Infolatam Efe
Buenos Aires, 1 agosto 2012

“El que toma una deuda se vuelve esclavo del que presta”, una frase bíblica que Argentina se ha tomado a pecho en los últimos años, con una política para bajar drásticamente sus compromisos externos que culminará esta semana con el último pago de bonos Boden 2012.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, aprovechará el aniversario de la Bolsa de Buenos Aires, mañana, para dar detalles de la cancelación del último pago de bonos de la crisis de hace diez años, un nuevo paso en el sendero del desendeudamiento.

Será el próximo viernes cuando Argentina cancele el último pago, por un total de 2.281 millones de dólares, de los Boden 2012, títulos públicos emitidos en julio de 2002, en plena crisis financiera, para ser entregados a los clientes bancarios cuyos depósitos quedaron atrapados en el denominado “corralito”.

El Gobierno de Cristina Fernández ha calificado este pago como un acto de “independencia económica”, el fin de un ciclo donde ha tenido que distraer millonarios recursos para saldar deudas contraídas hace décadas.

El peso de la deuda pública argentina en relación a su PIB pasó del 13,8 %, poco antes del inicio de la dictadura, en 1976, al 46,6 % en 1983, cuando el país regresó a la democracia.

Para cuando estalló la crisis, en 2001, la relación era del 128 % (114.000 millones de dólares), pero no fue hasta 2004 cuando la deuda tocó un récord de 191.000 millones de dólares, equivalente al 126 % del PBI.

Al cierre de 2011, la deuda pública neta argentina ascendía a 83.000 millones de dólares, un 19 % del PBI.

Parafraseando la cita bíblica, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ha afirmado que la “política de desendeudamiento” tiene por objetivo “tomar decisiones con absoluta libertad”.

Pero fue en realidad el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) quien acuñó a finales de 2005 la idea de que, bajando la deuda externa, se ganaba “grados de libertad para la decisión nacional”.

Lo hizo al anunciar la cancelación en un sólo pago y con reservas monetarias de toda la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, unos 9.500 millones de dólares, una medida que causó gran polémica en su momento.

Pocos meses antes, Argentina había reestructurado la mayor parte de la deuda por 102.000 millones de dólares en manos de acreedores privados declarada en mora a finales de 2001.

Empresarios argentinos pidieron hoy al Gobierno de Cristina Fernández que flexibilice los controles al dólar impuestos en los últimos meses una vez cancele este viernes el último pago de los Boden 2012, títulos públicos emitidos hace una década, en plena crisis financiera.

El presidente de la Unión Industrial (UIA), José Ignacio de Mendiguren, señaló que le “parecieron exageradas las medidas para cumplir con el plan de desendeudamiento” y advirtió que “provocan que se posterguen decisiones económicas”, en declaraciones a Radio 10.

De Mendiguren reconoció que “existe la expectativa de que se modifiquen (los controles) con el pago del Boden 2012″ y opinó que el cambio sería favorable para “serenar la economía argentina” ya que, a su juicio, “no hay problemas estructurales para que exista esta sensación de crisis fuerte”.

El titular de la UIA añadió que “Argentina está en condiciones de generar dólares, pero ha privilegiado el desendeudamiento, una política que tiene su parte positiva y a veces da sensación de crisis, que para mí no existe”.

El Gobierno argentino ha aprobado fuertes restricciones cambiarias como parte de una política para “desdolarizar” la economía y reducir la deuda externa del país, que ha pasado del 128 por ciento del PIB en 2001 al 19 por ciento en 2011.

El vicepresidente de la UIA, Cristiano Ratazzi, declaró al diario El Cronista Comercial que “siempre que hubo desdoblamiento cambiario no fue bueno”, en referencia al auge de un mercado negro en el que el dólar se cotiza a un precio muy superior al cambio oficial.

Por su parte, Jorge Marcotegui, director del Coloquio Industrial, un foro que reunió esta semana a los más importantes empresarios del país en la ciudad de Córdoba, reclamó al Gobierno “previsibilidad, reglas claras, un mercado genuino de capitales y un sistema impositivo que aliente la actividad”.

El Gobierno de Fernández impuso las primeras restricciones cambiarias en noviembre de 2011, pero las medidas se endurecieron el mes pasado, cuando se prohibió la compra de divisa extranjera para atesoramiento y para la adquisición de inmuebles y aumentaron los controles a quienes solicitaban dólares para salir de viaje.