Las lecciones de Gadafi para el presidente Chávez
Infolatam
Bogotá, 27 febrero 2011
Por Román Ortiz
(Especial para Infolatam).- Si uno de esos test de elección múltiple con que los medios de comunicación ponen a prueba la paciencia de sus lectores preguntase qué país petrolero está presidido por un ex-militar famoso por su retórica revolucionaria que ha utilizado el dinero proveniente del crudo para construir un régimen personalista, aquellos dispuestos a demostrar sus conocimientos enfrentarían a un dilema: ¿Libia o… Venezuela? En principio, la tentación de comparar los dos países podría verse como un ejercicio fútil basado en datos superficiales. Pero con Libia saliendo de cuatro décadas de “Revolución Verde” por la vía de la guerra civil, parece legitimo preguntarse si las similitudes van mas allá de lo anecdótico y el desenlace de los hasta ahora 12 años de “Socialismo del Siglo XXI” puede ser igualmente caótico.
Las similitudes no se pueden exagerar; pero vale la pena mirar con algún detalle ciertos parecidos. Para empezar, está la cuestión de cómo los regímenes de Trípoli y Caracas ha construido sus respectivas bases de poder. En el caso de libio, Gadafi buscó apoyo entre los miembros de su familia para luego comprar el respaldo de las tribus que le son cercanas. Ciertamente, la familia juega un papel clave también para Chávez. Basta con recordar el protagonismo adquirido por los “hermanísimos” del presidente venezolano. Pero además, el régimen bolivariano ha construido su propio de movimiento de apoyo con un grado de adhesión al líder y rechazo a cualquier disidencia que podría merecer el calificativo de “tribu”. Para ello, Chávez ha recurrido a identificar las fracturas que dividen a los venezolanos y agrandarlas hasta crear un abismo político entre sus partidarios y una oposición a la que deslegitima calificándola como esbirros al servicio de poderes extranjeros. En otras palabras, Chávez y Gadafi han construido su poder sobre la base de “sectarizar” la política creando diferencias irreconciliables al interior de sus sociedades.
Además, se pueden identificar otras dos similitudes claves. El desmoronamiento del régimen libio demuestra que la riqueza petrolera no es suficiente para mantener en pie un Estado. Una cosa es tener petróleo y otra muy distinta es que este pueda ser exportado y sus riquezas irrigadas para sostener una economía funcional. Los efectos de años de sanciones por su apoyo al terrorismo debilitaron la infraestructura petrolera libia. Pero es que además, una combinación de corrupción e incompetencia hizo realidad lo que parecía imposible: pobreza en una población de apenas 6,5 millones de habitantes asentada sobre unas reservas 46.400 millones de barriles de petróleo. Las similitudes con el caso venezolano son claras. Hoy la Venezuela de Chávez solo mantiene unas exportaciones de 2,25 millones de barriles por día cuyos beneficios de evaporan cada vez más rápido entre las grietas creada por la cleptocracia y el desgobierno.
La otra similitud es igualmente relevante. Libia y Venezuela son dos sistemas personales donde la ley ha sido reemplazada por la voluntad de los respetivos caudillos. En este sentido, Gadafi lo ha tenido mucho más fácil puesto que Libia no ha disfrutado en su historia de un minuto de algo semejante a un Estado de derecho. Por el contrario, Chávez ha tenido que realizar un enorme esfuerzo para someter a una de las democracias más antiguas de América Latina. Un proyecto autocrático que todavía no ha completado con éxito. En cualquier caso, por caminos diferentes, el personalismo y el autoritarismo de ambos regímenes conducen a un punto de llegada similar: no hay transición pacífica posible en sistemas que reemplazan las instituciones por la voluntad de un líder único y el uso sistemático de la corrupción para comprar lealtades. En estos casos, el colapso del régimen equivale al desmoronamiento del Estado.
