Reforma a gobierno corporativo de universidades públicas
La Tercera
Santiago, 30 de junio de 2011
Por La Tercera (Chile)
Dentro de las demandas que se han formulado para solucionar los problemas que vive la educación superior -de muy diferente naturaleza según quien reclama- está la exigencia de un fortalecimiento de las universidades públicas, que en el hecho persigue que se incremente el aporte fiscal directo (AFD), esto es, recursos asignados en forma fija y no asociados al desempeño institucional. Esta petición ha sido efectuada con inusitada dureza por algunos rectores, quienes incluso han participado en las protestas estudiantiles.
Es natural que dirigentes de una institución, sea pública o privada, hagan planteamientos que busquen consolidar su situación y mejorar sus perspectivas futuras, pero tratándose de universidades, centros en los cuales se cultiva la razón, el saber y la excelencia, cabría esperar propuestas que respondan a ciertos estándares básicos de una adecuada política pública, como incluir la fijación de criterios de eficiencia, metas claras y rendición de cuentas, sobre todo cuando se trata de fondos públicos. Algunas corporaciones estatales pueden exhibir logros relevantes, pero no siempre han sido evaluados en relación a los cuantiosos aportes que han recibido. En general, los resultados que exhiben son dispares.
Así, la Universidad de Chile -que se menciona como modelo- tiene el mayor número de doctorados, pero al relacionarlo con las jornadas efectivas que prestan, el indicador cae de forma importante frente a otras instituciones; también presenta un número sin parangón de empleados no académicos, medidos por el número de alumnos. Por su parte, la Utem ha presentado graves crisis de gobierno y de gestión interna, cuestionamientos a las carreras que imparte y problemas serios de acreditación. En fin, las universidades regionales presentan serios problemas de calidad y gestión financiera.
En parte, esa situación se debe al gobierno corporativo que las rige, basado en la autogestión, sin que el Estado, que aporta una cuota significativa de los recursos (el AFD en promedio representa el 34% del presupuesto de las universidades públicas), tenga opción real de requerir un mejor desempeño institucional. La designación de los rectores responde a un patrón común: son propuestos por instancias internas mediante una terna al Presidente de la República, quien no puede rechazarla, como ocurre con los servicios adscritos a la Alta Dirección Pública. En la Universidad de Chile debe nombrar sin más a quien ganó la elección interna. Todas ellas tienen juntas o consejos directivos con facultades limitadas y, además, integrados con mayoría de representantes de los estamentos internos. Pueden proponer al Presidente la remoción del rector, pero generalmente sólo por un quórum de dos tercios. Así, el rector tiene amplios poderes y autonomía, no está obligado a rendir cuentas externas y centra naturalmente su accionar en agradar a dichos estamentos.
El gobierno debe velar por el bien común y no dejarse llevar por protestas vociferantes. Si es del caso entregar más recursos a los planteles estatales, ello debe hacerse bajo estrictas condiciones de consecución de metas y rendición de cuentas; exigencias a que tampoco deben escapar las universidades privadas tradicionales que reciben AFD. Asimismo, debería impulsar con vigor una reforma del gobierno corporativo de las primeras que, cautelando una razonable autonomía académica, permita que el Estado, como dueño que es, exija cuentas y haga efectivas las responsabilidades por una gestión deficiente.
1 julio 2011 a las 09:39
En un mundo de intereses ¿Quién tiene la razón?
Esta crisis en la educación superior chilena ha tenido un largo período de incubación y si emerge ahora es porque, indudablemente, la complejidad de la situación amerita un punto de atención de parte de todos los que creen tener razón.
Inicialmente hay que estar claro en que en estos tiempos, la calidad y cobertura de la educación superior son indispensables para salir del tercer mundo.
Que el ciudadano tiene razón porque es quien aporta, vía impuestos, el dinero que el Gobierno entrega a las Universidades. Fiscalizar estos fondos por parte del Gobierno, puede convertirse en una manera de ejercer presiones y chantajear a los cuerpos universitarios; parece más razonable encaminarse por la vía de un compromiso enfocado a resultados, pero eso hay que discutirlo ampliamente, pensando en el futuro del país y no atrincherados en el eterno “solo yo tengo razón”, postura intransigente en la que somos expertos, que nos obliga siempre a caminar cuesta arriba.
Los gobiernos tienden a no querer escuchar el clamor de la gente. Por eso se hacen necesarias las manifestaciones, para hacerse escuchar pero ¿no es acaso el pueblo quien elige a sus mandatarios? ¿Y no tienen estos el deber de atender a sus demandas y buscar por todos los medios la manera de resolverlas?
Presidentes, ministros, alcaldes y diputados, que manden en sus casas, pero en sus puestos, que trabajen por el país y por su gente.
21 julio 2011 a las 02:22
creo que el gobieno tiene rason en que los srs, rectores tienen que redir cuentade los dinero .tambien creo que las U del estado no son de lo mejor en reguion .
NO entiendo lo de la educacuin para todo y crati donde metemos los alumno de las pribada o el estado las compra y lo de grati no estoy de acuerdo los jovenes desperdician el dinero de suspadre que le cuesta y me imaguino crati ,pero si beca para los bueno