Infolatam
Montevideo, 18 julio 2012
Por Nelson Fernández Salvidio

(Especial para Infolatam).- Desde la segunda mitad de los años noventa, José Mujica es uno de los dirigentes políticos que logra mayor simpatía entre los uruguayos. Gran parte de ese tiempo ha estado al tope de las preferencias, alternando con Tabaré Vázquez. Ambos son los dos hombres de la izquierda uruguaya que llegaron al vértice del gobierno de este país.

Su popularidad ha bajado pero sigue siendo alta, pero eso no le alcanza para que los uruguayos lo reconozcan como buen presidente.

Asumió el 1° de marzo de 2010 con un discurso conciliador, con claridad de objetivos políticos para su mandato y con la oferta a la oposición de buscar acuerdos amplios para concretar obras de infraestructura necesarias para garantizar crecimiento económico, mejoras en la seguridad pública, la salud y la educación –en este caso con fuerte acento- así como para impulsar un plan de viviendas combinado con medidas de integración social para familias en estado de extrema pobreza.

Los primeros meses fueron para diseñar un presupuesto que contemplara recursos para esos objetivos. Y luego, al momento de las concreciones, todo ha sido lento, confuso, enredado …

Actualmente, el gobierno tiene poco para mostrar en materia de obras, de logros concretos de su gestión, de reformas concretadas (o encaminadas).

Hasta este jueves 19 de julio de 2012, ha pasado 48 por ciento  del período de gobierno, pero  del plazo restante, hay que descontar el tramo final de campaña electoral y el de transición a un gobierno siguiente, por lo que en los hechos, faltan tantos días como han pasado de esta administración.

A Mujica se le critica que habla mucho, pero hace poco. El problema es que no sólo se trata de falta de acción, sino que al hablar, también Mujica tiende a enredar propuestas de gobierno, o a anunciar planes que no tiene acordado en la interna y mucho menos, definido realizar efectivamente.

Las dudas sobre la gestión van creciendo y en voz baja se expresan incluso dentro de sus filas, por aquellos hombres del gobierno que lo acompañan de largo tiempo, hasta de horas de lucha revolucionaria.

La economía se desacelera, y pese a los vaivenes internacionales que condicionan la producción local, es ya se sabía que venía como tendencia local.

El propio presidente Mujica había advertido al inicio de su gestión, que para seguir creciendo a tasas altas como años anteriores, el Uruguay precisaba incrementar su infraestructura. Para eso se diseñó un plan novedoso, que comprendió una ley que habilitar nuevo régimen de asociaciones del Estado con inversores privados. A esa ley se le dio cierto carácter de urgencia, con la expectativa que no sólo serviría para mejorar rutas, puertos, logística, sino que tendría también impacto social, con una cárcel nueva y moderna que sustituyera algunos centros de reclusión que más que rehabilitar a delincuentes sirven para especializar en el delito y para aumentar adicción a drogas pesadas.

Pero poco se ha avanzado en eso. Están los recursos, estuvo el interés de privados incluso extranjeros para participar en los negocios y financiar grandes obras, y estuvo a tiempo el marco legal para esas fórmulas. Pero la puesta en marcha del régimen Participación Pública Privada (PPP) quedó estancada y nadie ha explicado bien por qué pasó eso.

El combate a la inseguridad, al incremento de delitos, también fue fijado como prioridad, pero el mensaje sobre implementación de planes es muy confuso.

Este jueves 19 de julio vence el plazo de “un mes de reflexión” que pidió el presidente Mujica sobre el aumento de la violencia, pero en ese lapso, el gobierno no organizó ni un debate, ni un foro, ni un encuentro de análisis que encajara en ese planteo del primer mandatario.

Hubo sí un anuncio de un paquete de medidas de seguridad, muchas de las cuales eran “de derecha”, como se percibía en la interna del gobierno por enfocarse en mayor represión policial y judicial, compensadas en parte con una medida fuerte “de izquierda”, como la legalización de producción y comercialización de la marihuana.

El mensaje fue enredado y quedó focalizado en la marihuana, con un plan sumamente complejo que no llegó a trasladarse en texto para su discusión, y que en algún momento el propio Mujica dio a entender que quedaba por el camino. Pero no era así. O si.

Mujica aparece ante la gente como bien intencionado, como preocupado por los problemas del país y con voluntad de atenderlos y procurar una solución. Aparece como un hombre honesto que pone los intereses del país sobre los propios y que no aprovecha el poder para beneficio de gente de su entorno.

Eso, la gente se lo valora.

Pero también le exige que gobierne bien: que gobierne. Que deje a un lado el estado deliberativo para tomar decisiones y ejecutarlas. Que está bien que done parte de su salario para financiar viviendas para los pobres, pero que las casitas se vean, y sean habitadas. Le exige una calidad de “ejecutivo”, que a Mujica le cuesta asumir.

Se le va el tiempo, y muchas veces sus opiniones públicas parecen como emitidas por un dirigente político que no asumió el cargo y responsabilidad que tiene. Eso, la gente lo nota.

La popularidad de Mujica, la expresión de simpatía de los uruguayos hacia su persona, ha bajado un poco pero se mantiene alta. Pero la aprobación de su gestión bajó más fuerte, y quedó en 40%, casi al mismo nivel de la porción de los uruguayos que desaprueba su trabajo como presidente. Y en ese 40% debe jugar la simpatía que genera, no todo eso es expresión de buena valoración de lo que hace.

Resta la mitad del mandato, para que el presidente uruguayo pueda reaccionar y traducir sus ideas a un plan de acción concreto y posible de implementar a tiempo. La mitad del período para redefinir objetivos puntuales y una estrategia para cumplirlos. Justo eso es lo que más le cuesta a Mujica.

En su entorno político tiene funcionarios y dirigentes que lo pueden ayudar en esa tarea. Tiempo para hacerlo, tiene.