Infolatam
Madrid, 14 de febrero de 2012

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Chile y Guatemala se encuentran en estos momentos en pleno proceso de impulsar sendas reformas fiscales. No es el único caso en América latina pues recientemente El Salvador culminó su propia reforma fiscal y Costa Rica y Nicaragua se sitúan en ese mismo camino.

Todas estas iniciativas van por una misma senda, que es la que recomienda la CEPAL, en palabras de su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena: ”en América Latina y el Caribe se requieren reformas tributarias con visión desarrollo sostenible. Se trata de revisar las estructuras recaudatorias y de gasto público para que sean más justas y capaces de obtener los recursos necesarios para enfrentar los retos del desarrollo y el cambio climático”.

En ese mismo sentido, el ministro federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Dirk Niebel, coincidió con Bárcena al indicar la necesidad de “crear sistemas fiscales justos en los países de América Latina” y de reducir la evasión tributaria: “América Latina necesita (además) financiamiento adicional para innovación tecnológica”.

La moda de las reformas fiscales

Además, el sistema tributario de América Latina y el Caribe es en promedio el que menos recauda en el mundo: los impuestos en esta región llegaron a representar 18,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), en 2008, la mitad del promedio de lo que se aporta en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Quizá por todas estas recomendaciones y por la óptima coyuntura económica que vive la región, muchos países han comenzado a plantear reformas fiscales.

De hecho, como se señalaba en un artículo del diario El País: “la región, en donde siempre se ha dicho que pocos pagan impuestos, ha logrado elevar los ingresos tributarios desde el 14,9% del producto interior bruto (PIB) en 1990 al 19,2% en 2009, según destaca un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Uno de los primeros ha sido El Salvador, donde los recursos fiscales con relación al PIB son del 4,4%.

Allí, el presidente de la República, Mauricio Funes, sancionó recientemente el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, que contiene las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permitirán al fisco recaudar unos 150 millones de dólares anualmente.

El Gobierno de Funes asegura que las reformas beneficiarán “a las grandes mayorías, las clases medias, los trabajadores, los micro, pequeños y medianos empresarios…con esta reforma no se verá afectado el consumo popular ni la actividad económica del país”.

Sin embargo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha denunciado que el paquete tributario causará más desempleo, pobreza y restará liquidez a las empresas, especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, que generan unos 193,000 empleos aproximadamente.

Las reformas elevaron del 25% al 30% el Impuesto Sobre la Renta a aquellas empresas que tengan una renta gravada anual de más de $150,000. Aquellas empresas abajo de este rango seguirán pagando el 25%. La iniciativa al principio era elevar al 30% el tributo sin distinción alguna.

Nueva oleada de reformas fiscales

El camino iniciado por El Salvador ha empezado a ser recorrido por Chile, Costa Rica y Guatemala.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció que la propuesta de reforma tributaria que enviará dentro de dos meses al Congreso incluirá un incremento de los impuestos a las grandes empresas para financiar, entre otros aspectos, sus compromisos en materia de educación: “vamos a incrementar algunos impuestos, especialmente en primera categoría, es decir, a las grandes empresas, eliminar algunos ‘loopholes’ (espacios para la elusión), dar un alivio tributario a la clase media y a las pymes”.

Con esa reforma también se buscará “simplificar el sistema, porque es demasiado complejo, corregir algunas distorsiones y fomentar a través de la política tributaria la inversión, el ahorro, la innovación y el emprendimiento”.

La reforma fiscal ha provocado fuertes tensiones en la coalición de gobierno pues mientras Renovación Nacional, partido de Sebastián Piñera, está a favor de mejorar la distribución de la carga tributaria, en la Unión Demócrata Independiente (UDI) apuestan más bien por una rebaja de impuestos.

Guatemala, donde acaba de asumir el presidente Otto Pérez Molina, también se plantea una reforma fiscal.

El ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, impulsa un proyecto de ley, que supone una actualización tributaria contempla una nueva legislación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), Sobre Timbres Fiscales y la creación del Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos (Iprima) y la Ley Aduanera Nacional.

La cartera de Finanzas prevé que, de ser aprobada la iniciativa, el nuevo ISR y otras disposiciones entrarían en vigor en 2013 y recaudarían Q4.3 mil millones (430 millones de euros).

De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores en relación de dependencia que devengan un sueldo menor a los Q5 mil mensuales no estarán afectos al ISR, que establecerá una tasa del 5 por ciento para las rentas imponibles hasta los Q240 mil anuales y de 10 por ciento para las rentas que superen ese rango.

En Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla impulsa una reforma tributaria para aumentar los ingresos en un 2,5% del Producto Interno Bruto. Asegura que la reforma tributaria estará basada en “criterios de progresividad” para “simplificar la administración tributaria”.

Para lograrlo ha alcanzado un acuerdo con Ottón Solís, excandidato del PAC, quien le ofreció a Chinchilla el respaldo de los 11 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) para impulsar el plan fiscal del Gobierno en la Asamblea Legislativa.

Solís hizo el ofrecimiento siempre que el Ejecutivo accediera a hacerle una serie de ajustes al proyecto de “solidaridad tributaria”. De ahí surgió el convenio para reducir de un 14% a un 2% el impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se cobraría a los servicios privados de educación y salud.

México, la madre de todas las reformas fiscales

La heterogeneidad también en materia fiscal caracteriza a la región como señalaba Alejandro Rebossio en el diario El País: ”entre los países que más éxito han obtenido en la recaudación tributaria figuran Brasil, donde los impuestos representan el 32,6% del PIB, y Argentina, con el 31,4%, según recoge el informe. En cambio, les queda mucho por hacer a Guatemala, con el 12,2%; República Dominicana, con el 13,1% y El Salvador y Venezuela, ambos con el 14,4%, según advierte el documento conjunto. Haití apenas recauda impuestos por el 11,7% de su PIB. Otras economías grandes afrontan sus propios retos, como Chile (18,4%), Colombia (17,4%), México (11,8%, si se excluyen los ingresos petroleros) y Perú (15,9%)”.

Pero la gran reforma fiscal pendiente es la de México, ya que según la CEPAL la presión fiscal en ese país no llega al 12% sobre el PIB. En la necesiodad de esta reforma coinciden los tres candidatos favoritos para ganar en las presidenciales de julio.

Enrique Peña Nieto del PRI propuso ante líderes, políticos y empresarios de todo el mundo concretar una reforma fiscal integral: “si México no logra financiar su desarrollo a través de una reforma hacendaria integral, cualquier proyecto de transformación se quedará en el papel”.

La panista Josefina Vazquez Mota sostiene que “más que una medida parcial, lo que requerimos es una reforma hacendaria integral. En las economías modernas es claro que los impuestos que mejor han evolucionado son los impuestos al consumo, porque si bien no son perfectos, son los que cobran de manera más equitativa y evitan las exenciones, las prebendas y que ciertos sectores se beneficien a costa de la mayoría. Lo cierto es que en México tenemos una hacienda pública débil, nos urge crecer más y de mejor manera, y ahí los aspectos fiscales juegan un papel relevante”.

Y Andrés Manuel López Obrador coincide con sus rivales cuando dice que va a “resolver la necesidad de que haya una reforma fiscal progresiva, con simplificación administrativa. Vamos a hacer el compromiso con todo el sector productivo de no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos”.

Los tres parecen tener ideas similares pero históricamente ha sido muy difícil llevar a cabo tales cambios en un país como México atraopado pro tantos intereses corporativos.