Infolatam
Sao Paulo, 9 de agosto de 2012.
Por Sergio Fausto

Empezó el último jueves, en el Tribunal Federal Supremo (STF), el juicio del caso que se conoce como “mensalão”.  Son 38 los reos del proceso, acusados por crímenes que van desde la malversación al lavado de dinero, pasando por la corrupción activa y pasiva y la gestión fraudulenta de instituciones financieras.

Entre los reos hay dos figuras emblemáticas del Partido de los Trabajadores. José Dirceu, jefe de la Casa Civil en el primer gobierno de Lula, y José Genoíno, en esa época presidente del partido. El entonces tesorero del PT, Delúbio Soares es también reo del proceso, además de varios diputados del partido.

La tesis de la Procuradoría General de la República, que hizo la denuncia ante el STF en 2007, es que una “sofisticada organización criminal” fue constituida y orquestada por José Dirceu con el objetivo de comprar con uso de recursos públicos a partidos y parlamentarios a cambio de su apoyo al gobierno. De esa organización, Dirceu sería el cerebro; Genoíno, el responsable por la negociación política con los partidos; Delúbio, el encargado de la distribución del dinero.

De izquierda a derecha (arriba) al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el exministro de presidencia José Dirceu, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Roberto Jefferson; (abajo) el publicista Marcos Valério Fernandes, el extesorero del PT Delubio Soares y el expresidente del PY José Genoino.

Otro personaje clave en la historia, el publicista Marcos Valério, haría rodar los engranajes del esquema usando sus propias empresas. Por un lado, tomando préstamos ficticios con bancos privados; por otro, siendo beneficiado con contratos de publicidad con el gobierno. Así, según la acusación, se obtenían los recursos requeridos para la compra de parlamentarios y partidos a cambio de apoyo al gobierno. Aproximadamente $140 millones de Reales, o US$ 70 millones, incluyendo recursos públicos y privados, habrían sido movilizados dentro de ese esquema.

La defensa intenta desarmar la tesis de la PGR de que hubo una “asociación” y de que se usaron recursos públicos para la finalidad apuntada por la acusación. Los abogados de Dirceu, Genoíno y Delúbio seguirán una única y misma línea de argumentación: los recursos movilizados por el tesorero del PT provenían de la llamada “caja 2″ de las empresas (recursos no declarados al Fisco y con frecuencia utilizados para la financiación ilegal de campañas electorales); y habrían sido utilizados no para la compra de votos de parlamentarios, si no para la eliminación de deudas acumuladas en elecciones anteriores por los partidos aliados.

O sea, ningún dinero público, cero corrupción. “Apenas” un crimen de naturaleza electoral y un único responsable dentro del PT, el tesorero Delúbio Soares, reo confeso. Dirceu no sabría nada, pues se apartó de la vida partidaria después de asumir la Casa Civil. Tampoco Genoíno tendría conocimiento de las acciones del tesorero, aunque fuese presidente del PT. Genoíno se encargaría exclusivamente de los aspectos políticos de las negociaciones con los otros partidos de la base aliada.

Se trata de una versión poco creíble. Aún así, falta saber si los jueces del Supremo entenderán que hay pruebas suficientes para condenar a los integrantes de lo que la denuncia describe como “el núcleo político del mensalão”. El punto neurálgico del juicio está ahí, en especial en el mentor del supuesto esquema, José Dirceu.

Una eventual condena de ese núcleo tendría efectos políticos amplios y no completamente previsibles, sobretodo si sus miembros reciben penas altas, que los llevarían a prisión. Bajo esta hipótesis, la Justicia enviaría un mensaje de larga repercusión en el mundo político nacional. Vasto mundo que no se limita a la esfera federal, si no que se extiende a veintiséis estados y más de cinco mil municipios, donde no faltan ejemplos semejantes o análogos de esquemas de corrupción para comprar partidos y parlamentarios.

Sería ingenuo suponer la ocurrencia de una “revolución de costumbres” a partir del castigo de los miembros del núcleo político del “mensalão”. Pero la decisión del STF sería una señal. Incluso por que seguiría la secuencia de otras decisiones que apuntan en el mismo sentido del reglamento jurídico más severo de la vida política. Meses atrás el Supremo juzgó constitucional la llamada Ley de Ficha Limpia, que prohibe la candidatura de políticos condenados por un tribunal, incluso cuando la sentencia no sea definitiva.

En suma, la condena del núcleo político del “mensalão” aumentaría en forma ganeralizada la percepción de riesgo asociada a desvíos de la conducta en la vida pública. Un eventual absolución tendría el efecto inverso.

En la hipótesis de la condena, es importante saber cuál sería la reacción del PT y del conjunto de fuerzas que gravita en su entorno. ¿Acatarían la decisión del STF como parte del funcionamiento normal de las instituciones – y que siga el juego como se dice en Brasil – o la tomarían como prueba de la tesis de que el partido es víctima de un cerco de la “derecha golpista”, que ataca ora a través de los medios,  ora por el parlamento, ora , y esto sería novedad, por el poder judicial?

Ha sido el sonsonete repetido desde que, siete años atrás, el escándalo se hizo público, por la acusación no de la oposición, si no de uno de los líderes de los partidos aliados del gobierno. ¿Estará el partido dispuesto a radicalizar su discurso, ahora incluyendo al STF en el rol de los sospechosos de una supuesta conspiración contra el PT?

Parace improbable que un partido que ocupa la Presidencia de la República vaya a seguir ese camino de obstinación con la instancia mayor del Poder judicial, que, además, cuenta con más prestigio en la sociedad que todos los partidos políticos. No se debe, sin embargo, minimizar el simbolismo de una eventual condena de José Dirceu y José Genoíno, líderes históricos del PT, íconos de la izquierda brasileña, que sufrieron tortura y prisión durante la dictadura militar. Para el PT será un puñetazo en el estómago verlos condenados, sobretodo a penas privativas de libertad, cuando ningún otro político en la historia de este país tuvo antes la misma suerte.

Para complicar más la cosa, una eventual condena jurídica de Dirceu y Genoíno equivaldría a una condena moral del gobierno de Lula, aunque el expresidente no esté entre los acusados. Lula sabe que ése no es un dato político menor, por más que su impacto electoral sea dudoso. No por nada, al salir de la presidencia, declaró que se dedicaría a demostrar que el “mensalão” fue una farsa montada con el propósito de derrumbarlo.

Si el STF dice lo contrario, ¿cómo reaccionará el expresidente? ¿cederá a la tentación populista de atribuir el revés jurídico a la “conspiración de las élites”? ¿o entenderá que la derrota política, en este caso, es una victoria parcial pero importante de la democracia brasileña?

La respuesta a esas preguntas, si llegan a ser formuladas por la realidad, tendrá efectos profundos y duraderos sobre la dinámica política en Brasil. En las próximas semanas, una parte de la historia brasileña será escrita (o por lo menos esbozada).