Infolatam
Denver, (Estados Unidos), 16 enero 2012
Por Arturo López Levy

(Especial para Infolatam).- En el año 2011, el gobierno de Raúl Castro empezó algunos de los “cambios audaces” que piden diversos sectores en la isla, aunque para la mayoría de los cubanos son todavía insuficientes, demasiado lentos y más que todo, tardíos. El liderazgo cubano ha acertado en diseñar una transición escalonada a un modelo de economía mixta pero no parece consciente de los costos de una gradualidad excesiva, ni de la urgencia de acompañar ese proceso con una reforma política más profunda, aun cuando no implique una transición a la democracia multipartidista. Es irónico pero entre tanto llamado a cambios, el documento base de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC), a celebrarse a finales de enero, es expresión por excelencia de la vieja mentalidad.

Entre las reformas políticas más importantes está la aprobación por el VI Congreso del PCC de límites de mandato a dos períodos de cinco años para los más altos cargos del estado cubano. Tal paso fue combinado con la creación de la controlaría general de la república como agencia anticorrupción. Son reformas significativas en el camino a una forma de gobernar más institucionalizada, imprescindible ante el fin del liderazgo carismático que representaron las cuatro décadas y media bajo gobierno de Fidel Castro. Es imperioso un régimen consultivo de estado por derecho, donde al menos en determinadas esferas de la vida nacional, particularmente las económicas, la ley será el principal referente, por encima de las consideraciones políticas coyunturales.

Los cuellos de botella de la propia reforma económica apuntan la necesidad de una presidencia moderna del Consejo de Estado, separada de las funciones directas de gobierno (para lo cual sería necesario enmendar el artículo 74 de la constitución que plantea la unificación en un sólo cargo de las presidencias de los consejos de Estado y de Ministros). Tal dinámica ayudaría a realizar la propuesta de separar las funciones políticas del PCC de las directas de gobernar a todos los niveles.

Una dirección más colectiva e institucionalizada, con una relación menos vertical con los gobernados, requiere una asamblea nacional más activa, poderes municipales y provinciales más ligados a los problemas de su región, y una mayor profesionalización técnica y transparencia en la rendición de cuentas a la población de la administración del estado. Descentralizar es fundamentalmente una reforma política.

Entre las reformas políticas más importantes está la aprobación por el VI Congreso del PCC de límites de mandato a dos períodos de cinco años para los más altos cargos del estado cubano.

La reforma económica en curso requiere también un ajuste político en la relación entre el Partido Comunista y el creciente pluralismo social, económico y cultural. A nivel de membrecía, el Partido Comunista no puede hablar de representar a toda la sociedad en ausencia de políticas dirigidas a  los nuevos sectores sociales como los cuentapropistas y nuevos propietarios agrícolas.

También tiene el reto de lidiar con las consecuencias de pobreza, desigualdad, marginalidad y racismo que se han agudizado por la posposición de los cambios necesarios por casi dos décadas, y la dinámica de mercado inevitable a la transición hacia una economía sustentable. En un contexto de mayor apertura comunicacional y de información, con la expectativa irrealizada de mayor conectividad a internet a partir de la conexión con el cable venezolano, se requiere un tipo de política pública y regulación distinta al mando vertical de la economía de comando

Si quiere atraer a la flor y nata de las nuevas generaciones de cubanos, el PCC tendrá que crear espacios de competencia interna, por lo menos con elecciones a sus comités directivos (municipal, provincial y central) en las que el número de candidatos sea mayor que el de miembros electos para paulatinamente llegar a la situación en la que al menos dos candidatos compitan por cada posición. Lo mismo podría decirse de las elecciones a los poderes locales del estado, donde la participación de gran número de electores es hoy mera formalidad, sin decidir entre propuestas relevantes a su vida cotidiana.

Frente a esos retos, el documento base para la conferencia del PCC a finales de enero de 2012 pide orden y exigencia, pero no enuncia a dónde quiere llevar a la nación ni qué cambios en el proyecto político del PCC se necesitan para tal propósito. Peor, el documento ni menciona el crecimiento del abstencionismo, votos nulos, en blanco, y divididos, discrepantes con los llamados oficiales al voto unido en las elecciones del poder popular, sin proponer políticas para dialogar con los crecientes segmentos apáticos de la población, particularmente jóvenes, alejados de la ideología y hasta de la gestación de consensos.

Enviar al Vicepresidente Machado Ventura, provincia por provincia, diciendo que los cuadros deben adoptar otra “mentalidad” sin crear los mecanismos institucionales y de incentivos para que ocurra, no es renovador. Para generar un debate crítico sobre políticas públicas, sobre la economía, o cualquier esfera de la sociedad se necesitan transparencia, y espacios para un análisis, donde la búsqueda sea por la solución racional que genere más beneficios a la población, no la comodidad de compartir en grupo una creencia, a favor o en contra del mercado o de lo que es la política oficial.

En el documento base, la creciente pluralidad ideológica en la población cubana, particularmente, en el sector nacionalista, brilla por su ausencia. Muchos de los que constituyen la base potencial de un partido martiano (referido al héroe nacional José Martí), meta a la que la dirección histórica parece aspirar, se manifiestan a diario a favor de aglutinarse en torno a metas de industrialización, desarrollo, orden y unidad nacional, eludiendo la tradicional visión marxista de lucha de clases.

En la discusión de esos temas, el partido gobernante en Cuba ignorara a su propio riesgo que en amplios sectores de la sociedad civil cubana, en la isla y en la diáspora, el discurso heroico está agotado. Las comunidades religiosas, por ejemplo, tienen proyectos sociales de matriz ideológica no marxista, que expresan un deseo de normalización. No solo temas de bienestar económico, sino también libertades civiles como la de viajar y acceder a internet aparecen en la cima de múltiples encuestas independientes de opinión.

Un tema particularmente relevante es la renovación generacional del Buro Político, centro nodal del poder cubano, y donde la presencia de jóvenes, negros y mujeres es mínima. Aparejado con esas ausencias está la incapacidad del partido gobernante para generar entusiasmo en al menos un segmento significativo de los sectores emergentes en la Cuba actual, particularmente entre muchos jóvenes de la Habana donde emigrar al extranjero se ha convertido en la primera opción deseada.

El PCC necesita balancear la exigencia política de no alimentar falsas expectativas, que no podría cumplir a corto plazo, aun si tuviera las condiciones óptimas, con la generación imprescindible de credibilidad en segmentos significativos de la población, a los cuales sólo podrá movilizar proponiendo cambios sustanciales al sistema político vigente. La narrativa nacionalista de Cuba como país que desafía la imposición norteamericana del embargo y la ley Helms-Burton son grandes movilizadores en la Cuba actual, pero no bastan para generar consenso con generaciones que han crecido bajo la realidad fatigante de escasez, no sólo de bienes materiales sino de sueños realizables.

El período presidencial de Raúl Castro será medido por su capacidad para hacer sustentable el legado político de la revolución de 1959, en la ausencia del liderazgo carismático de Fidel Castro. A casi cinco años de iniciado su primer período presidencial, el menor de los Castro debería dar señales no sólo sobre las nuevas políticas, sino sobre aquellos comprometidos a implementarlas (Para el final de su segundo periodo, Raúl Castro tendrá 85 años y José Ramón Machado Ventura, su primer vicepresidente, tendrá 86 años de edad). ¿No sería conveniente institucionalizar ya que el presidente no pueda ser sustituido por otro miembro de su familia ni por ningún militar en activo? A juzgar por su documento base, es difícil saber si la Conferencia del PCC es un instrumento para las reformas o un obstáculo más.