América Latina, la nueva centralidad
El País (España)
Madrid, 15 julio 2012
Por José Antonio Llorente
Una buena parte de la respuesta que explicaría la emergencia de América Latina como un área del planeta que ha ido deviniendo en un mercado de expansión y desarrollo de las economías más evolucionadas tendría que ver más con la geopolítica que con un análisis estrictamente financiero. De una parte, el tirón de China como nueva potencia mundial que presenta registros espectaculares en el crecimiento de su PIB, ha situado al continente americano en una franja estratégica, entre el Pacífico y el Atlántico. De otra, la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en el modelo de prioridades norteamericanas. Obama ha sido, y está siendo, el menos atlantista de los inquilinos de la Casa Blanca desde el final de la II Guerra Mundial. La combinación de ambas circunstancias históricas ha introducido a Europa en cierto margen periférico.
Pero la centralidad del espacio latinoamericano no se explica solo ni principalmente por factores exógenos, sino también por los endógenos: el dinamismo de las principales sociedades latinoamericanas y las profundas transformaciones socioeconómicas y políticas de determinados países-líderes en la región. El grupo —bien diferente entre sí, pero con un enorme efecto estabilizador— que integran Brasil, Chile y México, es un elemento decisivo del análisis del carácter céntrico de la América del Sur, al que debe añadirse la seriedad y profundidad del proceso de reinstitucionalización y pacificación interna de Colombia. La exuberancia de Panamá, el constante asentamiento de Perú y la solvencia de países pequeños pero seguros como Costa Rica y República Dominicana componen un cuadro de situación francamente gratificante. Es verdad que otras naciones latinoamericanas introducen desajustes en una descripción homogénea de América Latina —Venezuela y la incógnita del chavismo; Cuba y su futuro tras Fidel Castro; Argentina y su peculiar gestión gubernamental y social; Bolivia y el indigenismo—, pero una visión de conjunto proyecta una imagen con muchas más luces que sombras.
En América Latina, cuyas naciones se sienten plenamente propietarias de su futuro, rechazan tratamientos paternalistas, desafían aspiraciones de tutela externa y pelean por un estatuto internacional que reconozca sus capacidades presentes y sus potencialidades futuras, se dirime una esencial batalla por el liderazgo regional. A él aspira el inmenso Brasil, que ha de competir con México, pero por el que valora pujar también Estados Unidos tras su desalentada retirada hace dos décadas. Para Norteamérica, el Cono Sur americano no es ya el patio trasero que requería solo vigilancia y control. La profunda penetración hispana en Estados Unidos —casi 50 millones de hispano hablantes, con lo que conlleva de mezcla cultural e impacto político— y la apertura de unos mercados demandantes, no ya solo de mercancías, sino de productos sofisticados (tecnología) con gran valor añadido, parece estar sacudiendo las convenciones y tópicos que ha encarcelado en el pasado reciente la política exterior de la Casa Blanca respecto de sus vecinos del sur, muy versátiles, a mayor abundamiento, en sus relaciones con la República China, que les requiere de manera progresiva una amplia gama de materias primas.
En ese escenario prometedor —ciertamente no exento de riesgos como hemos podido comprobar recientemente en Argentina y Bolivia y, antes, en Venezuela— España desempeña un papel específico y decisivo. Específico porque la vinculación con los países latinoamericanos aporta de una solidez histórica reforzada por la comunidad idiomática —en el caso de Brasil, el español y el portugués conviven con facilidad y préstamos recíprocos— y la afinidad cultural y de hábitos. Y decisivo porque tanto por lo anterior como por el entendimiento entre aquellas sociedades y esta hacen de los países latinoamericanos el espacio natural de la internacionalización de nuestras empresas y conforman los mercados en los que España podría relanzar sectores productivos importantes impulsando las exportaciones.
