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Lima, 27 diciembre 2011

¿Oro o agua?: El dilema de Ollanta Humala

El análisis

Luis Esteban G. Manrique

(Especial para Infolatam).- El presidente peruano, Ollanta Humala, pasó el umbral de los 100 días de gobierno con un notable con 56% de aprobación, pero no ha podido encontrar aún una salida al dilema que supone elegir entre el desarrollo económico y el respeto a las comunidades rurales que se oponen, como  en el departamento de Cajamarca, a los grandes proyectos de minería, cuyas inversiones podrían alcanzar los 50.000 millones de dólares de aquí a 2016.

El Gobierno peruano y las autoridades municipales de Cajamarca se reunieron hoy en Lima y acordaron los requisitos para la realización del peritaje internacional al que será sometido el proyecto minero Conga.

El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, recibió en su oficina al alcalde provincial de Cajamarca, Ramiro Bardales, y a otras autoridades municipales, representantes de organizaciones campesinas, gremiales y de la Iglesia católica que participan en la mesa de diálogo.

Al cabo de tres horas de reunión, Valdés felicitó a los representantes de esa región porque, en su opinión, “la razón tiene que prevalecer sobre cualquier ideología”, en alusión al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que se negó a participar en el encuentro.

Santos encabezó las protestas en noviembre pasado en Cajamarca en contra del proyecto aurífero Conga, que ha sido suspendido temporalmente por la empresa Yanacocha, pero ahora se niega a sentarse a dialogar con el Gobierno sobre las medidas que se plantean para evitar que la explotación minera acabe con las fuentes naturales de agua.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que participó en la mesa de diálogo, informó que se ha acordado que el objetivo del peritaje internacional sea asegurar el uso del agua para los pobladores de Cajamarca a través del tiempo.

Además, que la disponibilidad hídrica sea de calidad y que se proteja la biodiversidad de la zona, agregó Pulgar Vidal.

Los participantes en la mesa de diálogo firmaron una acta en la cual se establecen los términos de referencia para la contratación de los peritos internacionales, entre los cuales figura que tengan más de 15 años de experiencia profesional y “cero conflicto de intereses”.

A su turno, Valdés agregó que el Estado va a pagar “el dinero que cueste” hacer el peritaje, ante una pregunta sobre el presupuesto que dedicará el Gobierno a este trabajo.