Infolatam
La Paz, 9 de enero 2011
Por Jorge Lazarte

No es muy corriente  que un gobierno en menos de una semana tome dos decisiones contradictorias con  efecto  considerable sobre la economía  de la población,   y luego termine pidiendo al “pueblo” que le defina cuando puede retornar  a la primera decisión.

Todo empezó con anuncios oficiales    en los medios de comunicación de que el país  se “desangraba” por el contrabando de la gasolina y el diesel subvencionados  . A pesar de que  estaban  destinados a preparar a la población ,   el gobierno  negó que tuvieran algo que ver con  los temibles “gasolinazos” del pasado.

Cuando  la decisión fue anunciada,   la población estaba distraída con la navidad y el año nuevo,  como los anteriores de “gasolinazos”, y  no  esperaba que lo hiciera en una proporción sin equivalente con el de   ningún gobierno “neoliberal”.  El “gasolinazo” fue  del 57% al 82 %, con efectos inmediatos en cadena sobre los precios de abastecimiento cotidiano.   El gobierno alegó que estaba terminando  con una herencia del “neoliberalismo”,  pero no atinó a    explicar por qué tardó tanto años en tomar esa decisión, presentada ahora como  “necesaria”.

En realidad no lo hizo antes porque estuvo atado a una ideología anti “neoliberal” primaria,  de la que fue   víctima. Entre el  2006-2008 no   reajustó   las tarifas para no aparecer de “neoliberal”, y  que se le recordara  que  el  2004 el  MAS había exigido   el acortamiento presidencial ante una subida de carburantes de sólo el 10%. Además     en esos  estos años el gobierno  estaba en plena confrontación con el oriente autonomista. Luego entre el 2008 y el 2009 estuvo más  interesado  en la aprobación de su Constitución “plurinacional” y en  ganar las  elecciones generales para acabar con el “empate catastrófico”. Ya el 2010 con  todos los poderes institucionales en sus manos, y habiendo  ganado en todos los tableros,  creyó que todo le era posible.

El decreto del “gasolinazo” lo presentó  el vicepresidente, ahorrándole al presidente, fuera del país, conflictos de alma.  A su retorno Evo Morales se hizo responsable  de la decisión con  un argumento complementario  que no está en el decreto. Aseguró que era   necesario  estimular las inversiones en hidrocarburos. Hasta entonces se había prescindido de  este argumento porque ponía en cuestión la política de hidrocarburos y la misma  “nacionalización” que el gobierno siempre defendió como ejemplar.

El presidente además anunció  que los precios internos seguirían los precios internacionales, en una suerte de  venganza del mercado contra el estatismo oficial. Es decir, su base social  tenía muchas razones para no ver “neoliberalismo” en el gobierno,  que le había acostumbrado a descalificar de “neoliberalismo” a todo lo que incomoda.

Por razones ideológicas el gobierno  empezó denunciando  que los que protestaban eran  unos pocos  desestabilizadores de oposición,  y no la población pobre, sus votantes, que había descendido a la calle. La fallida  estrategia creyó que bastaba con  comprometer a los dirigentes cooptados de los “movimientos sociales”, ignorando lo que ya había ocurrido en todos los meses anteriores.

Sin embargo,  las imágenes muy impactantes de la televisión   recordaban el alzamiento  de los años 2000 contra los “neoliberales” .  Era el   pueblo pobre del “gobierno del pueblo”, en el occidente “masista”,   que  estaba en la calle, y cuyos portavoces adelantaban  que en la semana siguiente habrían   marchas hacia la ciudad de La Paz, a la cabeza de  los mineros, como en el pasado.

Para evitar lo peor, el gobierno  apresuró  un viraje de 180 grados, anunciando  sin decreto,  la “abrogación”  del decreto. Dos decisiones contradictorias en menos  de una semana,  que no tiene antecedentes  en el pasado del país. A una  tardía  decisión, correspondió un   peor remate. El gobierno   fue víctima por tercera vez de su propia ideología, asegurando que retrocedió porque ” gobierna  obedeciendo” al “pueblo”,  que le habría asegurado  que la decisión era necesaria  pero  inoportuna.

El gobierno   extraviado  en el camino   por la fuerza de la presión social que lo detuvo,  abdicó de su responsabilidad de gobernar, pidiendo  que   los “movimientos sociales”  le digan cuando debe hacerse  el reajuste diferido. La situación crítica le había hecho perder su cotidiana arrogancia.

Sin lugar a dudas, es la mayor derrota política del gobierno en cinco años.  Lo que había sido un distanciamiento con  su base social  en el occidente del país,  ahora es  una fractura.  Quizá  el poder está llegado   a   un punto  que marca su propio límite: ya no puede hacer lo que quiera. Esta fractura externa puede convertirse en  fractura interna  entre los  fieles  a la ideología originaria, y los pragmáticos por razones de poder.

El gobierno se entrampó sólo en su propia encrucijada. Cualquier decisión que tome hacia adelante  tendrá sus costos políticos y sociales.  Víctima de sí mismo,  salió muy debilitado, vencido no por la oposición sino por su propia gente, que ahora pide cabezas.  Tal es su situación que ya no se trata  de que tome  la mejor decisión sino la menos peor. No deja de ser una paradoja que todo ello ocurra en un momento en el que su poder crece   arriba y  decrece  sobre los de  abajo.