Dos decisiones cruciales del Tribunal Supremo

Infolatam
Sao Paulo, 29 febrero 2012
Por Sergio Fausto

Enfrentado a dos cuestiones fundamentales, el Tribunal Supremo Federal tomó, en las últimas semanas, dos decisiones que permiten el optimismo en cuanto al futuro de las instituciones democráticas de Brasil. La primera de ellas, tomada el día 2 de febrero, por 6 votos contra 5, confirmó la autonomía del Consejo Nacional de Justicia en el desempeño de sus funciones. El CNJ es responsable de perfeccionar la eficiencia gerencial y de fiscalizar los actos administrativos de todos los tribunales del país, no interfiriendo en nada el contenido de las decisiones de los jueces y sus órganos colegiados.

Desde su creación en 2005, el consejo ha vuelto más transparente al Poder Judicial y ha impreso una mayor celeridad en la tramitación de los procesos por los tribunales, mediante la adopción de metas. No por otra razón despertó resistencias corporativas de un Poder que aún se mira a partir de una perspectiva aristocrática, y que no es raro que confunda el carácter esencial de sus funciones con el derecho a tener privilegios y no dar cuentas a la sociedad sobre la organización de su trabajo y sobre el uso de los recursos públicos que reciben los tribunales.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad, promovida por la Asociación Brasileña de Magistratura, órgano del gremio de los jueces brasileños, negaba al CNJ el poder para iniciar acciones de fiscalización, volviéndolo dependiente de la inicitaiva de las fiscalías de los mismos tribunales. Dada las tendencias de las fiscalías a ser lenitivas con los tribunales a los que están vinculadas, el tema de la autonomía de el CNJ era decisiva, no solo para el combate efectivo al desperdicio de recursos públicos y la concesión de privilegios indebidos a jueces, si no también para el combate a la corrupción en la Judicatura brasileña. Los casos de corrupción no son la norma, pero existe un número significativo, en general ligado a la venta de sentencias a favor del crimen organizado.

El debate sobre los poderes del CNJ movilizó intensamente a la opinión pública, por intermedio de la prensa. Aunque el órgano representativo del gremio fuese el autor de la acción, no faltaron jueces que se manifestaron a favor del consejo. La decisión del TSF representó una derrota del corporativismo y una importante victoria del Estado republicano y democrático. Ésta no habría sido posible si la sociedad brasileña no hubiese entendido la importancia de lo que estaba en juego.

Lo mismo se puede decir de la decisión tomada el 17 de febrero, por 7 contra 4 votos, por la cual el TSF confirmó la constitucionalidad de la llamada “Ley de la ficha limpia”, originada por la iniciativa popular que contó con casi 2 millones de firmas y que fue aprobada por el Congreso en 2012. Por la ley, pasan a ser inelegibles todas las personas que hayan diso condenadas por un tribunal, aunque quepa recurso por esa decisión, todas las que hayan sido dimitidas del servicio público por improbidad administrativa, todas las que hubiesen renunciado a sus mandatos para evitar el recurso de casación de sus derechos políticos en procesos patrocinados por consejos de ética de las Casas legislativas, entre otras situaciones que configuran daño al principio de la moralidad pública.

Dos eran los más controvertidos artículos de la ley. El artículo por el cual la persona se torna inelegible antes de que la acción contra ella haya recibido sentencia condenatoria definitiva. Y el que toma en consideración hechos anteriores a la ley para la aplicación de los dispositivos en ella previstos.

Los ministros del Supremo que votaron contra el primer dispositivo lo criticaron por atentar, en su opinión, contra el principio de presunción de inocencia y por cesar derechos políticos antes de la palabra final de la Justicia. Los que votaron a favor, alegaron que ese principio se aplica al Derecho Penal, pero no al Derecho Electoral. En éste, según la mayoría de los ministros, el principio de moralidad pública tiene precedencia.

Nótese al respecto que la Ley de la Ficha Limpia, para determinar la inelegibilidad, exige que el reo haya sido condenado por un órgano colegiado, un tribunal de segunda instancia, no bastando la condena por un único juez de primera instancia, como preveía el texto original de iniciativa popular, en buena hora cambiado por el Congreso Nacional. Dada la lentitud conocida de la Justicia brasileña, propiciada por las innumerables posibilidades de recursos, la confirmación de la constitucionalidad de ese dispositivo era fundamental para que la Ley de Ficha Limpia pudiera llegar a filtrar de hecho quién satisface las condiciones mínimas de confianza para ingresar y permanecer en la carrera política.

En relación al segundo artículo, la minoría de los ministros argumentó que hería el principio de no retroactividad de las penas, o sea, de que nadie puede ser castigado por una ley posterior. Prevaleció, sin embargo, la tesis de la mayoría, según la cual el principio de retroactividad no se aplica, en este caso, por no tratarse de una pena, si no de un requisito de calificación para la participación en el proceso electoral. Como existe, por así decirlo, un gran stock de políticos de “fichas sucias”, la confirmación de la constitucionalidad de ese segundo aspecto era esencial para que la Ley de ficha limpia pueda llegar a cumplir efectivamente su papel.

La Ley no es la panacea de todos los males, pero no queda duda de que obligará a los partidos a ser más selectivos el escoger a sus candidatos y los candidatos tendrán un mayor cuidado en no infringir la legalidad, sea a lo largo del proceso electoral, sea si son elegidos, en el ejercicio de sus mandatos.

Una de las banderas del golpe militar de 1964 fue “el saneamiento moral de la vida pública brasileña”. Para ese fin, los militares promovieron arbitrariamente la casación de derechos políticos, la dimisión e incluso el exilio de miles de brasileños, muchos de ellos perseguidos por motivos exclusivamente ideológicos. El arbitrio de la dictadura tuvo un alto precio en términos de las libertades fundamentales y ninguna ganancia duradera para la moralidad pública.

La democracia, con todas sus imperfecciones, ha sido capaz de crear mecanismos de control y transparencia que podrán asegurar el gradual saneamiento democrático de la vida pública brasileña, sin el sacrificio de las libertades y con ganancias más duraderas para la moralidad pública. Las dos decisiones recientes del STF y la movilización social que las precedieron dan razones para acreditarlo.

Comentar esta noticia

 

Cambiar a versión móvil