Nexos (México)
11 enero 2011
Por Fernando Escalante Gonzalbo

¿Qué se puede concluir?
No está claro. Empecemos por lo obvio: en 2008 cambia la tendencia de los 20 años anteriores y aumenta la tasa nacional de homicidios de un modo espectacular. En dos años pasa de ocho a 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. También es obvio que aumenta en casi todo el territorio, pero con perfiles muy distintos en unos estados y otros. En particular, el cambio más brusco, las tasas más altas aparecen en los estados en que hay operativos conjuntos “de alto impacto” en 2007.

La explicación de un cambio así de súbito tenemos que buscarla en factores coyunturales, aunque es evidente que la estructura social, económica, demográfica de cada estado también influye sobre el resultado. Seguimos con lo obvio. El factor que puede explicar el cambio es la “guerra contra la delincuencia” y el despliegue de ejército, marina y policía federal en buena parte del territorio del país. El problema es, ¿de qué manera? ¿Por qué ese despliegue produce esta violencia?

Es indudable que una parte considerable de la violencia de los últimos años es consecuencia directa de la lucha entre organizaciones de contrabandistas, pandillas, vendedores de droga, etcétera, que han sido perseguidos como nunca antes. No obstante, incluso esa parte es confusa y necesita explicarse mejor. Las pandillas se han peleado entre sí desde siempre, las organizaciones de contrabandistas han competido por pasos y mercados desde siempre, y ha habido ya en el pasado espirales de violencia por esos motivos, en ciudades y regiones concretas. No está claro por qué hoy tendría que haber más encono que nunca ni por qué esa competencia tendría que producir no decenas de muertos, sino decenas de miles. Y no está claro tampoco por qué esa guerra no se manifiesta en ciudades con un mercado de drogas enorme, como el Distrito Federal, o en estados con puertos en el Caribe, como Yucatán.

La explicación de la “guerra del narco” a la que nos hemos acostumbrado, la que difunden los consultores estadunidenses y que repite la prensa, tiende a borrar los perfiles del fenómeno delictivo: se habla de “los cárteles” como si fuesen una misma cosa, y con eso se pierden de vista las diferencias importantísimas que hay entre La Familia, los Zetas, los contrabandistas de Sinaloa o las pandillas de Ciudad Juárez. A continuación, con un poco de información policiaca, un poco de periodismo y mucha imaginación se reconstruye una especie de gran pleito, de límites territoriales precisos, y se cuenta una historia que a veces me recuerda una canción de Celia Cruz: “Songo le dio a Borondongo, / Borondongo le dio a Bernabé / Bernabé le pegó a Muchilanga…”.

Ahora bien: el número de homicidios ha aumentado incluso si descontamos del total la suma de los que la prensa cuenta como víctimas del “crimen organizado”. No es algo fácil de explicar. Propongo un par de conjeturas.

La intervención de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, estos años pasados, es en parte respuesta a una crisis del poder municipal, de la policía municipal en particular, y en parte es factor para acentuar esa crisis. En varias ciudades del país, empezando por Tijuana y Ciudad Juárez, prácticamente se ha desmantelado la policía municipal: se ha detenido a cientos de agentes por complicidad con la delincuencia, se ha despedido a muchos más, y se habla de la necesidad de suprimirla de un modo definitivo, porque es la estructura más vulnerable y la menos eficaz para combatir al crimen organizado.

Veamos. La policía municipal, corrupta, ineficiente y abusiva como puede ser, tiene que organizar los mercados informales y los mercados ilegales. Se dirá que eso significa complicidad con los delincuentes: es verdad y es trivial. En cualquier país del mundo hace falta una fuerza pública arraigada localmente para organizar esos mercados, porque no van a desaparecer, y porque implican transacciones cotidianas, regulares, en las que participa buena parte de la sociedad.

La policía municipal también tiene que mantener vías de comunicación con las pandillas, tiene que supervisar una infinidad de tráficos que están más o menos en los límites de la legalidad. Nada de eso lo puede hacer una policía ajena, enviada desde otro lugar, ni tampoco un cuerpo de ejército, mucho menos en operativos como los de los años recientes, cuya virtud está en su intransigencia.

Por eso es tan grave la crisis de la policía municipal. Donde falta esa fuerza local, capaz de ordenar los mercados informales e ilegales, el resultado es perfectamente previsible, porque la incertidumbre genera violencia.

En México, como en cualquier país del mundo, hay mucha gente con armas, dispuesta a defender lo suyo. ¿Quiénes están armados? Bien: comuneros, ejidatarios, rancheros, talamontes, contrabandistas, ambulantes, policías privadas, guardaespaldas, policías municipales, judiciales, federales, estatales, sindicalistas.

Normalmente vivimos —en eso consiste la civilización— bajo un pacto de no agresión, donde se han negociado los derechos de cada quien, y no hay necesidad de recurrir a las armas. Mi impresión es que en los últimos años, en el empeño de imponer el cumplimiento de la ley, en el empeño de imponer el Estado de derecho a la mala, desde el ejecutivo federal, se han roto los acuerdos del orden local y cada quien tiene que proteger lo suyo de mala manera: lo suyo es el lindero de un ejido, un estero donde desembarcar contrabando, un puesto en la calle para vender juguetes, el tránsito o la embarcación de mercancía sin pagar impuestos, la madera de un bosque, una esquina donde vender mariguana.

El viejo sistema de intermediación política del país se basaba en la negociación del incumplimiento selectivo de la ley. Así funcionaban la producción, el comercio, las relaciones laborales, así funcionaba el contrabando y el resto de los mercados informales e ilegales, así funcionaba el país. Y en la medida en que funcionaba bien resultaba invisible la violencia que había detrás, pero es obvio que esa negociación de la ilegalidad llevaba implícita siempre la amenaza del uso de la fuerza.
Para terminar de entender el proceso necesitamos estadística de muchas cosas, datos sobre las policías municipales, por ejemplo, y necesitamos también trabajo etnográfico como el de Natalia Mendoza en Conversaciones del desierto, crónicas e historias de esos pequeños espacios, historias del orden local, como las que hay en el extraordinario libro de Juan Pedro Viqueira y Marco Estrada, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Parece claro, sin embargo, o al menos a mí me parece claro que la crisis del orden local es el factor decisivo para explicar los niveles de violencia en el país.

Extracto del artíulo publicado en (Néxos. México)