Infolatam

Por Maria Teresa Romero

Como era de esperarse de un Tribunal Supremo de Justicia que está politizado y responde a las órdenes expresas del presidente Hugo Chávez Frias ─como bien lo demuestran sus ejecutorias de los últimos años─ su Sala Constitucional ratificó la decisión de la Contraloría General de la República de 2008, por medio de la cual inhabilitó al dirigente político Leopoldo López a presentarse a cargos públicos aún sin haberlo juzgado por presunta irregularidad administrativa.

Con esta decisión, el TSJ desacata el fallo favorable a su habilitación política que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado septiembre, la cual ordenó a las autoridades venezolanas, en específico al Consejo Nacional Electoral (CNE), que le permitiesen a López participar en las elecciones presidenciales de 2012. Ello, a pesar de que los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela, y pese a que nuestra Constitución Nacional establece que ”Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno” y que “son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Si bien esta decisión que obstaculiza las aspiraciones presidenciales de Leopoldo López (y hasta paralizar definitivamente porque de seguro el Consejo Nacional Electoral la seguirá), es bien acogida en las filas del partido oficialista y entre los seguidores de Hugo Chávez, no deja de tener un impacto negativo para el gobierno. Los chavistas ven en ella que la autoridad del presidente enfermo es aún firme y respetada, y que el aparato gubernamental del régimen continúa bien aceitado para las elecciones venideras. Eso le es favorable al gobierno.

Sin embargo, la misma refuerza la posición de la oposición democrática, que actuará unida como hasta ahora lo ha hecho en defensa de López. La Mesa de la Unidad Democrática ya anunció que denunciará el desacato ante el Secretario General de la OEA y otros entes internacionales “pues dibuja de cuerpo entero el talante antidemocrático y antijurídico de quienes nos gobiernan”. Aún más, es probable que produzca fuerte rechazo en una buena cantidad de los llamados “ni-ni”, parte de los venezolanos que se definen como independientes, como indecisos ante el panorama electoral. Esto no le favorece para nada al gobierno.

De hecho, la forma cómo la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, anunció la decisión está siendo ya evaluada negativamente por varias figuras y expertos independientes. Su declaración asegurando que los derechos políticos de Leopoldo López están garantizados y que por lo tanto puede postularse a cualquier cargo público si lo desea pero que administrativamente no puede ejercerlo por haber incurrido en actos de corrupción, ha sido considerada como ambigua, cínica y hasta irrespetuosa.

A su vez, la resolución del Tribunal Supremo que evidentemente desacata una norma internacional de obligatorio cumplimiento, sin duda acrecentará la imagen antidemocrática y el creciente desprestigio del presidente Chávez y su gobierno en la comunidad internacional, en particular en el sistema interamericano donde se encuentra desde hace tiempo bajo la lupa. Es de recordar que de los 12 fallos de la CIDH contra Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez apenas ha ejecutado parcialmente dos.