Infolatan

(Informe especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Guatemala afronta una vez más, las tercera en los últimos 18 años, un intento de reforma de su constitución, elaborada en 1985.  El gobierno de Otto Pérez Molina se ha puesto al frente de una iniciativa de reforma sobre la que no hay consenso en torno a si debe impulsarse mediante una reforma constitucional desde el actual legislativo o convocando una Asamblea Constituyente.

La reforma de la Constitución de 1985 es un viejo proyecto del actual presidente que ya lo planteó en 2006, durante la campaña que le enfrentó a Álvaro Colom. Ya entonces hablaba de “refundar el Estado de Guatemala” y acabar con “la politiquería” reduciendo el número de diputados y dando autonomía a los poderes locales.

Esta propuesta, que algunos vieron como el camino para permitir una reelección, no tuvo tanto peso durante su campaña de 2010 pero ahora ya como presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina la ha reactivado al plantear la necesidad de una “reforma constitucional profunda” que abarque los ámbitos de seguridad, justicia, partidos políticos, legislativo y fiscal.

La propuesta de reforma constitucional

“Insto a los guatemaltecos a que se sumen al llamado por una reforma constitucional profunda, que nos abra el camino hacia la Guatemala del siglo XXI”, fue el mensaje que lanzó el Presidente ante el pleno del Congreso el pasado 27 de mayo.

La idea presidencial tiene carácter de suma urgencia pues, en palabras del Jefe de Estado guatemalteco, representa una medida para evitar el quiebre de este Estado centroamericano: “los cambios a la Carta Magna son necesarios para evitar una crisis a futuro en el país, por eso se debe llegar a acuerdos cuanto antes”.

Pérez Molina, que asumió el cargo el pasado mes de enero por un periodo de cuatro años, hizo el planteamiento durante un discurso por el 27 aniversario de la Carta Magna de 1985, con la que se puso fin al régimen militar.

A la hora de llevar a cabo este cambio, Otto Pérez Molina parece no querer convocar una Asamblea Constitucional, ya que “el pueblo rechaza una Asamblea Nacional Constituyente, porque no desea asistir nuevamente a elecciones”.

Su propuesta es cambiar la parte orgánica de la Carta Magna, del Artículo 47 en adelante, para lo cual no se requeriría convocar a una Constituyente. Sus propuestas, que llegarán a la cámara el próximo 2 de julio, se enfocarán en seguridad y justicia, transparencia, solidez fiscal y cambios en la parte política, temas que podrán aprobar los legisladores.

Es “inaceptable” no hacer los cambios del texto constitucional porque “significa hipotecar el desarrollo de Guatemala”, ha dicho Pérez Molina.

De acuerdo con el Presidente, el primer bloque de reformas incluiría temas de seguridad y justicia, pues “todos demandamos justicia pronta y cumplida, porque queremos vivir en paz”. Mencionó controles “en un Estado moderno” para evitar delitos como el enriquecimiento ilícito y que se pueda castigar a los funcionarios para que no se considere el erario público como un botín.

La reforma constitucional contemplaría una reforma política a fin de que las campañas no sigan siendo financiadas por sectores privados, sino por el Estado. Sus reformas incluyen fijar un número menor de diputados, que los distritos sean uninominales  y que los gobernadores departamentales sean electos por la población.

Pérez Molina apunta además a una modernización fiscal “que responda a las necesidades de Guatemala, que cuenta con un 50 por ciento de habitantes que vive en pobreza y pobreza extrema”.

Analistas como Gustavo Berganza en el diario El Periódico concuerdan en que no sería necesaria una Asamblea Constituyente: “salvo que se quiera derogar el renglón que prohíbe modificar los artículos pétreos, y con ello cambiar el carácter del Estado guatemalteco, instaurar la reelección presidencial y limitar derechos, las modificaciones que se requieren para hacer más funcional al Estado pueden hacerse en el Congreso de la República”.

Y Alejandro Balsells, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución, aseguró al diario Prensa Libre que “de los artículos 3 al 46 debe ser por medio de una asamblea constituyente, siempre que el Congreso decida qué artículos se tienen que reformar. Todo lo demás es una decisión del Congreso”.