De momento, los ingredientes para un estallido de violencia están presentes en el país caribeño. Venezuela ha desarrollado un sistema de milicias que solo responde a la voluntad del presidente y compite con las Fuerzas Militares. Este deseo de proporcionar entrenamiento militar a los sectores de la población considerados leales al régimen ha hecho más sencillo el acceso a armas a delincuentes y narcotraficantes que hoy las usan para cometer delitos; pero mañana podrían emplearlas contra el gobierno. Entretanto, la desinstitucionalización se ha extendido a todos los niveles de la vida nacional. Los presupuestos públicos se manejan como la caja menor de los líderes de la revolución y el grado de fidelidad de los ciudadanos al régimen determina si tienen acceso a los servicios sociales o son excluidos de los mismos.
Ciertamente no se deben extremar los parecidos entre los casos de Libia y Venezuela. El régimen de Gadafi ha sido infinitamente más represivo que el chavista. Además, la larga tradición republicana del país caribeño y la solidez de su sociedad civil han frenado el asalto del régimen bolivariano sobre las libertades civiles y hecho posible la supervivencia de una oposición democrática activa. Sin embargo, no cabe duda que estos reductos de libertad estarán cada vez más amenazados a medida que la radicalización se presente como la única salida disponible para un gobierno cada vez más ineficiente, aislado y débil.
Por otra parte, una serie de factores prometen complicar una posible crisis política del régimen chavista. El narcotráfico está carcomiendo los cimientos del Estado venezolano, en especial sus fuerzas de seguridad y su aparato de justicia. De hecho, buena parte del negocio de la droga se encuentra en manos de sectores corruptos de las fuerzas armadas cuyas lealtades están más con el negocio que les enriquece que con el Estado al que sirven. Todo este proceso de descomposición institucional tiene lugar en un escenario geográfico de gran complejidad estratégica. A diferencia de Libia, la población venezolana se encuentra dispersa sobre el territorio al tiempo que selvas y montañas crean barreras al control del Estado. En caso de un estallido de violencia, las autoridades tendrán sustanciales problemas para afirmar su dominio sobre el conjunto del país.
Entonces, ¿está condenado el chavismo a seguir a la revolución de Gadafi en su descenso al caos? No necesariamente. Una multitud de factores pueden empujar el proceso venezolano en una dirección distinta. Pero también es cierto que la principal lección que dejan los acontecimientos de Libia es la sencilla regla de que nada es para siempre en política. Gadafi se convirtió en parte de un paisaje estratégico que algunos dieron por eterno. Pero el caso libio –como antes Europa del Este o los Balcanes – demuestra los límites de los Estados para resistir el desgobierno y las sociedades para soportar la represión. Algo así puede pasar con Venezuela. Muchos han terminado aceptando el autoritarismo, la corrupción y los coqueteos con el terrorismo del presidente Chávez como un mal menor con el que toca convivir en la medida en que confrontarlo supone un ejercicio político costoso. Sin embargo, esta opción por el pragmatismo siempre supone ocultar bajo la alfombra dosis de autoritarismo y miseria que terminan por estallar de forma violenta. Pactar con el tirano de al lado solo es una solución momentánea que siempre conlleva un precio político y estratégico muy caro en el futuro.
28 febrero 2011 a las 02:19
esta super bueno el analisis pero chavez no es un democrata es comunista y ahora es mas peligroso por que no tienen la mayoria del pais
28 febrero 2011 a las 04:45
Muy buen artículo. Sin embargo creo que el título debería ser: Las lecciones de Libia para Venezuela
28 febrero 2011 a las 05:45
LA CORRUPCION POLITICA JUDICIAL ES UN CANCER .QUE AFECTA EL BIEN COMUN.
Cuando una persona acepta un cargo político o gana las elecciones a una
oficina, él o ella debe tomar un juramento de defender la confianza
pública. Aunque esto puede sonar noble en el papel, el cumplimiento de
este juramento puede resultar problemática. Muy pocos candidatos
políticos éxito llegar a la oficina sin hacer unas cuantas promesas en
el camino. Muchas de estas promesas de campaña son inofensivas, como el
patrocinio de un proyecto de ley o solicitar más fondos para las
escuelas. Otras promesas, sin embargo, puede acercarse a cruzar una
línea ética, como la contratación de familiares o adjudicar contratos
públicos a los contribuyentes influyentes.
El RAE define corrupción de la siguiente manera: “En las
organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en
la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho,
económico o de otra índole, de sus gestores”. Pero como lo dice, no sólo
en las organizaciones públicas, existe en todo tipo de organizaciones,
en dónde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades
que tienen para sacar provecho de tipo económico a las personas.
