El Universal
México D.F., 27 de junio de 2011
Por El Universal (México)

Los números son elocuentes. Del año 2000 a la fecha, en México casi se han triplicado las averiguaciones previas por delitos contra la salud y, en el mismo lapso de tiempo, casi se ha duplicado la cantidad de gente que ha probado drogas. Es decir, toda la fuerza que se ha puesto desde el gobierno federal para combatir a los grupos del crimen organizado —en particular a los relacionados con el narcotráfico— pudiera estar teniendo logros a nivel policial, pero sin correspondencia en la atención de otros fenómenos derivados.

Un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra que las averiguaciones previas por delitos relacionados con el narcotráfico se incrementaron 260%, al pasar de 24 mil 95 en 2000 a 63 mil 404 en 2009.

Por lo que hace a las adicciones, de 1998 a 2008 se observa que el número de mexicanos que consumió drogas ilegales alguna vez en la vida pasó de 2.5 millones en 1998 a 4.2 millones en 2008.

Es clara la señal de que una lucha como la que libra actualmente la nación en pos de su seguridad debe hacerse de manera integral, pues la complejidad del fenómeno no permite atacar sólo una de sus aristas, porque al final eso resulta frustrante. Así, no importa el tamaño del golpe que se dé a los criminales, sea la detención de importantes líderes o el decomiso de cuantiosos cargamentos, si el resultado es que las adicciones suben y los delitos derivados de la acción de estas bandas también, porque entonces estaremos caminando en círculos, sin avanzar gran cosa.

Un combate integral a la delincuencia requiere actuar en varias pistas a la vez, con diferentes grados de profundidad y tiempo. Hay acciones de largo aliento para generar empleos y estabilizar la economía y los sueldos; otras de mediano plazo para reconstruir el tejido social roto, en lugares precisos como Ciudad Juárez y Tijuana, y la prevención de adicciones en escuelas y centros juveniles. Las acciones de más corto plazo sí son las policiales, ante la urgencia de desmantelar redes criminales, quitarles armas, detener capos y descubrir sus redes de lavado de dinero para golpearlos donde más les duele.

Para hacer más complejo este escenario, esos exactos pasos deben ser seguidos simultáneamente por los países que están en la red de distribución de droga; desde las naciones productoras, como Colombia y Perú, hasta Estados Unidos y su desproporcionado consumo y corrupción. Esta lucha exige corresponsabilidad de toda la línea del circuito económico que alienta el delito.

México debe hacer su parte, no sólo enfrentando con gran capacidad de fuego a los maleantes, sino también invirtiendo en seguridad y en prevención de adicciones. Una lucha no excluye las otras.

(Editorial El Universal, México)