Añade que “hablar de una asamblea constituyente con las reglas electorales vigentes es un absurdo, porque es la integración de otro cuerpo paralelo en el Congreso, con las mismas reglas, la misma forma de elección y el mismo sistema de financiamiento y nivel de intermediación de los partidos políticos … lo ideal sería que primero se reformara la Ley Electoral y después tocar la reforma constitucional”.

La propuesta de una Asamblea Constituyente

Si bien el debate acaba de empezar parece evidente que no va a haber consenso entre las fuerzas políticas para encarar la reforma. Pérez Molina expresó estar abierto al diálogo (“se analizarán las propuestas que se reciban para incluirlas en la iniciativa que se presentará, ya que estamos enfocados en la transparencia, seguridad y justicia, como también en la reforma política enfocada en la reforma de la Constitución Política de la República”), pero son evidentes las discrepancias entre las fuerzas políticas.

La oposición, en especial la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), apuesta por una iniciativa de ley que busca convocar Asamblea Nacional Constituyente para realizar reformas a la Carta Magna.

El rival de Pérez Molina en las elecciones de 2011, Manuel Baldizón, apoya la propuesta del presidente de reformar la Constitución del país (“el líder nacional de la oposición le dice (a Pérez Molina): Aquí está la mano de Manuel Baldizón y de todo el equipo para que juntos cambiemos Guatemala y reformemos el Estado”).

Pero su idea es convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que debería ser elegida por medio del voto popular (“para modernizar un Estado se requiere de una Asamblea Nacional Constituyente”).

Esto ha provocado un rechazo de plano del gobierno.

Pérez Molina ha criticado las propuesta de LIDER, grupo con el cual las relaciones son muy tensas y no existen puentes de comunicación: “esta bancada tiene un capricho personal, implicaría 158 asambleístas. Si con los diputados que están se han gastado Q100 millones en cuatro meses, imagínese tener otros 158”.

Para el Presidente las propuestas de Baldizón son “totalmente diferentes” a la propuesta de trabajo que él presentó, que promueven Seguridad y Justicia, Transparencia, Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y Solidez Fiscal.

Esta dura crítica presidencial (“en mi gobierno estamos centrados y ellos van por otro lado, ya que están proponiendo un primer ministro, y nosotros no tenemos un sistema parlamentario. No estamos buscando cambiar a un sistema parlamentario, porque nosotros queremos un sistema republicano, con tres poderes con independencia, y eso es lo que vamos a encaminar”), hace prever que no sea posible alcanzar acuerdos o consensos con facilidad.

Además de la propuesta presidencial y de la iniciativa de la oposición, existen otras dos propuestas, una impulsada por Asies, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad San Carlos centrada en el sistema de justicia, y más ambiciosa de la organización ProReforma, que pide una transformación profunda del régimen político guatemalteco.

Desde 1986, ha habido dos intentos de reformar la carta magna. El primero bajo la presidencia de Ramiro De León Carpio (1993-6), y el segundo tuvo su origen en los Acuerdos de Paz de 1996.

Mario Fuentes Destarac recuerda en el diario El Periódico que “el principal objetivo del movimiento reformista bajo la presidencia de De León Carpio fue dar por terminados los períodos y funciones de los diputados y magistrados; empero, el proyecto de enmiendas incluyó otras reformas importantes, tales como la prohibición de que el Banguat financie al Estado, la creación del cargo de Fiscal General, la supresión de los confidenciales, los antejuicios de los diputados a cargo de la Corte Suprema de Justicia y la obligación de publicar el presupuesto estatal y su ejecución, entre otras. Dicho proyecto fue ratificado en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994″.

Peor suerte corrió el intento de reforma de 1999 “derivada de los Acuerdos de Paz” y cuyo objetivo fue incorporar las enmiendas pactadas por el Gobierno y la exguerrilla”. Fuentes Destarac recuerda también que como “se incluyeron otras reformas no previstas en los Acuerdos de Paz, estas fueron las que, a mi juicio, impidieron que el proyecto fuera ratificado en la consulta celebrada en 1999″.