El Mercurio (chile)
Santiago, 9 octubre 2011
Por El Mercurio (Chile)

(Editorial de El Mercurio. Chile).- La gran causa del movimiento estudiantil —una educación de calidad— ha terminado por convertirse en varias pequeñas causas corporativas que representan los intereses de los grupos de presión que lidera la Confech y que fueron respaldados en su momento por el Consejo de Rectores. El resto del discurso es estrategia, ideologismo y márketing.

El prematuro fracaso de la mesa de diálogo —trabajosamente montada entre la Confech, el Colegio de Profesores y el Ejecutivo— refleja la escasa convicción que animaba a los estudiantes. Éstos sólo aceptaron participar en esa instancia al advertir el amplio respaldo de opinión pública que tenía tal diálogo y en medio del clima social creado por el accidente aéreo de Juan Fernández. Las garantías, condiciones y obstáculos levantados posteriormente por los dirigentes universitarios para sentarse a esa mesa expresan la falta de confianza de los dirigentes en esa vía. Lo anterior, sin perjuicio del discutible sentido de oportunidad del Gobierno para proponer una nueva y necesaria legislación de resguardo de la población contra saqueos y tomas violentas, justo antes de reunirse por segunda vez con la Confech.

El acta de esa última sesión de trabajo, publicada por “El Mercurio”, desnuda la ofuscación de los dirigentes estudiantiles ante la primera negativa que reciben del Gobierno —que hasta aquí ha sido más bien difuso y concesivo con el movimiento— en más de cuatro meses de movilización: no a la gratuidad para los estudiantes de las instituciones del Consejo de Rectores. Ellos representan menos del 30 por ciento de la matrícula de educación superior y concentran una mayor representación de los dos quintiles de más altos ingresos. Denunciando la intransigencia del Gobierno ante esta demanda, los secundarios abandonaron las conversaciones y los universitarios confirmaron el quiebre en su asamblea. Nunca se alcanzó a hablar de mecanismos y procesos para asegurar la calidad de la enseñanza, ni de la forma de materializar los aspectos en que existe acuerdo —la mayor parte de ellos revelados ante la opinión pública por el movimiento estudiantil—, como los problemas de acceso y equidad en el financiamiento de educación superior o las debilidades de los procesos de acreditación.

Para presentarla al público, la Confech adecuó posteriormente su demanda de gratuidad al 70 por ciento de los alumnos de menores ingresos dentro de la Confech, pero mantuvo excluidos de este beneficio —hasta un futuro incierto y condicionado— al universo de los alumnos de las universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, que representan más del 60 por ciento de la matrícula de educación superior.

¿Ánimo de acuerdo?

Quienes lideraron el quiebre de la mesa, según revela el acta mencionada, no son los mismos que han oficiado de voceros del movimiento. Esto sugiere la preponderancia que van adquiriendo los grupos más radicalizados —ajenos al PC, al que pertenecen varios de los dirigentes más relevantes de la Confech—, a medida que el conflicto se prolonga. La inusitada violencia del intento de marcha de los estudiantes el pasado jueves abona esta tesis.

Sin embargo, la distancia entre el PC y la ultraizquierda nunca ha sido del todo creíble en Chile. Los vasos comunicantes entre ese partido y los movimientos más extremos y violentos son innegables. El PC nunca ha condenado la violencia política de la izquierda —sea en democracia o bajo el gobierno militar—, y siempre la califica como reacción legítima ante una agresión real o supuesta. El que hoy el PC tenga representación en el Congreso no obedece a un cambio doctrinario de su parte en favor de la democracia y la exclusión de la vía revolucionaria. Él no se ha desdicho de las definiciones que lo mantuvieron al margen de cualquier alianza política con la Concertación durante dos décadas. Ha sido el debilitamiento político de esa coalición lo que la forzó a llegar a entendimientos electorales de mutuo beneficio con el Partido Comunista.

Ciertamente, el asambleísmo de la Confech dificulta su gobierno y limita su capacidad de negociar con los poderes públicos, pero no es claro cuánto ánimo de negociación y acuerdo exista verdaderamente en su interior.

Propuestas claras

Con los estudiantes optando por la calle, el Ejecutivo deberá ahora dirigir sus esfuerzos a la vía institucional del Congreso y presentar sus propuestas para resolver los problemas y debilidades del sistema educacional. Los diputados y senadores deberán ahora recoger, desde los estudiantes y la comunidad, los puntos de vista que tengan valor. Eso exige al Gobierno precisar bien su agenda en los distintos niveles: educación preescolar, escolar, técnico-profesional y superior. Ahí deberá promover los acuerdos y consensos legislativos que permitan avanzar en los diversos campos. Esos entendimientos no serán fáciles, dadas la crisis que afecta a la Concertación y la carencia de liderazgos claros en la oposición. Adquiere, pues, más importancia aún que el Gobierno comunique a la ciudadanía sus propuestas en esta materia de manera resuelta y explicativa.

Pero incluso sorteando todos estos obstáculos, los consensos en educación que alcance el mundo político no pueden quedar entregados a una tramitación legal librada a su suerte, como ocurrió con los acuerdos de 2006, que aún no se materializan en la realidad. Esa experiencia marcó a muchos de los jóvenes que hoy se declaran indignados y sería una fuente de descrédito para nuestra institucionalidad política.

(Editorial de El Mercurio. Chile)