Sin
embargo mucho se ha intentado hacer para combatir este mal que
desquebraja la sociedad de una manera voráz, dando resultados poco
notorios.
En el sentido moderno del término corrupción, política es un cáncer en
la integridad de un organismo gubernamental. Muy pocos funcionarios
públicos comienzan sus carreras con la intención de convertirse en
corruptos, pero algunos sucumben a una forma siniestra de la presión de
grupo en el tiempo. Al ser colocado en una posición de poder político
significativo puede ser abrumadora, y la tentación de doblar o romper
las reglas de una “percepción de un bien mayor” está siempre presente.
La corrupción también ha sido definida como: “comportamiento político
desviado” (falta de ética política); “conducta política contraria a las
normas jurídicas” (falta de ética jurídica y política); y “usurpación
privada de lo que corresponde al dominio público”. Cabe destacar que el
interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en
una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician
únicamente intereses particulares.
La corrupción puede
beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una
causa o movimiento social, político o cultural. Debido a lo anterior,
algunos autores han diferenciado la corrupción egoísta de la solidaria.
Para efectos de esta disertación, la corrupción se define como un acto
racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públicos,
en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en
beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo
solapa directa e indirectamente.
En
un sentido clásico del pensamiento político, la corrupción era el abuso
autoritario del poder,
hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. Tal concepción se expresa en
la tan citada frase de Lord Acton según la cual el poder
corrompe y el poder
absoluto corrompe absolutamente. En la actualidad tal sentido sigue, como se
verá, estando confusamente presente en el discurso político aunque predomina
como referente uno de los tipos de abuso del poder,
aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos
o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento
ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados
aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los
cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen. Están en
juego, así, conceptos de manejo deshonesto de recursos públicos o recursos
en torno a una gestión pública; deshonesto en particular en un sentido
individual, porque generalmente el público es escéptico de que los manejos
calificados de corruptos no conduzcan en algunos casos a una apropiación
indebida de esos recursos1;
en torno a una gestión pública quiere decir que abarca conductas no sólo de
funcionarios públicos sino también aquellas dirigidas hacia actividades del
estado. Este punto de vista, exigiría descartar del concepto la corrupción
que se desenvuelve sólo en el ámbito de empresas o actores privados en
general, sin embargo el uso común del término corrupción suele confundir
ambos niveles.
La
relación entre corrupción y política
es mucho más profunda de lo que quisiéramos y los políticos estarían
dispuestos a admitir. En primer lugar, no hay que perder de vista que la
corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva
sino también un importante medio de influencia política
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la
democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de
desintegración social.
La lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales
la acción colectiva de los Estados es no sólo útil y conveniente, sino
absolutamente necesaria.
La corrupción es un fenómeno social que ataca a cualquier rubro y a
cualquier clase social, se presenta por la intención de enriquecerse a
costa de las demás personas.
Los países de todo el mundo ven a la corrupción como un problema social
muy grande, hacen cumbres, organizan programas, etc. todo esto con el
fin de arrancar de una vez con este problema.
corrupción política es el mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o transparencia de un Estado o Nación, la cual se ejerce por discrepancia. la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para
beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se
limita a los funcionarios públicos.
También se define como el “conjunto de actitudes y actividades mediante
las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo,
utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el
objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común”.
El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la
jurisdicción. Lo cierto es que algunas prácticas políticas pueden ser
legales en un lugar e ilegales en otros. En algunos países, la policía y los fiscales
deben mantener la discreción sobre a quien arrestan y acusan, y la
línea entre discreción y corrupción puede ser difícil de dibujar. En
países con fuertes intereses de grupos políticos, las prácticas de
corrupción se dan con más facilidad.
Las formas de corrupción varían de uno a otro estado de acuerdo con las leyes constitucionales que los organizan.
El
trafico de influencias, el soborno, la extorsión, la malversación y
desvió de recursos, la prevaricación, la cooptación, el nepotismo y la
impunidad son las formas de corrupción más usuales en la administración
pública, por las cuales, las oportunidades de desarrollo se concentran
entre las personas que participan del clientelismo y la politiquería,
extendiéndose de esta manera el fenómeno de la corrupción al pueblo
colombiano, infundiendo en la nación, la necesidad de hacerse cómplice
de la corrupción política para poder tener acceso a oportunidades de
empleabilidad.
