Piden prisión para empresarios españoles en el caso de Aerolíneas Argentinas

Infolatam/Efe
Madrid, 8 de marzo de 2012

Las claves

  • Según un auto al que ha tenido acceso Efe, los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra -hace once años- de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita una pena de dos años y cuatro meses de prisión y una indemnización conjunta de 99 millones de euros (unos 130 millones de dólares) para tres empresarios españoles por un delito contra la Hacienda Pública, tras la compra de Aerolíneas Argentinas.

Se trata de los exdueños del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente también de la patronal española (CEOE), y Gonzalo Pascual, y el expresidente de la aerolínea liquidada Air Comet, Antonio Mata.

Según un auto al que ha tenido acceso Efe, los tres acusados deben responder del impago de 99 millones de euros por Impuesto de Sociedades al haber sido responsables penales y civiles en la compra -hace once años- de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Air Comet, la compañía aérea de Marsans.

En virtud de la operación, que se formalizó en 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92 % de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, entonces presidida por Mata, por un dólar a cambio de aportar 300 millones de dólares para satisfacer pagos a los acreedores de la sociedad.

El contrato de venta fue suscrito por Díaz Ferrán, Pascual, Mata y por la SEPI.

Al no haber declarado los beneficios obtenidos de la compra de Aerolíneas Argentinas, el fiscal Miguel Ángel Carballo pide que los acusados respondan subsidiariamente en caso de impago de los 99 millones.

Asimismo, reclama que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros.

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