Infolatam
Quito, 7 agosto 2012
Por Simon Pachano

(Especial para Infolatam).- Una de las razones que explica el fuerte apoyo que le ha dado la población ecuatoriana a Rafael Correa a lo largo de más de cinco años es el descrédito de los partidos políticos. La consigna “que se vayan todos”, coreada en las manifestaciones callejeras que acabaron con tres gobiernos, ilustra perfectamente ese sentimiento. Ya en las urnas, los electores dieron la espalda a los partidos y a cualquier organización que pudiera ser sospechosa de formar parte de lo que la propaganda gubernamental califica como partidocracia. A cambio, el Presidente recibió un cheque en blanco y gozó de niveles desconocidos de aceptación.

Cabe recordar estos antecedentes por lo que está sucediendo en estos días cuando ha culminado el proceso de inscripción de los partidos y movimientos políticos. El escándalo del tráfico y falsificación de firmas, que destacó Infolatam en su edición del jueves 2, encuentra una primera explicación en ese rechazo a los partidos y en general a la política. Después de haber sido una sociedad activa, que se volcaba espontáneamente a las calles, ahora es claramente reacia a cualquier forma de participación.

La búsqueda de firmas –el requisito básico para la inscripción- se volvió, entonces, una tarea casi imposible para organizaciones que no disponen siquiera de los voluntarios para salir a recogerlas. Frente a esto, parece que muchas de ellas acudieron a la compra de bases de datos, entre las que podría contarse nada menos que la del propio Consejo Nacional Electoral.

Una segunda explicación puede provenir del temor de la población a firmar por organizaciones que no sean el oficialista movimiento Alianza País. No cabe duda de que muchas personas prefirieron no hacerlo por el riesgo de que esos registros pudieran convertirse en listas negras, como sucedió en Venezuela con la famosa lista Tascón.

Más allá de estas explicaciones, el problema toma características muy graves si se considera que ésta será la primera elección dentro del nuevo orden jurídico-político de la denominada Revolución Ciudadana. A pesar de todas las críticas que recibieron los partidos y en general las instituciones políticas del viejo orden, nunca hubo desconfianza en la manera en que fueron administrados los procesos electorales. Aparte de denuncias aisladas de algún candidato perdedor, las elecciones fueron relativamente limpias y los organismos electorales salieron bien parados.

Por el contrario, esta elección comienza con una gran duda acerca del Consejo Electoral. Su incapacidad para verificar la autenticidad de las firmas y la tardía reacción –solamente después de una arenga del Presidente que constituyó prácticamente una orden- han generado una desconfianza que no se ha visto en ocasiones anteriores. La estrecha vinculación de sus integrantes con el gobierno, en el que varios de ellos participaron incluso con el rango de ministros, abonan esas sospechas.

Estos episodios han sido el terreno fértil para la propagación de rumores políticos. Desde el interés del Presidente por echar abajo la inscripción y, consecuentemente, imposibilitar el proceso electoral, hasta la suposición menos grave de cierta dedicatoria a determinadas organizaciones, son parte del menú de estos días. Lo cierto es que la campaña se ha iniciado de la peor manera posible y los fantasmas del fraude rondarán hasta el último momento. Mucho más si el Presidente insiste en que se apruebe la ley de comunicación y si la Corte Constitucional permite que entren en vigencia las disposiciones que limitan la acción de los medios.