Manos a la obra
El Periódico
Guatemala, 19 de septiembre de 2011
Por Dina Fernández
“…Nadie duda ya de la conveniencia de hacer modificaciones a la Carta Magna. La pregunta es cómo: ¿se busca una reforma integral o se emprende una que se limite a los temas de seguridad y justicia? ¿Nos vamos por el camino largo que implica una revisión a fondo o procedemos como dijo Jack el Destripador, por partes?
…Estamos sumergidos en una espiral de criminalidad y al país le urge fortalecer la institucionalidad involucrada en la persecución penal y la administración de justicia. Ciertamente, los problemas no se resolverán mágicamente por medio de decretos, ni siquiera de rango constitucional, pero es indudable que algunos cambios en la Carta Magna sí pueden ayudar a desatar procesos.
El Organismo Judicial, por ejemplo, requiere de cambios que empiezan con la selección de sus autoridades. Por ejemplo, es descabellado seguir eligiendo a los 13 magistrados al mismo tiempo o limitar su trabajo a un solo período. Es importante repensar el perfil de los candidatos y la integración del cuerpo que los elige, así como ampliar el período de servicio, escalonar su incorporación y eliminar la presidencia rotativa cada año.
Es hora de que las personas que conocen de este tema –las provenientes de las esferas académicas, gremiales y políticas– se pronuncien. Hay que alimentar desde ya el debate y fomentar un ambiente propicio para una discusión seria.
Con el afán de lanzar a la mesa algunas ideas, me atrevo a externar algunos criterios para que tengamos funcionarios de primer nivel dedicados a garantizar la seguridad y la justicia, dos tareas irrenunciables del Gobierno.
La trayectoria de un policía, un juez o un fiscal, desde su ingreso hasta la cúpula, debe seguir un recorrido interno en el seno de las instituciones correspondientes, a fin de tener, al cabo de los años, autoridades que conozcan el oficio de sus disciplinas, que sepan hacer “la carpintería”, pero que hayan desarrollado capacidades gerenciales que les permitan tomar el liderazgo institucional.
Lo ideal sería que un Fiscal General, un Magistrado o un Director de la Policía sean funcionarios de carrera, no oportunistas que saltan a la administración pública cuando de pronto necesitan empleo.
Debemos plantearnos qué tan convenientes han resultado las Comisiones de Postulación, que han generado dinámicas perversas. ¿Queremos evitar el tráfico de influencias con los reyes del tenis o los tatascanes del Cacif? Simple: los abogados no deben elegir magistrados.
Para atraer a los mejores profesionales hay que ofrecer buenas condiciones laborales: una remuneración atractiva, seguros y planes de jubilación. Debe existir un recorrido que permita ascender a los mejores y dedicar la vida al servicio público. Lo último que queremos son jueces de 50 años, pensando que deben “quedar bien” porque en un par de años se les acaba la judicatura.
Todas estas ventajas exigen, al mismo tiempo, órganos disciplinarios serios, que no se presten a las venganzas, pero que expulsen con rectitud a los corruptos.
Faltan casi 4 meses para que tome posesión el nuevo Gobierno. Si los partidos fueran serios, empezarían a trabajar en este tema para llegar al Hemiciclo el 14 de enero con una propuesta consensuada entre ellos y con la sociedad. Si en cambio deciden ser la misma basura irresponsable, se concentrarán alegremente en jugar a las sillas musicales para alterar desde ya la correlación de fuerzas en el Legislativo”.
