Infolatam
Santiago, 16 agosto 2011
Por Javier Couso

Hasta tan sólo unos meses, Chile parecía inmune al tipo de desestabilización político-social que, de tanto en tanto, afecta a algunos de los países de la región latinoamericana. Sin embargo, luego de veinte años de administraciones de centro-izquierda que trajeron al país estabilidad y un desarrollo económico y social extraordinario (aunque mantuvieron niveles de desigualdad escandalosos), y después un tranquilo traspaso del poder al primer gobierno de derecha elegido democráticamente en medio siglo, en un par de meses el escenario cambió radicalmente, sumiendo al gobierno en una crisis política de proporciones, con una ola de movilizaciones sociales de protesta que no amaina y que ya le han costado al Presidente Sebastián Piñera un cambio de gabinete y la ‘caída libre’ en la aprobación a su gestión (que la encuesta mejor considerada del país cifró en sólo un 26 %, casi veinte puntos menos que lo que marcaba en diciembre pasado).

Si bien es prematuro sacar conclusiones precisas acerca del origen y la naturaleza de la crisis que comentamos –así como de sus más probables consecuencias de mediano y largo plazo—, está claro que las movilizaciones estudiantiles de este largo invierno chileno obligarán a Piñera a realizar cambios sustanciales en sus metas, prioridades y formas de conducir su gobierno.

Así, si hasta hace poco el eje estaba centrado simplemente en intentar hacer una buena ‘gestión’, ahora el Presidente deberá intentar capear el vendaval de una movilización social sin precedentes en las últimas décadas de la mejor manera posible, esto en un contexto en que ni siquiera puede estar seguro que pedir ayuda a la oposición contribuya a apaciguar los ánimos de una ciudadanía que se siente empoderada y que parece descreer tanto del gobierno como de los partidos de oposición.

Dado este contexto, no sorprende que –en sus esfuerzos por retomar la agenda y salir de la crisis— Piñera se haya abierto a considerar reformas políticas que hasta hace poco descartaba. Si bien aún no existe claridad acerca de qué tan profundas serán las reformas al sistema político que su administración está dispuesta a aceptar, todo indica que –dada la persistencia de la crisis— estas no serán menores.

La base de las negociaciones en materia de reformas políticas son las propuestas que se han venido realizando desde sectores ubicados a la izquierda de la Concertación y, crecientemente, desde esta última. De hecho, hace tiempo que en Chile se escuchan voces de juristas y politólogos de centro-izquierda que plantean que la institucionalidad del país debe modificarse, porque está incubando una seria crisis de representación, en particular, producto del peculiar sistema electoral binominal (en que se escogen dos representantes por distrito electoral, lo que tiende a ‘empatar’ ambas cámaras legislativas) y de la exigencia de súper-mayorías de cuatro séptimos de los parlamentarios de ambas cámaras para modificar la larga lista de leyes heredadas del régimen dictatorial.

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La crítica a estos elementos del sistema constitucional chileno llevaron en el 2009 a que cuatro de las cinco candidaturas de la última elección presidencial (las de Frei, Enríquez-Ominami, Arrate y Navarro), plantearan la necesidad de introducir una nueva Constitución o al menos profundas reformas constitucionales, todo lo cual quedó finalmente en nada, producto del triunfo en las urnas de Sebastián Piñera, que fue el único candidato que no estaba en dicha posición, y que más bien planteaba que el problema no residía en las reglas institucionales, sino que en mejorar la ‘gestión’ del estado.

Contrastando con dicha postura original, la semana pasada el gobierno del Presidente Piñera se reunió con los líderes de los cuatro partidos de la Concertación (aunque primero con la Democracia Cristiana, y sólo después de ello con el Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical Social-Demócrata) y pareció estar abierto a discutir en septiembre próximo una agenda de reformas políticas ‘sin exclusiones’, lo que es relevante, considerando que varios de esos partidos siguen abogando por una nueva Constitución o plantean la introducción del mecanismo de plebiscitos (referéndum) para zanjar cuestiones sensibles, como el actual conflicto educacional.

Por cierto, no cabe esperar que el gobierno de Piñera acceda al planteamiento de una asamblea constituyente para discutir una nueva carta fundamental (lo que en la derecha chilena es anatema, por la percepción negativa que existe de las experiencias constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia), pero si es posible que esté dispuesto a terminar con el sistema electoral binominal, la inclusión de una garantía constitucional a una educación gratuita de calidad y el otorgamiento del voto a los chilenos que residen en el extranjero. En el caso de las leyes de súper-mayoría o la inclusión del mecanismo del referéndum y de los plebiscitos revocatorios de mandato de personas elegidas por sufragio universal, el pronóstico es menos auspicioso, ya que en un escenario en que la derecha chilena parece encaminarse a ser nuevamente minoría, no está claro que esté dispuesta a dejar en manos de una mayoría cuya composición de momento aparece como incierta la posibilidad de introducir reformar socio-económicas importantes mediante el sólo expediente de contar con una mayoría simple de ambas cámaras legislativas.

En resumidas cuentas –y contra todo pronóstico— las movilizaciones estudiantiles de este ‘caliente’ invierno chileno podrían finalmente ayudar a quebrar la férrea defensa de la institucionalidad constitucional heredada de la experiencia autoritaria y que tanto ha servido a la derecha chilena para preservar los lineamientos centrales del diseño económico-social introducidos por dicho régimen y que por veinte años los gobiernos de la Concertación no pudieron cambiar.