Las consecuencias de la corrupción política para
una sociedad son enormes, facilitando a menudo otros tipos de hechos
criminales,
En
contrapartida, una sociedad descompuesta como la nuestra genera
igualmente la proliferación de bandas delincuenciales y guerrillas al
tiempo que se introduce un problema adicional que es el trafico de armas
y el financiamiento de los grupos beligerantes de extrema izquierda y
extrema derecha con el trafico de drogas, generándose un fenómeno
adicional, como es, el grave problema de salud publica derivado del
consumo de sustancias ilícitas que alcanza cada vez a un mayo
La corrupción también genera distorsiones en el sector público
al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los
sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios pueden
incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para
ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando de este
modo todavía más la inversión. La corrupción también hace descender el
cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el
medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e
infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones
presupuestarias sobre el gobierno.
La corrupción facilita la destrucción medioambiental. Los países
corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger
el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados de que se
cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los
derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y la prevención
del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales permite a
los países corruptos ganar una ventaja económica ilegítima en los
mercados internacionales.
También han habido procesos judiciales contra (miembros de) distintos
tipos de organizaciones sin ánimo de lucro y ONGs, así como
organizaciones religiosas.
Corromper significa dañar, alterar, echar a
perder, viciar, pervertir. Cambiar el propósito originario
de una cosa, que deviene en algo negativamente considerado por
la moral
social. Siguiendo ese sentido la definición actual,
generalizada entre los expertos en la materia, la
corrupción es el uso de la posición y el poder
públicos para fines ilegítimos, inmorales, ilegales
o diferentes a lo formalmente establecido.
Creemos que para una más exacta
definición, se debe tener en cuenta, un sentido laxo de lo
que corresponde a lo público. Pues lo
público no necesariamente es un ministerio de gobierno de una
nación que debe decidir el destino de los fondos encomendados por su pueblo. Público también es la dirección de un gremio o un sindicato, o
el accionar de una empresa de
servicios
públicos, aunque sea una empresa
privada.
Es decir, todas aquellas funciones y
estructuras
que tienen que ver con lo público y la política.
Esto es, el bien común, la cosa pública , si no de “todos”, por lo menos de “los
muchos”.
Muchas veces hemos escuchado decir en nuestro
país Nicaragua, que el problema de nuestro país
es la corrupción y que ésta ha invadido al Estado.
De esta forma, sostienen, se ha conformado un Estado perverso,
manejado por una clase política también perversa
cuyo objetivo es
llenarse los bolsillos y estafar a la sociedad. Sostenemos
aquí en cambio, que
estas proposiciones nos dejan una imagen
distorsionada de la realidad. Una imagen en la que nuestra
sociedad, ingenua y pasiva, se encuentra condenada al fracaso
debido al mal manejo que de ella hacen un grupo “los
políticos” y a una institución “el
Estado”.
Tanto la descentralización política como la privatización pueden ser analizados
y evaluados como políticas dirigidas a hacer más eficiente la asignación global
de recursos y a ampliar las oportunidades de participación, objetivos que, junto
con la equidad, hacen parte del mandato de los actuales gobiernos democráticos.
La corrupción no sólo distorsiona en forma muy significativa los esfuerzos de la
democracia para lograr esos objetivos sino le resta legitimidad. De ahí la
importancia de contar con políticos que integren ambos tipos de procesos como
parte de reformas del Estado dirigidas no solamente a alcanzar los objetivos
mencionados sino también a aumentar la transparencia e inducir la participación
social en el control del gasto público.
La descentralización debe ser considerada como una reforma institucional, un
cambio en las “reglas del juego” entre el Estado y la sociedad civil para que
asignaciones que antes realizaba el gobierno central a través de procedimientos
predominantemente administrativos ahora sean efectuadas a través de
procedimientos políticos democráticos o de la competencia económica. Las
transferencias mismas no son lo más importante sino el proceso de cambio y
desarrollo institucional que permite inducir procesos de asignación socialmente
óptimos.
