“Se ha dicho reiteradamente que el instrumento clave para saber lo que vendrá después de la consulta es el poder de veto que, por disposición constitucional, tiene en sus manos el presidente. Para comprobar que no les faltan razones a quienes sostienen eso es suficiente pasar revista a lo que ha sucedido a lo largo de los últimos cuatro años, pero sobre todo en los dos que han transcurrido desde que fue aprobada la mejor Constitución de la historia.

En ese lapso se ha repetido un mismo guion, que comienza con el envío del proyecto de ley o de reforma desde el Ejecutivo a la Asamblea. En esta se hace la tramitación rápida y se le pone algún adorno que deja una marca prácticamente invisible.

El proceso continúa con el recorrido del camino inverso, que lo lleva de vuelta a su lugar de origen. Allí, el revolucionario equipo jurídico que apoya y asesora al líder coloca nuevamente las sabias palabras originales y lo envía de regreso a la Asamblea. Finalmente, esta puede quedarse callada o, si cuenta con los votos de dos tercios de sus integrantes puede insistir en la propuesta que envió a Carondelet.

…hay un gran invento de la revolución ciudadana que establece la diferencia con lo que sucedía en tiempos anteriores (aunque no faltan los malpensados que aseguran que en algo se parece a lo que ocurría en el febrescorderato). Ese invento consiste en dejarle al líder fuera del debate y programar su entrada únicamente para el final, cuando puede aplicar toda la fuerza del veto…

Esto es lo que se anuncia, en términos concretos, para el tratamiento de la ley de comunicación. Ya está decidido que nadie participará en nombre del Ejecutivo en el debate, de manera que no tendrá compromiso alguno con lo que apruebe la Asamblea. No contará para nada que los deliberantes asambleístas de Alianza PAIS hubieran llegado a acuerdos con el resto de sectores políticos, ni que en ese debate se hubiera escuchado a todos los sectores involucrados en el amplio proceso de la comunicación.

El veto vendrá a poner las cosas en su sitio, como corresponde a los objetivos de cualquier revolución que se respete y como debe ser siempre en un régimen hiperpresidencialista. Pero, como nunca falta quien quiera aguar la fiesta, por ahí alguien recordará que las leyes así aprobadas gozan de corta vida porque no tienen eso que llaman legitimidad”.

Extracto del artículo publicado por el diario El Universo