y familiares han sido asesinados en las semanas previas a los comicios del domingo, cuando se disputan 1,300 cargos, incluido el de gobernador del norteño estado de Baja California.

Los principales partidos políticos de México se mostraron preocupados por una sucesión de ataques contra candidatos que han precedido las elecciones locales en 14 estados y pidieron al gobierno mayor vigilancia para garantizar la participación de los votantes.

Más de una docena de candidatos a alcaldes, a diputados locales, dirigentes de partidos y familiares han sido asesinados en las semanas previas a los comicios del domingo, cuando se disputan 1,300 cargos, incluido el de gobernador del norteño estado de Baja California.

Otros han sufrido ataques contra sus viviendas, disparos o secuestros por días u horas, en una muestra de fuerza de cárteles del narcotráfico que intentan influir sobre las autoridades que gobernarán los territorios que controlan, o imponer sus candidatos.

El poder del crimen organizado se ha hecho sentir con más fuerza en estas elecciones que en las federales del año pasado, cuando llegó al poder el presidente Enrique Peña Nieto.

“Son cargos diferentes donde hay más interés del crimen organizado de controlar por ejemplo, los gobiernos municipales (…) Un presidente municipal tiene seguridad pública, están involucrados en el mantenimiento del orden”, dijo Benito Nacif, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Quieren que les respeten sus territorios o parte de las oficinas policíacas (…) que ellos ya controlan o quieren controlar, o se las quieren arrebatar a otro grupo”, explicó.

El presidente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, dijo que policías federales se movilizarán para reforzar la vigilancia en los estados más conflictivos.

Agregó que su partido ha aconsejado a los candidatos que de aquí al domingo extremen sus precauciones y eviten enfrentamientos con personas que puedan pertenecer a la delincuencia organizada.

El sábado, la candidata a diputada local por el PRI en el sureño estado de Oaxaca sufrió heridas de bala cuando la camioneta en que viajaba fue atacada por hombres armados. Su esposo y una sobrina murieron.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), del ex presidente Felipe Calderón, pidió que también se despliegue a efectivos del Ejército para garantizar las elecciones.

“Lo que estamos pidiendo es que el presidente de la república ordene a las fuerzas armadas, al Ejército a salvaguardar la integridad de los ciudadanos (…) para que tengan la tranquilidad de que van a emitir su voto libre y democrático”, dijo el senador panista Francisco Domínguez en rueda de prensa.

El lunes, el candidato del PAN a la alcaldía de Tlalixcoyan, en el oriental estado de Veracruz, Carlos Triana, dijo que hombres armados dispararon contra su casa.

La semana pasada fue hallado en Oaxaca el cadáver de uno de los principales dirigentes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nicolás Estrada, quien había desaparecido días antes.

“No habíamos visto que se diera esta magnitud (de violencia) en varios estados de la república”, dijo a periodistas Jesús Zambrano, presidente del PRD.

“Yo subrayo nuestra exigencia a las autoridades correspondientes para que no se vaya a permitir que estemos ante un escenario que complique las cosas el próximo domingo”, agregó.

Los ataques y ajustes de cuentas de los cárteles están lejos de aplacarse en México tras siete meses de gobierno de Peña, que ha prometido una nueva estrategia para bajar la violencia.

Desde diciembre, cuando asumió el mandatario, hasta mayo, más de 6,000 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con la delincuencia organizada, lo que presenta una disminución respecto al mismo periodo del gobierno de Calderón, pero aún no muestra una tendencia, según analistas.

Durante los seis años del gobierno anterior murieron cerca de 70,000 personas en uno de los periodos más violentos en la historia del país latinoamericano, y cerca de 26,000 están desaparecidas.

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