Infolatam
Oxford, Mayo 20 de 2011
Por Eduardo Posada Carbo

(Especial para Infolatam).-

La inclusión del término “conflicto interno armado” en el proyecto de  Ley de Víctimas que se discute en el Congreso desató en las últimas semanas un intenso debate en Colombia.  No es un debate novedoso en este país.  Pero sirvió para exponer, una vez más, las diferencias entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y el de su antecesor, Alvaro Uribe Vélez.  Expuso también divisiones en las fuerzas uribistas en el Congreso.  Volvió a abrir interrogantes sobre las perspectivas de negociaciones con los grupos guerrilleros.  Y alimentó además un preocupante ambiente de crispación política.

Desde su presentación a comienzos de la administración Santos,  el proyecto de la Ley de Víctimas ha recibido críticas por parte de los sectores más cercanos al expresidente Uribe.  En esta ocasión, los ataques se originaron por la adición al proyecto de la expresión “conflicto interno armado”.  El mismo expresidente Uribe decidió liderar abiertamente la discusión, a través de entrevistas radiales, reuniones con parlamentarios y mensajes en twitter.  Para Uribe, reconocer la existencia de un “conflicto interno armado” en Colombia sería “una definición jurídica con alcances políticos peligrosos”.  Su gravedad estaría en sugerir que “hay un estado de guerra, donde vamos a igualar la fuerza pública con los terroristas”.

El Presidente Santos no lo piensa así.  En respuesta a las críticas, Santos observó: “Lo que quiero es que todo el mundo entienda muy bien que hoy, bajo las normas del Derecho Internacional, un país y su fuerza pública puede operar bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario, que presupone un conflicto interno armado”.  El Presidente colombiano señaló además que, sin el reconocimiento de dicho conflicto, se restringiría “la capacidad de operación de nuestras fuerzas [militares]”.  Y recordó que la expresión había aparecido en dos leyes de orden público aprobadas durante la administración Uribe.

La expresión enfrentó también al líder del Partido de la U, el exministro Juan Lozano, con su copartidario, el senador y ponente de la Ley de Víctimas, Roy Barreras.  Según El Espectador, la discusión sobre el término “ha marcado el distanciamiento ideológico más significativo entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor”.  Sin embargo, Santos se adelantó a reiterar públicamente su admiración y respeto por Uribe, a pesar de las diferencias sobre el tema.  Y, tras deliberaciones, la bancada del partido de la U decidió apoyar unánimemente la postura del Presidente Santos, aunque se revisará la redacción del proyecto para dejar bien en claro, según lo informó El Tiempo, que “el reconocimiento del conflicto no implica legitimación de los grupos armados ilegales o que en el país existe una guerra civil”.

¿Por qué Santos escogió “este momento para resucitar ese debate?, se ha preguntado Juanita León en Lasillavacía, un portal electrónico dedicado al análisis político.  Hay por lo menos dos posibles respuestas.  La primera, sugerida en un informe de El Espectador, ofrece una interpretación amplia, que desborda los propósitos del proyecto que se discute en el Congreso: sería una señal de los “acercamientos entre el Gobierno y las Farc con el fin de explorar la posibilidad de diálogos que le den una salida negociada a la confrontación armada en el país”.  La segunda ofrece una interpretación más restringida.  Según el ex vice-presidente Humberto de la Calle, la inclusión del término en el proyecto responde simplemente a una necesidad práctica: frente a “una ley de reparación” –como es la Ley de Víctimas- “el deslinde de las víctimas de la delincuencia común es un imperativo absolutamente necesario…. Se trata solamente de eso: apoyar la norma según la cual son las víctimas del conflicto las que deben ser reparadas… De lo que se trata es de fijar un límite, entre otras cosas para evitar desbordes presupuestales, y no de firmarle la rendición a la guerrilla”.

Más inquietante que las posibles divisiones internas del uribismo, o entre el Presidente Santos y su antecesor, es el ambiente de crispación que volvió a quedar expuesto en este debate.  Según Eduardo Pizarro Leongómez, los interrogantes sobre si Colombia sufre una amenza terrorista o un conflicto armado interno deberían dar lugar a una discusión intelectual más sosegada que la desatada en las últimas semanas.  El Gobierno del Presidente Santos ha dado pasos importantes para motivar un clima de opinión donde predomine la moderación y la tolerancia.  Deberá perseverar en el empeño.  Sin una mayor concordia entre las distintas fuerzas políticas, es muy difícil contemplar el pronto fin del conflicto interno armado en Colombia.