Infolatam
Madrid, 8 julio 2012

Por distintos y variados motivos, en absoluto comparables, Jorge Videla y Luis Inácio Lula da Silva han sido noticia en América Latina esta semana. Videla por su condena a 50 años de cárcel tras el proceso por la desaparición continuada de bebés durante la última dictadura militar. Lula por su decidido apoyo a Hugo Chávez en un discurso remitido al Foro de Sao Paulo celebrado en Caracas.

La condena a Videla, al ex dictador Reynaldo Bignone y a otros connotados represores de entonces, como Santiago Riveros, Antonio Vañek o Jorge “el Tigre” Acosta, supone un justo punto final en un juicio originado en actuaciones aberrantes de los militares argentinos y sus compañeros de ruta. Durante el mismo se vio a un Videla soberbio e incapaz de arrepentimiento, convencido de que sigue luchando contra los molinos de viento de la subversión. Como ocurrió cuando gobernaba el país con mano de hierro, su pose hierática no dejó aflorar la piedad y la humanidad en ningún momento.

Las muestras de euforia que rodearon la condena a Videla y sus cómplices no deben hacernos olvidar que la larga marcha por el imperio de los derechos humanos en Argentina comenzó bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Sin el empuje político a los juicios contra las juntas militares, estos no se hubieran producido. Treinta años después de la dictadura, llevar a los torturadores al banquillo es más sencillo y supone menores riesgos políticos que en la década de 1980. En aquella época la corporación militar contaba, y mucho, algo que ahora no sucede.

Entonces era muy probable, como ocurrió, que la profundización de los juicios y las condenas salpicaran a muchos militares en activo. Esto explica las sublevaciones castrenses contra el orden democrático. También un retroceso del gobierno radical en su política de derechos humanos con la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El indulto de Menem insistió en esta deriva pero no borró todo lo que se había hecho bien en la materia. Por eso, resulta cuanto menos frustrante la maniobra de los gobiernos Kirchner, de éste y los anteriores, de colgarse todas las medallas en este espinoso problema. Sin su decisión política esto no se habría logrado, pero ella sola es insuficiente si no se consideran los importantes precedentes del pasado.

Lo de Lula es una historia totalmente distinta, más relacionada con la capacidad de muchos políticos de decir una cosa y la contraria sin ruborizarse lo más mínimo. Si un Lula se presenta ante el mundo civilizado y sus pares internacionales como un gran demócrata y un defensor de las libertades en su país, el otro Lula, en el mensaje al foro de Sao Paulo, equipara su gobierno y el de todos los gobiernos “progresistas” latinoamericanos con la Cuba de Fidel Castro.

Es curioso que en su alocución sólo nombre a la democracia en dos oportunidades y en ningún momento se refiriera a la profundización de las libertades civiles y democráticas. Sus alusiones en este sentido se vinculan en primer lugar a Honduras y Paraguay, cuyos ejemplos muestran por qué hay que profundizar en ella (pero no en Cuba, Nicaragua o Venezuela) y finalmente, al equiparar a Hugo Chávez con un gran demócrata.

Años atrás, en ocasión de otra elección venezolana, Lula dijo que Chávez era el mejor presidente de su país en el último siglo. Hoy insiste en una valoración semejante. Pareciera que en la óptica de Lula la proyección internacional de Brasil debería estar más ligada a la defensa de sus intereses económicos (cada vez más importantes en Venezuela y Cuba) y menos a defender valores y promover la democracia. Por eso, para que Brasil ocupe el lugar que merece en el continente en función de su potencial, sería bueno que impulsara una política regional mucho más coherente en materia de derechos humanos, que no se limitara a proteger a los gobiernos “amigos”.