La presencia española en Latinoamérica no es un ideal, sino una realidad pujante. La banca española ha cuantificado su negocio allí en más de 600.000 millones de euros. Las dos grandes entidades —Santander y BBVA— obtienen entre el 50% y el 68% de su beneficio, especialmente en los mercados financieros de Brasil y México. La bancarización de América Latina constituye una expectativa verdaderamente prometedora para el sistema financiero español, lastrado ahora —más allá de lo razonable— por los ratings que disciplinan con dureza el riesgo-país del Reino de España. En fecha tan cercana como 2015, los países latinoamericanos constituirán el mercado preferente de sectores españoles muy cualificados: no solo la banca. También el sector energético (Repsol, Iberdrola, REE, GN-Fenosa), el constructor (ACS, FCC, Acciona) y el gestor de infraestructuras (Ferrovial, OHL, Abertis), entre otros. Por no citar —por obvia— la fundamental presencia de Telefónica en todo el espacio de la región. El conjunto de las empresas del Ibex obtiene más del 22% de sus ventas en los mercados latinoamericanos y la tendencia, lejos de frenarse, es creciente. Se concitan incertidumbres, desde luego, pero parecen ser muchas más las certezas que las dudas.
La consolidación de la centralidad económico-empresarial latinoamericana requiere, sin embargo, de algunos desarrollos cualitativos, tanto de orden político como jurídico. España —y no solo España— ha de despojarse de cualquier tentación hegemonista. Ni siquiera estamos en condiciones de considerarnos un país que sea primus inter pares respecto de cualquiera de los latinoamericanos. España tiene carácter referencial en lo cultural e histórico y su inserción europea le procura una servidumbre y una oportunidad a la vez: constituirse como puerta de entrada al mercado de la Unión Europea pero siempre y cuando nuestra política exterior sea capaz de marcar los vectores fundamentales de la relación de la UE con Latinoamérica. Todo un reto para el que serán siempre útiles las Cumbres Iberoamericanas, a condición de que se depuren de retórica y ahonden en políticas coordinadas, acuerdos sólidos y detección de nuevos espacios para oportunidades de colaboración. En ese contexto de renovada mirada al conjunto iberoamericano ha de celebrarse el próximo mes de noviembre la Cumbre de Cádiz.
En el orden jurídico, la asignatura pendiente de algunas naciones latinoamericanas consiste en la garantía de que sus mercados funcionen bajo el imperio de la previsibilidad que implica la seguridad jurídica. La inversión requiere certidumbres y seguridades que vinculen por igual a los Gobiernos y a las empresas. Esto es, la conformación de unas reglas de juego que proscriban la arbitrariedad y no quiebren el esquema que requieren los proyectos industriales y las apuestas financieras, que consisten en la tranquilidad de que el medio y el largo plazo no se verá alterado por arbitrismos, veleidades o debilidades de los sistemas jurídico-políticos de estos países. Si las naciones latinoamericanas caminan determinadas hacia la consecución de ese logro —definitorio de las democracias solventes— el avance inmediato será de gigante.
España y los países de esa céntrica Latinoamérica registran —quién lo diría— un déficit extraordinario de comunicación recíproca, entendida esta como un instrumento de gestión del conocimiento de sus respectivas realidades. La labor previa a la entrada en mercados alternativos —más aún cuando se cree conocerlos inercialmente— consiste de forma imprescindible en aplicar inteligencia empresarial a través de la comprensión de la dinámica interna de los países de destino. La comunicación, por una parte, y la implementación de políticas de retornos sociales tangibles en estos países todavía con bolsas de pobreza e infradesarrollo importantes son los dos factores clave del éxito. Si así se hace, uno de los espacios del planeta más fértil para el desarrollo y la internacionalización de nuestra economía es, sin duda, el conjunto de países latinoamericanos que con el nuevo siglo —por méritos propios y por transformaciones geoestratégicas— se han constituido en la gran franja central (entre Asia y Europa) para la economía del siglo XXI.
