Infolatam/Efe
El Paso (Texas, EE.UU.), 18 de julio de 2012

Familias enteras de hasta veinte miembros, algunas incluso escoltadas por la Procuraduría General de la República de México, llegan hasta la frontera estadounidense, donde piden asilo político y esperan poder refugiarse de la violencia que sufren en su país.

“Las peticiones de asilo político han cambiado radicalmente: Anteriormente solicitaban asilo individuos que tenían problemas políticos y en algunos casos de inseguridad, mientras que ahora son familias enteras”, explicó a Efe el abogado de inmigración Carlos Spector, que dice representar a unas 70 familias en esa situación.

Aunque en los últimos años y por primera vez en décadas la migración neta entre ambos países favorece a México (entra de EE.UU. más gente de la que sale hacia ese país), Spector asegura que cada vez se ve a más familias pidiendo asilo por miedo a la violencia en su país.

“Estamos representando a familias enteras que han perdido a algunos de los suyos en México o que han sido amenazados de muerte o secuestrados”, dijo Spector, que durante una entrevista relató el miedo y enojo que detecta en estos mexicanos, que se han visto obligados a abandonar todo lo conseguido en sus tierras.

Uno de los casos más recientes que ha asumido es el de los Porras, naturales de Villa Ahumada, en el estado mexicano de Chihuahua. Veinte de ellos llegaron hace tres semanas a la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EE.UU.) escoltados por personal de la Procuraduría General de la República de México, después de que dos de sus miembros fueran asesinados.

“Este caso es emblemático, porque es la mayor familia que recuerdo que haya salido con tantos miembros de México para refugiarse en EE.UU.”, aseguró Spector.

Spector coincide con otros abogados de inmigración en que este éxodo de familias se debe a que los cárteles, en complicidad con autoridades municipales, estatales o federales, hostigan a familias enteras en los pueblos en su lucha por el poder.

Según explicó a Efe Héctor Porras, uno de sus miembros, la familia fue amenazada y sus bienes saqueados frente a agentes de la Policía ministerial, “sin que éstos hicieran nada”, después de que su hermano Rodolfo, al que una banda criminal trató de extorsionar, se negara a pagar la “cuota” por explotar su propio negocio.

“Los criminales trabajan libremente porque el Gobierno y sus agencias policíacas permiten la impunidad”, manifestó.