Sin duda la elaboración e implementación de políticas de descentralización
representa una oportunidad excepcional para modificar la institucionalidad
existente y desarrollar una nueva en el escenario local, que reduzca al máximo
las oportunidades y la disposición a hacer un uso ilegítimo de bienes
colectivos, o de la autoridad, en beneficio
privado.
Las posibilidades de gobernar “desde” (término
que se entenderá en cuanto cubra lo conceptual, político,
cultural y territorial) la corrupción es una puerta
abierta de par en par, la mayoría de instituciones que administran
el Estado viven de y en la corrupción, así que resulta
más sencillo acomodarse a los esquemas establecidos -¿existe
autoridad que lo desmienta?-, porque contrariarlos significaría
quedarse fuera del poder real, pero principalmente y la más
importante, sin la posibilidad concreta de enriquecerse y encontrar
seguridad personal y familiar. Y lo último si es tentador.
Los procesos de acumulación de riqueza basados en la corrupción
no son sino el reflejo de un deterioro conceptual de valores éticos
y morales y la preeminencia de conceptos como: “el que no roba,
es un pendejo”, o el “no importa que robe, con tal de que
haga obra”, principios que rigen las prácticas corruptas
y que han hecho de la corrupción un problema estructural.
La práctica generalizada de la corrupción en Nicaragua de los Gobiernos liberales anteriores
tiene como base la transgresión de los conceptos, se puede manifestar
que la mayoría de Instituciones públicas y privadas “saben” lo
que significa la corrupción, su categoría conceptual
ha sido asimilada por los actores, entienden ampliamente cada uno de
los conceptos; pero la propensión a actuar contrariando los
principios es una costumbre que ha marcado la vida de la República.
la corrupción nace aquella avaricia que se ve en los ciudadanos, aquel
apetito, no de verdadera gloria, sino de honores reprobables, del cual
derivan los odios, las enemistades, los sinsabores, las sectas, que a su
vez generan la aflicción de los buenos y la exaltación de los malvados,
porque los buenos, confiados en su inocencia, no andan, como los malos,
en busca de quienes les defiendan y honren, tanto que, indefensos y sin
honor, caen en la ruina.”
La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y
empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que
pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que
siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay
empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios,
profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece
ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La
corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y
traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes
públicos; llevada al extremo, destruye la democracia.
La corrupción política, fenómeno inherente a las sociedades democráticas
o totalitarias, ligada a los actores públicos o privados de carácter
internacional, nacional o local, enfrenta hoy el surgimiento de una
conciencia ciudadana cada vez más significativa en el orden moral,
jurídico, social o político. Súmase a este hecho las grandes
posibilidades tecnológicas del uso de medios de comunicación, el
intercambio de información global y las exigencias de la transparencia
en el quehacer público. Nunca antes un fenómeno tan universal e
inveterado, y a su vez casi invisible e invencible, como la corrupción
política, muestra su inmoral desnudez frente a la luz que emana de la
conciencia social de los pueblos del mundo.
* La corrupción es un problema social que afecta el ejercicio del
poder político, lo que merma y puede anular la capacidad de acción del
Estado para el logro y materialización de sus fines.
* Existen causas que generan la corrupción, las mismas que son endógenas (el individuo) y exógenas (la sociedad).
* La concepción económica del derecho considera a la corrupción como un efecto del alto costo de la legalidad.
* La lucha contra la corrupción demanda una gran tarea, que compromete el concurso de la sociedad civil organizada y del Estado.
Una idea concensuada es que cualquier cambio importante debe
ser con una visión de largo plazo, para ello es necesario conseguir los
acuerdos con los representantes de las diferentes tendencias, más allá
de la administración de un Presidente de la República, con el fin
de alcanzar el éxito en esta tarea.
Este ejemplo de corrupción nace el amor a los partidos y su potencia,
pues por avaricia y ambición los malos, y los buenos por necesidad, la
siguen; y lo más pernicioso es ver cómo, con un piadoso vocablo, hacen
que los móviles de esos partidos, sus intenciones y sus finalidades,
aparentan ser honestos.
La corrupción nace que las disposiciones y las leyes, no para la pública, sino para la propia utilidad se dictan.”
