Madrid, 3 julio 2012
Por Carlos Alberto Montaner

Lo probable es que la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo sea irreversible. El chavismo carece de razones y fuerza para reponerlo en el poder. Los cinco mandatarios de Alba podrán desgañitarse gritando y amenazando, incluso acompañados por Mercosur y algún otro engendro diplomático, pero es muy difícil que esas protestas tengan éxito. Es sólo pataleo.

No hay duda de que la letra de la constitución paraguaya de 1992 legitima y ampara lo sucedido. Tampoco de que el juicio fue demasiado expedito, pero la ley no establece el tiempo que debe durar el pleito. El artículo 225 dice, simplemente, que las dos terceras partes del Congreso pueden pedir el enjuiciamiento político del Presidente, y las dos terceras parte del senado, tras escuchar los alegatos en pro y en contra, tienen la potestad de expulsarlo del poder por gobernar indebidamente.

¿Por qué, si el asunto es tan claro, algunos gobernantes demócratas, como el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera reaccionaron con cierta sorprendente vehemencia contra una decisión soberana del senado paraguayo, perfectamente ajustada a Derecho?

Hay tres razones.

La primera, es que a los presidentes les pone muy nerviosos que se expulse del poder a un colega, ya sea por las buenas o por las malas. Existe el muy humano temor al contagio. Hablar de impeachment a cualquier presidente es mencionar la soga en casa del ahorcado.

La segunda, es que Fernando Lugo es una persona agradable y amistosa con quien se reunían frecuentemente en cumbres o visitas bilaterales. En esos encuentros se crean vínculos afectivos que trascienden los lazos oficiales. No estaban respaldando al presidente extranjero víctima de una arbitrariedad, sino al amiguete en desgracia. Dentro de los valores de la cultura iberoamericana la lealtad personal tiene tanto peso como los argumentos jurídicos.

La tercera razón es la consecuencia de la intimidación mediática del chavismo. La capacidad de la izquierda carnívora para desacreditar a sus adversarios es temible. Ningún político quiere ser acusado de “fascista o golpista al servicio del Imperio”. Es mucho más seguro posar de progre.

Al chavismo todavía le quedaba la “carta brasilera” para tratar de desestabilizar al nuevo gobierno paraguayo del Dr. Federico Franco –un joven y prestigioso médico vinculado al viejo partido de los liberales–, pero parece que la presidente Dilma Rousseff no se dejará arrastrar en esa peligrosa dirección y limitará sus quejas al ámbito retórico.

Es natural. Los brasileros hace unos años vivieron algo parecido cuando expulsaron del poder al presidente Collor de Mello. Por otra parte, Brasil y Paraguay comparten intereses comunes en la enorme central hidroeléctrica de Itaipú –una de las mayores usinas del planeta—, mientras hay un grupo importante de inversionistas brasileros instalados en el país vecino. Carece de sentido poner en riesgo esos valiosos vínculos por defender una causa injusta y, sobre todo, perdida.

¿Cómo juzgará la historia al ex presidente Fernando Lugo? A mi juicio, de manera benévola. Pese a su simpatía por los disparates de la Teología de la Liberación, no fue un gobernante extremista, ni afilió a su país al coro delirante del chavismo, ni nadie lo ha acusado con pruebas de actos de corrupción. Además, abandonó el poder pidiendo hidalgamente que no se le apliquen sanciones económicas a su país porque eso afectaría a los paraguayos más pobres. Eso lo honra.

Si Lugo es culpable de algo, no obstante, es de una absoluta falta de instinto político. Es inconcebible que un mandatario cuya popularidad apenas rozaba el 30%, sabedor de que ninguno de los grandes partidos del país lo respaldaba, no hubiera cuidado al aliado que lo llevó al poder, el Partido Liberal Radical Auténtico. Lugo se enemistó con todos, y todos, en su momento, le pasaron la cuenta. No entendió que gobernar en democracia es negociar y forjar consensos. Le faltó cintura política.

Le sobró, en cambio, la otra cintura. Sus mayores faltas pertenecen al ámbito privado, no por haber violado el voto de castidad –una extraña limitación genital que sólo le afectaba a él y escandalizaba a sus correligionarios–, sino por la censurable conducta de no haberle hecho frente responsablemente a un par de casos en los que sus amoríos tuvieron consecuencias. Eso no se hace, especialmente en un país en el que los hogares monoparentales son sinónimo de pobreza. Es algo muy feo.