Latam: las transferencias condicionadas, un modelo en cuestión

Infolatam
Guatemala, 14 de marzo de 2012

Las claves

  • Luis Alberto Moreno, presidente del BID: "de lo que se trata es de darles una suma a las familias a cambio de que cumplan ciertas condiciones, como la de impulsar la educación de sus hijos. Ese apoyo no puede ser eterno y de hecho uno de los desafíos que enfrentamos ahora es cómo graduar a la gente para que entre a las corrientes de la economía formal".

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Los países de América latina están ganando la guerra contra la pobreza. Gracias a la bonanza económica que se prolonga desde 2003, con la sola excepción de 2009, la región ha conseguido disminuir los índices de pobreza desde el 44% en 2002 al actual 30,4%.

Los planes sociales de transferencias condicionadas han cumplido un papel muy importante en esa reducción de la pobreza: entre 2002 y 2011 el número de pobres pasó de 225 millones a 174 millones en Latinoamerica. Sin embargo, ahora empiezan a estar cuestionadas como una medida social sostenible en el tiempo.

Como explica el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, “los programas de transferencia condicionada de ingreso subsidian directamente a las familias pobres, transfiriéndoles una pequeña suma de dinero mensual a condición de que cumplan ciertas metas en salud y educación, como llevar a los hijos a control médico y enviarlos a la escuela”.

Nacieron en los años 90 en México con el programa llamado Progresa, impulsado por el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyos buenos resultados provocaron que otros países de la región imitaran el ejemplo mexicano.

Transferencias condicionadas, un modelo latinoamericano

En total de 113 millones de habitantes de América Latina y el Caribe, es decir, una de cada cinco personas que viven en la región, reciben transferencias de dinero a cambio de que sus hijos vayan al colegio o participen en controles de salud y nutrición, según Naciones Unidas.

El 30% de los latinomamericanos son pobres

Se trata de recursos monetarios entregados por los programas de transferencias condicionadas (PTC), dirigidos a familias pobres con hijos en edad escolar y mujeres embarazadas, que nacieron a mediados de los 90 en Brasil y México y operan en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias, equivalentes al 19 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe.

José Graziano, director general de la FAO, defiende este tipo de programas de transferencias porque “han mejorado el acceso a educación, salud y nutrición, además de proteger los niveles de ingreso y el acceso a alimentos por parte de las familias más pobres”.

En la lista de programas que componen la base de datos figuran, entre otros, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y el programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, de Argentina; los bonos ‘Juancito Pinto’ y Madre Niña-Niño ‘Juana Azurduy’, de Bolivia, así como ‘Oportunidades’ (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresa), de México

También la Bolsa Alimentação y Bolsa Familia, de Brasil; Chile Solidario, de Chile; Familias en Acción, de Colombia; los programas ‘Avancemos’ y ‘Superémonos’, de Costa Rica, y los Bonos de ‘Desarrollo Humano’ y ‘Solidario’, de Ecuador, así como otros de Guatemala, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, República Dominicana, Uruguay y Paraguay, entre un total de 40.

La clave para poder llevar a cabo este despliegue ha sido la buena coyuntura económica internacional de la que ha disfrutado hasta ahora la región. Por eso, un escenario de crisis en Europa, desaceleración en China y bajo crecimiento en Estados Unidos provoca que aumenten las dudas sobre la pervivencia de las trasferencias condicionadas.

La pobreza ha caído del 44% en 2002 al 30,4% actual

La pobreza ha caído del 44% en 2002 al 30,4% actual

Así lo destacaba recientemente Julio María Sanguinetti:  “tiempos primaverales de las economías sudamericanas, en los dos últimos años prácticamente  todos los Gobiernos han ganado las elecciones… Además del buen humor connatural a una economía expansiva, estos Gobiernos han tenido a su disposición enormes recursos para atender programas sociales, muchas veces usados con eficacia clientelística. Las llamadas “transferencias condicionadas”, cuya teoría parece razonable (brindar subsidios a los necesitados a cambio de que aseguren educación y salud a sus familias), se han corrompido fácilmente mediante una explotación que, en vez de servicios o alimentos, brinda dinero sin un adecuado control de la contrapartida”.

Según la Cepal, estos programas son una herramienta importante dentro de las políticas sociales, que buscan aumentar los niveles de consumo de las familias por medio de transferencias monetarias y así reducir la pobreza en el corto plazo. Además, contribuyen a fortalecer el desarrollo humano de los miembros de estas familias para romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Pese a su amplia cobertura, el gasto promedio en estos programas representa, en promedio, solamente un 0,40% del PIB de los países de la región.

Los programas con el mayor número de beneficiarios en términos absolutos son “Bolsa Familia”, de Brasil (52 millones de personas, cerca de la mitad de los beneficiarios de PTC a nivel regional), ‘Oportunidades’, de México (27 millones) y ‘Familias en Acción’, de Colombia (12 millones). Por su parte, el ‘Bono de Desarrollo Humano’, de Ecuador, es el PTC que cubre el mayor porcentaje de población en un país (44%).

El ejemplo de Argentina, Brasil y México

La mayoría de los países de la región tiene ese tipo de planes social de transferencias condicionadas. Por ejemplo, Argentina en donde el gobierno de Néstor Kirchner y luego de su esposa Cristina Fernandez impulsaron los fondos del plan Argentina Trabaja que en 2011 (año de elecciones presidenciales) crecieron un 152% respecto de 2010.

Se señala a las transferencias condicionadas de ser fuentes de clientelismo

En Argentina también cabe destacar el programa Asignación Universal por Hijo que en 2010 alcanzó unos $ 7315 millones o el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que da prioridad a familias indigentes, cuyos ingresos no pueden cubrir la canasta básica de alimentos. El año pasado tenía un presupuesto de 1287 millones.