Tal corrupción nace que las guerras, las paces, las amistades, no para
gloria común, mas sí para satisfacción de unos pocos se deliberan.
En
una ciudad mancillada con tales desórdenes, las leyes, los estatutos,
los mandatos civiles, siempre fueron y serán ordenados, no ya según el
bien público, sino de acuerdo a la ambición de aquel partido que haya
permanecido superior a los demás.”
La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones
representativas, porque las usa como terreno de intercambio político
entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. La
corrupción está entre las causas que en mayor medida determinan el
subdesarrollo y la pobreza”,
Los Nicaraguense en su gran mayoría se ahorran el sacrificio de pensar,
prefieren repetir los eslóganes elaborados por estos gánsteres que
tienen como líderes sociales y políticos. Cualquiera que diga algo
verdadero será desacreditado y se le endilgará un mote ofensivo.
Hemos
prostituido tanto el lenguaje que las palabras no tienen valor. La
mentira se toma como verdad y la verdad como una falsedad y una ofensa.
Una palabra no significa lo mismo para un individuo que para otro.
Usamos palabras que no existen en el diccionario, y a otras le han
cambiado el significado.
La legalidad es una de las claves del desarrollo porque permite
establecer relaciones correctas entre sociedad, economía y política, y
predispone el marco de confianza en el que se inscribe la actividad
económica, y más aun planteó que la práctica y la cultura de la
corrupción deben ser sustituidas por lo practica y la cultura de la
legalidad.“Para combatir la corrupción es muy importante que las
responsabilidades de los hechos ilícitos salgan a la luz pública, y que
los culpables sean castigados con formas reparadoras de comportamiento
socialmente responsable, siendo la corrupción un conjunto de relaciones
de complicidad, oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y
amenazas y pactos no escritos, se requiere de la educación y la
formación ética y moral de los ciudadanos”,
La ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las
cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la
balanza de la justicia se inclina y el ciudadano común se ve
perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency
International. “La corrupción judicial implica que la voz del inocente
no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con
impunidad.
La Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la
capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito
transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por
violaciones de derechos humanos. Además, mina el crecimiento económico
dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las
iniciativas de reducción de la pobreza.
Cuando las cortes son corruptas, resulta perjudicado el ciudadano común
Estado, sociedad civil y partidos políticos para implementarla como política de Estado.
que propiciemos un
pacto de lucha contra la corrupción, un pacto ético, entre gobierno,
estado y la sociedad civil y los partidos políticos, para que este tipo
de políticas sea una política de Estado, estratégica de largo aliento”, Finalmente, la
creación de la categoría “Buenas prácticas e innovación en materia de
lucha contra la corrupción”, en el marco del Premio a la Excelencia
Judicial.
ABEL REYES TELLEZ
PRESIDENTE NACIONAL
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO
NICARAGUENSE .PSC.
TEOLOGO ESCRITOR CRISTIANO
EMAIL .PSCNICARAGUA@HOTMAIL.COM
28 febrero 2011 a las 08:34
[...] y el “Efecto Gadafi” sobre América Latina y las lecciones para Hugo Chávez (por Román [...]
4 marzo 2011 a las 08:03
[...] Infolatam is proposing a comparison between the oil-rich countries Venezuela and Libya and their strong leaders, dealing with authoritarianism but underlining too the difference between these societies (in Spanish). [...]
22 julio 2011 a las 03:36
LA DEMOCRACIA CRISTIANA GARANTIZA EL ESTADO SOCIAL DEL DERECHO
La democracia cristiana, defiende el desarrollo humano integral, el fortalecimiento de las Instituciones del Estado Social de Derecho, el protagonismo de la Sociedad Civil y la vigencia de una economía social de mercado. Como corriente ideológica, busca diferenciarse de la izquierda y de la derecha,
La democracia cristiana en la animadora doctrinal de muchos partidos políticos, inicialmente de signo católico, que surjan en Europa durante las últimas décadas del siglo pasado. Conviene precisar que la mayoría de estos partidos no responderán en sus inicios a la matriz doctrinaria demócrata cristiana, la cual se reconocerá como referente de forma gradual.
El Estado social es un sistema que se propone de fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad.
