Infolatam
Buenos Aires, 18 diciembre 2011
Por Manuel Mora y Araujo

Hace algunos años un veterano dirigente político peronista dijo: “La Argentina va resolviendo sus problemas institucionales paso a paso. Alfonsín sacó a los militares del ámbito de la política y la historia se lo reconocerá. Néstor Kirchner hizo también su aporte sacando a la Iglesia de la política. Falta quien haga lo mismo con los sindicalistas”.

Cuando en la Argentina de los años 70, 80 y 90 se hablaba del “orden corporativista” se significaba precisamente eso: un orden donde el poder de las instituciones constitucionales estaba balanceado por los factores de poder extrainstitucionales. El peso de los militares en el orden político se estableció en 1930. El peso de la Iglesia es anterior, proviene de los tiempos en que las corrientes políticas llamadas “anticlericales” que gobernaban la Argentina perdieron la batalla, hacia fines del siglo XIX. El peso de los sindicatos lo estableció Perón en 1945. De hecho, el poder de los sindicatos es consustancial a la naturaleza original del peronismo, y también a la de su variante kirchnerista; fue Néstor Kirchner quien restituyó el poder de los sindicatos y quien confirió al dirigente hoy más fuerte -el camionero Hugo Moyano- el poder que detenta.

Sobre eso hay consenso en la Argentina; más allá aparece un disenso fundamental: cómo se valora el poder de las empresas y el poder del Estado para intervenir en las decisiones de las personas y de las empresas; en otras palabras,  si al orden corporativista debe sucederlo un orden de mercado o uno de intervencionismo del Estado. En ese preciso punto se define la posición actual de la presidenta Cristina de Kirchner. Si efectivamente ella termina dando ese paso histórico  reduciendo significativamente el peso de los sindicatos en las decisiones de los gobiernos, todo indica que no será para establecer un orden liberal sino un orden estatista sin corporaciones. No hay duda que la opinión pública hoy avalaría esa posición.

Moyano fue uno de los pilares del régimen de Néstor Kirchner

Lo que en estas circunstancias está en juego es un enfrentamiento político entre el gobierno argentino y la CGT. El tema más sonoro son los salarios, pero debajo está el poder económico de los sindicatos, que es más decisivo que su poder de paralizar áreas vitales de la actividad económica mediante huelgas generales. Los sindicatos argentinos manejan cuantiosos recursos provenientes, principalmente, del sistema de salud de los trabajadores que ellos controlan.

A la vez, sufren un profundo desprestigio en la opinión pública. Por eso, enfrentarse al sindicalismo da frutos electoralmente pero genera riesgos políticos de otro orden. Los riesgos son tan altos que muchos comentaristas piensan que la presidenta no los asumirá, y más bien buscará a una negociación. Anteriormente, Menen los manejó negociando y Alfonsín  no tuvo cómo manejarlos. La apuesta a enfrentar a los sindicatos apoyándose en la opinión pública -a la manera de Thatcher- es enteramente novedosa; sólo fue fugazmente intentada en un corto período del gobierno de De la Rúa.

La política de este conflicto es complicada. Por un lado, el sindicalismo está en sí mismo dividido entre una vieja dirigencia más conservadora (se los conoce como “los gordos” de la CGT), una dirigencia más combativa que responde a Hugo Moyano, sectores de izquierda -a su vez divididos entre pro y anti kirchnerismo- y algunos pocos dirigentes que mantuvieron lealtades con políticos peronistas anti kirchneristas. Lo que separa a esos grupos no es menor; pero los une el espíritu corporativo. Hoy se está observando una propensión al reagrupamiento, que desde luego fortalece a Moyano.

En segundo lugar, la oposición al gobierno de Cristina está ante sentimientos encontrados. A esos políticos les resulta atractivo que un sector con bastante poder enfrente al gobierno y lo desgaste; pero al mismo tiempo les es difícil apoyar a un sector tan desprestigiado como el sindicalismo argentino.

En tercer lugar están los empresarios, ante un dilema similar. En la Argentina la tendencia es que los empresarios se sienten tranquilos con un sindicalismo más bien conservador -que es un freno a los que están más a la izquierda-, pero los inquieta un sindicalismo dividido -porque promueve la competencia en los reclamos laborales-. Por otra parte, las entidades empresarias están hoy en buena sintonía con el gobierno -coinciden en que hay poner freno a las demandas salariales-, pero temen a un gobierno que concentra demasiado poder.

La sensación generalizada que hoy se vive en la calle es que si la presidenta se apresta a llevar el conflicto a fondo, esta será tal vez “la madre de todas las batallas”. Como todas las batallas, asusta; a la vez, la opinión pública está mayoritariamente del lado del gobierno. Y hay una gran incógnita: si los sindicalistas centran la pelea en el tema salarial, tal vez muchos asalariados argentinos revisen sus puntos de vista. La presidenta tendrá entonces que apelar a dos recursos extremos: hacer foco en la inflación -hasta ahora negada por el gobierno- y en la corrupción de muchos jerarcas sindicales. Allí la batalla podrá tornarse sangrienta.