Argentina, junto con Uruguay, aparecen como los dos países con menos índice de pobreza de América Latina y Caribe, 8,6% de la población, y Uruguay presenta el menor índice de indigencia, 1,4% de la población, según el informe de Cepal.

En Brasil el programa estrella es el Bolsa Familia que ya alcanza a 50 millones de brasileños y que explica en gran parte que la pobreza haya bajado en este país desde el  37% en 2002 a menos del 24% en la actualidad y que desde 2003 más de 40 millones de personas hayan escalado socialmente desde la pobreza a la clase media baja.

Como explicaba Romulo Paes de Sousa “en Brasil, el Beneficio de Prestación Continua (BPC), que es el mayor de estos programas, se refiere únicamente a reemplazar los ingresos. Se paga un salario mínimo -el valor establecido por la Constitución- a las personas con discapacidades que les impiden trabajar y a personas de edad avanzada incapaces de conseguir un sustento adecuado, y que tengan un ingreso per cápita mensual inferior a un cuarto del salario mínimo. Son personas que no pueden entrar al mercado de trabajo. Actualmente, el BPC beneficia más de 3,5 millones de brasileños”.

Paes de Sousa añade que “Bolsa Familia y otros programas de transferencias monetarias, por su lado, tienen la función de complementar, no de sustituir los ingresos. Debido a su valor -también definido por ley-, los beneficios están lejos de convertirse en la principal fuente de ingresos de la familia. Sin embargo, cumplen un papel importante en la expansión de la economía familiar de los más pobres”.

En otros países, como Perú, esos planes no solo ha diminuido la pobreza sino en especial la pobreza extrema  (el nivel de pobreza extrema, según el Banco Mundial, es la situación que viven las personas que se mantienen con menos de US$1,25 al día) que pasó de 23% en el 2002 a 12,6% en el 2008 y 11,5% el año pasado. Meta propuesta por la ONU era alcanzar esta cifra en el 2015.

Una de las críticas más frecuentes es que esos planes sociales no son muy transparentes (como el de “Mi Familia Progresa” que impulsó el gobierno de Álvaro Colom en Guatemala y sirvió de trampolín para la candidatura frustrada de Sandra Torres) o sirve para aceitar maquinarias clientelistas, como la del kirchnerismo en Argentina, o crea un electorado fiel al gobierno, como ocurre en el Brasil de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Críticas al modelo de subvención condicionada

Sin embargo, algunos expertos han elevado la voz de alarma. Luis Alberto Moreno, presidente del BID, es uno de los últimos en alertar sobre los problemas de sustentabilidad de las subvenciones condicionadas, que reciben más de 113 millones de latinoamericanos: “de lo que se trata es de darles una suma a las familias a cambio de que cumplan ciertas condiciones, como la de impulsar la educación de sus hijos. Ese apoyo no puede ser eterno y de hecho uno de los desafíos que enfrentamos ahora es cómo graduar a la gente para que entre a las corrientes de la economía formal”.

Moreno, cuyo banco colabora en el financiamiento de las transferencias condicionadas, propone apostar más por “la calidad del empleo que todavía es muy precaria en América Latina. La informalidad es un enemigo que no hemos podido derrotar, en parte porque las barreras a la hora de formalizarse son muy altas”.

En ese punto coincide Alicia Bárcena, secretaria generqal de la CEPAL, quien confía más en la generación de empleo que en el mantenimiento ad infinitum de los planes sociales:  “la llave maestra en la solución de la pobreza es el empleo”.

De hecho, un informe de la Cepal, a cargo de Simone Cecchini y Aldo Madariaga, apunta a que  “aun cuando las transferencias se consideran esenciales para incentivar el uso de servicios de salud y educación, y así lograr objetivos de desarrollo humano, en los países más pobres es urgente relexionar sobre la necesidad de destinar los  fondos  para  la  reducción  de  la  pobreza  no  solo  al  incremento  de  la demanda de servicios de salud y educación, sino también a la expansión y el fortalecimiento de la oferta”.

Si bien es cierto que la reducción de la pobreza, no así de la desigualdad, ha sido muy significativa, todo parece indicar que el ritmo de reducción bajará en adelante, si no se llevan a cabo nuevas reformas y se estimula la creación de empleo formal y las mejoras educativas.

Así, por ejemplo, el representante del  BID, Fidel Jaramillo subraya en Perú que “los nuevos desafíos tienen que ver con esta desigualdad regional y esta pobreza rural (pobreza dura), que es más crítica que en el pasado porque es una pobreza que no está reaccionando al crecimiento económico como el resto de los sectores sociales”.

Esta situación está permeando a diferentes líderes políticos como Henrique Capriles, quien plantea una alternativa al proyecto chavista de planes sociales basados en transferencias condicionadas.

El candidato opositor lo explica así: “¿cómo visualizo yo la superación de la pobreza? No dándote yo un recurso, simplemente. Con el programa “Hambre Cero” yo garantizo la alimentación un año, en paralelo voy mejorando las condiciones de tu vivienda. Tus hijos y la familia vamos al sistema de salud y después voy al tema más importante, tú puedes ser una persona productiva, déjame capacitarte para un empleo. ¿Sabes cuál es el grave problema? Que no hay empleo porque el gobierno confiscó, expropió las empresas, ahuyentó la inversión nacional, no hay inversión extranjera. Vivimos del petróleo hoy más que nunca, más del 70% de los alimentos que comemos los venezolanos vienen de otros países”.

Comentar esta noticia

 

Cambiar a versión móvil