La Democrático y Pluralista, inspirado en el Humanismo Cristiano, que promueve el desarrollo humano integral, el fortalecimiento de las Instituciones del Estado Social de Derecho, el protagonismo de la Sociedad Civil y la vigencia de una economía solidaria; para esto buscamos el acceso al poder político como herramienta para la consecución del bien común, la equidad, la consolidación de la democracia y el ejercicio de la ética social, en una comunidad de personas libres e iguales en la diversidad.
Buscamos de la justicia social, las libertades democráticas y la necesidad de contribuir al país con cuadros dirigenciales formados académicamente con actitud ética y conocimiento al servicio del bien común.
La democracia, por su propia naturaleza, es un proceso caracterizado por una enorme diversidad. Tan diversa como grupos humanos puedan existir con diferentes circunstancias, necesidades y aspiraciones. Por el contrario, los regímenes absolutistas, autoritarios, teocráticos, totalitarios o dictatoriales adolecen a través de la historia del mismo patrón nefasto de centralización del poder bajo el disfraz de la “unidad nacional”. Contrastan los sistemas auténticamente democráticos, porque cuanto más lo son, mayor es su tendencia a la descentralización.
La democracia es un concepto básico que implica el consenso de los gobernados para otorgarle un mandato administrativo a sus gobernantes. Un mandato que, en una democracia auténtica, se modifica con las circunstancias cambiantes y evoluciona de conformidad con la voluntad de los gobernados. Una voluntad que surge del consenso nacional necesario para el mantenimiento de un estado de derecho, pero que se manifiesta mediante mecanismos de consulta popular en las cuestiones cotidianas que deben resolverse por decisión mayoritaria.
La democracia participativa es una obra de todos, incluso de los perdedores en el proceso político de tomar decisiones, porque todos contribuimos a la controversia enriquecedora de la diversidad.
La democracia participativa auténtica no es más que un medio político que exige una capacidad de intervención directa y eficaz de cada ciudadano, estructurada por un estado de derecho, en el proceso de tomar decisiones en todos los niveles de la vida pública. Jacques Maritain, un filósofo francés que fue precursor de la ideología política demócrata cristiana,
La Democracia Cristiana con posterioridad a la 2° Guerra Mundial. Como se sabe los partidos inspirados en esta doctrina resurgirán con gran vigor después de la última conflagración mundial, cumpliendo un importante papel en la consolidación de la democracia y el surgimiento de la comunidad europea. Su acción a favor del bienestar y la calidad de vida de la población no ha sido desdeñable, aún cuando evidentemente no hayan concretado en su totalidad los ideales y anhelos de la vieja democracia cristiana. También, y ello resulta explicable por las circunstancias históricas, sus planteos y acciones se encontrarán asímismo signados por su confrontación con los modelos del rígido colectivismo imperante por entonces en otros países del mundo.
Al terminar la segunda guerra mundial y reorganizarse el mundo de acuerdo con nuevos esquemas jurídico-políticos, la democracia fue adquiriendo también nuevos calificativos. La tradicional democracia individualista y liberal recibió el adjetivo de “clásica” de acuerdo con las normas y patrones a que se habían ajustado los procesos democráticos, desde el siglo XVIII, en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y a los estados de los diversos continentes que adoptaron este modelo, al menos formalmente, se les llamó países de “democracia clásica”. El esquema era el del viejo estado liberal de derecho, aunque con renovaciones y actualizaciones que imponían las circunstancias. Esas renovaciones iban por la línea de un neoliberalismo reformista, en el que había una mayor intervención del estado en el régimen de la propiedad, del trabaj o y de la distribución de la riqueza.
En abril de 1947, precisamente en la ciudad de Montevideo, se reunirá un grupo de personalidades que en Latino América compartían el ideario demócrata cristiano. En este encuentro se sentarán las bases de lo que después será el movimiento demócrata cristiano y el inicio de los partidos que en el Continente se funden inspirados en esta doctrina. Dicha reunión será convocada por el uruguayo Dardo Regules y los chilenos Eduardo Frei Montalva y Tomás Reyes Vicuña, el argentino Manuel Ordóñez, el brasileño Alseu Amoroso Lima, -más conocido por su seudónimo de escritor, Tristán de Athayde-, y finalmente Rafael Caldera que se adherirá pero no podrá concurrir porque la dictadura venezolana habrá de impedírselo. También concurrirá como invitado Eduardo Cayota, fundador en 1904 de la Unión Democrática Cristiana del Uruguay. En este congreso se creará asímismo la Organización Demócrata Cristiana de América, -ODCA-. En el año 1949, los participantes volverán a reunirse, también en Montevideo, testimonio de su firme resolución de impulsar y concretar en América el movimiento.