Artículo publicado en El País. España




























16 julio 2012 a las 04:34
Sr. Llorente, para entender la nueva centralidad de la cual habla, creo que seria bueno que conociera lo que esta sucediendo en la región sobre el Tema del Mercosur y Unasur, con la isla democrática del Sur el Paraguay. Le transcribo un pronunciamiento:
Los ex Representantes Permanentes del Paraguay ante organizaciones internacionales multilaterales y de integración, Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, Organización de los Estados Americanos, Organización Mundial del Comercio, Asociación Latinoamericana de Integración, Mercado Común del Sur, ante medidas adoptadas en el ámbito subregional del MERCOSUR, así como ante las “gestiones” cumplidas por altos funcionarios de gobiernos de la región en el marco de la UNASUR, y la decisión de este organismo, todas ellas en respuesta a la aplicación del artículo 225, sección VI, del Juicio Político, de la Constitución Nacional, por el Poder Legislativo, que concluyera con la separación del cargo del hasta entonces Presidente de la República, cumplida con estricto apego a la normativa constitucional,
Declaran
Que, la decisión de suspender al Paraguay en el MERCOSUR, “en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático”, fue adoptada por los Jefes de Estado Argentina, Brasil y Uruguay en abierta violación del artículo 4º de dicho Protocolo, que consagra que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del Protocolo de Ushuaia los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.
Que, a fin de preservar la institucionalidad jurídica del MERCOSUR, la decisión adoptada por los Estados Partes debió ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 4º y 5º del Protocolo de Ushuaia.
Que, el procedimiento enunciado no ha sido respetado, y al Paraguay no se le dio la oportunidad de ser escuchado como Estado afectado.
Que, a las acciones adoptadas por los Estados miembros del MERCOSUR, se sumó la UNASUR, y que debido a las acciones cumplidas en Asunción por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, éstos incurrieron en graves contravenciones de disposiciones de la propia Carta de las Naciones Unidas, como el artículo 1, inciso 2, y el artículo 2, inciso 7, ambos referidos a principios de no intervención y autodeterminación; principios del derecho internacional que regulan las relaciones entre los Estados.
Que, la incorporación del inciso 7 en el artículo 2 de la Carta de la ONU, se constituyó en principio imperativo del derecho internacional mediante iniciativa y decidida acción de los países de América Latina en 1945, por lo que resulta aún más deplorable que países de la región se aparten de su observancia.
Que, la Resolución 2131 (XX) de 1965 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía”, en el artículo 1 condena todas las “formas directas o indirectas de injerencia atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos o culturales que lo constituyen…”. En el artículo 2 expresa “Ningún estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden”.
Que, instrumentos jurídicos internacionales en el ámbito del Sistema Interamericano consagran que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo con el objetivo de “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Que, los hechos enunciados constituyen una flagrante violación de principios y normas del Derecho Internacional y de compromisos asumidos por los Estados en instrumentos internacionales que los vinculan, notablemente la Carta de las Naciones Unidas, los tratados regionales y subregionales (MERCOSUR y UNASUR), así como la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
Por tanto,
Rechazan la decisión sobre la suspensión del Paraguay en el MERCOSUR, “en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático”, cuya normativa aplicable fue violentada, así como también la decisión adoptada sin contar con base jurídica alguna por la UNASUR; el Protocolo conocido como Ushuaia 2 no se encuentra en vigor en los países integrantes de la UNASUR.
Rechazan cualquier forma de intervención en los asuntos internos del Paraguay.
Expresan su convencimiento de que el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático es un instrumento jurídico válido y esencial para la consolidación y mantenimiento de la democracia en la región, y que asimismo es aplicable a los gobiernos que en el ejercicio de sus funciones se deslegitiman por conductas contrarias a los principios democráticos.
Confían en que las autoridades nacionales recurrirán a las instancias correspondientes para la defensa de los derechos e intereses del Paraguay, y que en el ámbito bilateral se aplicarán los usos y prácticas diplomáticas, en el marco de la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.
Embajador Antonio Salum F. Embajador Luis González Arias Embajador Gilberto Caniza S.
Embajador Eladio Loizaga Embajador Alfredo Cañete Embajador Efraín D. Centurión
Embajador Antonio Félix López Embajador Jorge Figueredo Fratta
Eladio Loizaga, Ex Embajador ante la ONU y OMC, Ginebra y Nueva York