(Editorial de El Tiempo. Colombia).- Cuando ayer, en la población antioqueña de Necoclí, Juan Manuel Santos reiteró que el deseo de su gobierno es el de hacer una verdadera revolución agraria, sus palabras fueron bien recibidas. No es la primera vez que el mandatario dice algo similar, pues desde el día de su posesión ha manifestado su voluntad de transformar el campo colombiano. Tampoco, a decir verdad, es la primera vez que palabras parecidas se escuchan y menos en un país de estirpe campesina.

Pero, en medio del escepticismo que a veces rodea a los anuncios oficiales, vale la pena analizar lo que dice la administración. Esta busca darle un vuelco a un sector en donde no solo habita -dependiendo del criterio que se utilice- entre una tercera y una cuarta parte de la población, sino en el cual existe un enorme atraso. Así lo demuestran las mediciones sobre calidad de vida, violencia, cobertura de servicios públicos o distribución de la propiedad.

Según el Dane, la pobreza rural en Colombia asciende al 50 por ciento, una de las más altas de América Latina. Al mismo tiempo, la indigencia es cerca de tres veces el promedio de las zonas urbanas. Adicionalmente, el analfabetismo es el triple de las ciudades y la desnutrición es el doble. Con razón se dice que las oportunidades escasean, lo cual lleva a los jóvenes a emigrar a las capitales en busca de trabajo.

El territorio nacional es extenso, aparte de rico en agua. Sin embargo, la inmensa mayoría de las tierras -unos 39 millones de hectáreas- está dedicada a la ganadería, mientras que menos de cinco millones se usan para la agricultura, una quinta parte de las que son aptas.

Las razones que han llevado a ese absurdo son muchas y han persistido durante décadas. Para comenzar, hay una estructura inequitativa de tenencia de la tierra que ha tratado de ser revertida, sin éxito, mediante políticas ocasionales. No menos importante ha sido la presencia de actores armados que, bajo diferentes banderas, son los responsables de un inmenso despojo, que ha causado millones de desplazados.

Por su parte, los apoyos estatales han sido insuficientes y mal dirigidos. Para citar un caso, de 7,6 millones de hectáreas de suelos aptos para agricultura bajo riego, solo 1,1 millones cuentan con infraestructura, lo que equivale al 14 por ciento. En comparación, en México dicha proporción asciende a 66 por ciento, mientras que en Chile es del 52.

En consecuencia, es innegable que se requieren muchas acciones coordinadas para darle un giro a la situación del campo. Dentro de estas, la correcta aplicación de la ley de víctimas y tierras es fundamental, no solo por el punto básico de hacer justicia y devolverles a sus verdaderos dueños lo que les corresponde, sino porque su buena marcha permitiría ampliar la frontera agrícola y generar prosperidad en vastas zonas que no conocen el significado de ese término.

El cambio fundamental que tiene lugar en el mundo, en donde centenares de millones de personas han abandonado las filas de la pobreza y la clase media se expande continuamente, hará crecer la demanda de alimentos, cuyos precios rompieron el año pasado sus máximos históricos. Si bien las cotizaciones han descendido en los últimos meses, no es necesario ser un experto en el tema para concluir que en un planeta con una población que pasó de los 7.000 millones de habitantes y en el cual hay niveles de ingreso más altos, las naciones con vocación agrícola cuentan con una oportunidad única. Así ya lo han demostrado Brasil y Argentina, donde su buen desempeño reciente tiene mucho que ver con esa realidad.

Aun a pesar de las buenas condiciones objetivas, el caso de Colombia es particularmente complejo. Conseguir darle la vuelta a una situación que lleva muchos años de deterioro es una tarea titánica que requiere continuidad, valor y recursos. Por ese motivo, hay que alabar lo hecho hasta ahora y confiar en que el proyecto de ley de desarrollo rural que será presentado al Congreso en la legislatura que viene haga tránsito con éxito en el Capitolio.

Este se relaciona con el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, así como con el impulso a programas con enfoque territorial. En términos prácticos, eso quiere decir más y mejor salud y educación, al igual que una mayor inversión en infraestructura -vivienda, vías y riego- y en asistencia técnica.

Una importancia especial reviste la estrategia de ordenamiento de la propiedad y el uso de la tierra. Aparte de buscar la protección de reservas ambientales estratégicas, también hay que sanear derechos de propiedad y recuperar las tierras baldías de la Nación que han sido usurpadas por muchos avivatos.

Únicamente así será posible corregir lo que pasa en el país, en donde el 68 por ciento de los predios ocupan tan solo el 3 por ciento del área catastral. El objetivo de repartir mejor la torta no se opone al establecimiento de zonas para grandes proyectos agroindustriales.

Como queda claro, las metas son ambiciosas y de difícil consecución. Pero es ilusorio pensar que el anhelo de Colombia de conseguir la paz y el progreso sea posible sin deshacer el nudo gordiano que hay en las zonas rurales. Solo cuando el país empiece a avanzar en esa dirección se podrá decir, y con razón, que la revolución está en marcha.