Una visión global y ecuánime sobre la historia del movimiento demócrata cristiano, revela la variedad de los caminos recorridos por éste, como asímismo, su aporte a la construcción de una sociedad a forjarse sobre la base de la justicia y la solidaridad.
Otra calificación de la democracia en los años que siguieron al triunfo de los aliados, fue la de la “democracia cristiana”, que tuvo vigencia por un largo periodo en Italia, con el gobierno de Alcide de Gasperi, y en Alemania Federal, con el liderazgo del viejo canciller Konrad Adenauer. A esa democracia, inspirada en la doctrina cívico-política de la iglesia católica, expuesta en las encíclicas de los papas, y especialmente en las alocuciones radiofónicas de Pío XII, se le aplicó también el título de “democracia social”, de inspiración cristiana. En este tipo de democracia hay un mayor respeto a la libertad personal y a la iniciativa privada, sin que se deje de reconocerla necesidad de la intervención estatal en los procesos económicos. Pero esa intervención debe estar normada por los principios de solidaridad y subsidiariedad, a fin de evitar cualquier totalitarismo estatal.
La Democracia Cristiana sostiene fundamentalmente el gobierno de la Ley, en oposición al mando arbitrario de los hombres.
Tanto en la conducta individual cuanto en las relaciones sociales, el hombre debe obrar, no según los impulsos de su prepotencia o capricho, sino según la ley, cuyo origen y razón de obligatoriedad derivan de Dios y cuyo cumplimiento satisface las aspiraciones humanas.
En lo social-político la primacía de la ley se realiza adecuadamente sólo mediante la ley positiva. Dicha ley ha de ser democrática por su concreto origen popular y válida por su sanción de los derechos naturales inherentes a la persona humana y por su ordenación al bien común.
La democracia Cristiana orgánica quedó así en el transfondo de las instituciones políticas en espera de mejores tiempos. Quizá algún día pueda prestar buenos servicios si se le asocia con la libertad política proveniente del pluralismo ideológico de una genuina democracia. La idea organicista, bien entendida, ha seguido inspirando diversos movimientos en la actualidad, en los que se pone de relieve la importancia y necesidad de la solidaridad humana en la vida social y política.
La Democracia Cristiana somos defensores del Estado de Derecho y la Democracia, en lo político, en lo social, en lo cultural y por ende en materia laboral. Estabilidad laboral para los obreros y campesinos, educadores, profesionales de la salud, hombres y mujeres entregados a una digna labor.
La Demócrata Cristiano sostiene como una de sus características esenciales un régimen social de libertad.
La libertad es una e indivisible: no hay libertad religiosa sin libertad política y no hay libertad política sin libertad económica. A cada derecho humano corresponde un deber y tiene que ser amparado por una libertad política que el Estado debe reconocer. Es a través de la libertad que el hombre debe alcanzar su bien individual; pero, es también con su buen uso que debe contribuir al bien común.
La Democracia Cristiana por principios está en contra de todo tipo de presiones políticas sobre los medios de comunicación y nunca apoyará medidas que establezcan un sistema jurídico que limite la libertad de expresión, afecte el derecho de informar,
Hay así multiples adjetivos de la democracia, si se toman en cuenta sus diversas formas de realización.Pero, en el fondo, hay que luchar por una democracia auténtica, por una democracia Lo importante es que los pueblos sepan vivir con libertad, dignidad y justicia. Y que sepan defender los valores democráticos hay que distinguir, ante todo, entre la democracia formal y la democracia real.
ABEL REYES TELLEZ.
PRESIDENTE NACIONAL
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO
NICARAGUENSE.PSC.
TEOLOGO ESCRITOR CRISTIANO.
EMAIL.PSCNICARAGUA@HOTMAIL.COM